Los defensores del 'caso Berga' presentarán recurso de casación por infracción de ley

Los defensores de oficio de los ocho etarras condenados por el asalto al cuartel de Berga preparan un recurso de casación contra la sentencia del consejo de guerra que les condenó a penas que oscilan entre 23 y 41 años de cárcel. Los recursos se presentarán entre hoy y mañana ante el juzgado togado militar de Lérida, y se basarán en una presunta infracción de ley. Algunos de estos abogados alegarán en el mismo escrito supuesta inconstitucionalidad de las actuaciones.

El recurso que será formulado ante el Consejo Supremo de Justicia Militar pide la reducción de la pena dictada por el consejo de guerra celebrado el pasado día 9. Ante este tribunal, el recurso será formulado por abogados diferentes a los de oficio que lo han iniciado, ya que los procesados pueden designar nuevos letrados para este trámite. Posiblemente, algunos de ellos serán los que ya les defendieron al inicio de la primera causa.Dos etarras del grupo, Pablo Ibarretxe y José María Iza, han manifestado a uno de los defensores su deseo de no interponer ningún recurso, puesto que los dos se han acogido a la petición de indulto particular a cambio de abandonar las armas. El defensor de Jordi Puig, militante del grupo independentista catalán PSAN, juzgado por la misma causa, decidirá entre hoy y mañana si presenta recurso. Todos los procesados siguen en la cárcel preventiva Lérida 1.

Hechos englobados en un solo delito

Todos los recursos por infracción de ley se plantearán en términos parecidos, y basándose en que los delitos no corresponden a las penas aplicadas. Durante la vista, la mayoría de los defensores estimaron que los hechos no debían verse como delitos aislados, sino que había que englobarlos en uno solo.La sentencia del consejo de guerra considera que los ocho condenados vascos, miembros de ETA pm cuando se produjo el asalto al cuartel, son autores de los siguientes delitos: utilización ilegítima de vehículos de motor empleando intimidación, falsificación de matrícula, insulto a centinela, robo con intimidación, detención ilegal y tenencia ilícita de armas. Por todos estos delitos, cada uno de los acusados deberá cumplir una condena real de 18 años de prisión.

En el caso del independentista catalán Jordi Puig, la sentencia le considera autor de los delitos de detención ilegal, utilización ilegítima de vehículos a motor y robo con intimidación. La sentencia le ha condenado a ocho años de cárcel.