Democracia y déficit

Quienes afirman que el déficit público amenaza con bloquear el desarrollo económico del país y proponen como solución la promulgación de una norma del más alto rango que limite el poder parlamentario y gubernativo, para endeudarse suelen partir de las hipótesis de que el déficit público es malo per se y que las democracias parlamentarias producen mayores déficit que otros sistemas.

No se trata de realizar una defensa a ultranza de la democracia parlamentaria, que seguramente no es perfecta -sin embargo, casi todo el mundo reconoce que es el menos malo de los sistemas conocidos-, se trata de profundizar en los razonamientos que pueden llevamos a plantear estas hipótesis intentando aportar datos empíricos que puedan esclarecer la realidad.La primera hipótesis cuestionada: ¿es malo el déficit? Como decía Hayek: ¿es cierto que el déficit muy elevado y persistente conduce al totalitarismo? ¿Es necesaria una norma del más alto rango que limite la actuación de los Gobiernos y Parlamentos en materia financiera?

Aparte de los argumentos que se van a expresar más adelante, que nos llevarán a la conclusión de que no es necesaria ni aconsejable una limitación legal a la actuación parlamentaria, hay que resaltar también lo ilógico de esta propuesta que consiste en limitar la capacidad de actuación de los representantes de los ciudadanos que han sido elegidos precisamente para que actúen, para que aprueben normas, y el presupuesto es precisamente la norma que aprueba el Parlamento a través de la cual se van a distinguir los distintos enfoques sociales y políticos que justifican una determinada opción.

La salida de la crisis

La política presupuestaria no consiste necesariamente en mantener un presupuesto equilibrado, sino en incurrir en déficit o superávit, según aconseje la situación económica y social del país.

No hace falta recordar la terapia keynesiana que justificaba el déficit público a través de un aumento de la demanda para salir precisamente del callejón en que se encontraba el mundo occidental. Más cerca de nuestros días no han faltado liberales que han propugnado la defensa de la economía clásica. En EE UU, la Administración del presidente Eisenhower creyó que la economía se reactivaría por sí misma. Pasaron los seis primeros meses de 1957 y la crisis era cada vez más aguda. Finalmente, la intervención del Estado se hizo necesaria, incurriendo en un déficit presupuestario de 12.000 millones de dólares en los seis meses siguientes. Estamos hablando de países en los que se han alcanzado altas cotas de bienestar y de libertad.

En el cuadro adjunto observamos que todos los países comprendidos en el mismo, excepto Noruega, mantienen déficit, muchos de ellos muy similares, en términos relativos, al que se produce en España, y algunos otros muy superiores. Concretamente Italia, Bélgica e Irlanda tienen déficit superiores en más del 200% en relación con el de nuestro país en el año 1983. Para este mismo. año se produce en Canadá el 5,7% del producto nacional bruto (PIB); en Dinamarca, el 8,3% en Grecia, el 8,7%; en los Países Bajos, el 8,1%; en Suecia, el 6,8%. En la mayoría de los demás países los déficit son superiores al 3%: Japón, el 3,4%; Alemania, el 3,1% Francia, el 3,4%, etcétera.

Hay que deducir de lo anterior que el elevado y persistente déficit no conduce el totalitarismo, ni creo que nadie esté en situación de vislumbrar un atisbo del mismo en los países citados, casi todos ellos con una larga tradición democrática.

La eficacia del gasto público

Estamos prácticamente conectando con la segunda hipótesis, "las democracias parlamentarias producen mayores déficit que otros sistemas".

Aunque no deberíamos atrevernos a la formulación de una proposición tan categórica, porque puede haber excepciones, y porque los déficit pueden generarse con independencia de los sistemas políticos, hemos de aceptar que sí, que las democracias parlamentarias pueden generar y generan déficit, pero ¿por qué? Por una razón fundamental: porque el déficit público es la consecuencia de la política fiscal.

Cuando la actividad económica está debilitada, el Estado debe aumentar los gastos para conseguir una recuperación, como son, entre otros, subvenciones a empresas en crisis y gastos en reestructuraciones sectoriales. Por otra parte, no se puede olvidar que hay que atender a una demanda social primordial que consiste en mayores pagos por transferencias a los desempleados. Imaginemos una catástrofe natural: el Gobierno y el poder legislativo deben actuar proponiendo y aprobando algún crédito extraordinario que puede llevar a mayor déficit, pero que intenta no dejar en la miseria a pueblos o a familias.

Los países más desarrollados gobernados por democracias parlamentarias son más sensibles a dos tipos de preocupaciones; primero instrumentar una política económica, dentro de la cual juega un papel fundamental la política presupuestaria como medio de incidir tanto en una mayor redistribución de la renta como en promover iniciativas necesarias para la salida de la crisis.

La segunda preocupación es que un Estado desarrollado requiere de sus ciudadanos mayores demandas sociales, mayores prestaciones sociales, que se traducirán en mejor sanidad, instrucción pública gratuita, residencias de ancianos, etcétera.

Cuando el Estado o las administraciones públicas en general gastan más de lo que han ingresado, hay que interpretar inmediatamente que el conjunto de las familias y de las empresas ha ingresado más de lo que han pagado.

Cuando se dice que el Estado gasta con exceso, casi siempre es una afirmación demagógica, porque el problema no es que el Estado gaste demasiado, sino que gaste mal. Por eso, generalmente, los Parlamentos controlan a los Gobiernos, y los Gobiernos se organizan sus propios controles internos para gastar con eficacia.

Como resumen, hay que desdramatizar el concepto de déficit público. Datos empíricos y realidades sociales nos demuestran que no siempre es malo. Otra cuestión es cómo se financia. Según la forma, puede producir inflación o simplemente una redistribución de los recursos.

También influye la agilidad, la dimensión y la apertura hacia el exterior de los mercados financieros, que es lo que caracteriza a los países más desarrollados, pero esto sería materia de otro comentario.