Conversaciones entre empresas del seguro y Hacienda para solucionar las insolvencias en el sector

Dos nuevas entidades de seguros han entrado en proceso de liquidación. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del viernes día 11 daba cuenta de la intervención administrativa en la liquidación de las compañías de seguros Valenciana de Seguros Mutuos (Valsem) y de Seguros Especiales Reunidos, SA (SERSA). Con éstas, son ya 15 las entidades que en éstos momentos se encuentran en situación de liquidación intervenida, resultado de la voluntad de la Administración de sanear el sector, sin esperar incluso la entrada en vigor del proyecto de ley de Ordenación del Seguro Privado, que actualmente se discute a marchas forzadas en el Congreso. Mientras tanto, siguen proliferando las listas negras de entidades aseguradoras en dificultades. La Dirección General de Seguros, del Ministerio de Economía y Hacienda, trabaja sobre una serie de expedientes en curso, aunque guarda la lógica cautela sobre la identidad de las sociedades afectadas.

Todo indica que la disolución, voluntaria o forzosa, de muchas entidades va a proseguir. El propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez así lo ha manifestado en su intervención ante el 39º Día del Seguro, celebrado el pasado día 10: "La política de liquidaciones va a continuar porque todos estamos de acuerdo en hacerla y los problemas están ahí", aseguro el secretario de Estado de Economía y Planificación, que invitó a las empresas privadas a tomar un papel protagonista en el diseño de la fórmula adecuada para superar la crisis de muchas entidades, fórmula en las que "papá Estado no sobrepasará la función que le compete, más allá de la ordenación que el proceso liquidatorio requiera".La Administración está urgiendo al sector para que dé el primer paso y, vía Dirección General de Seguros, hizo saber hace días a las 25 primeras entidades aseguradoras españolas la necesidad de arbitrar algún mecanismo que aminore las consecuencias que para el asegurado se derivan de la sucesión de insolvencias. En este sentido, el pasado viernes los directivos de las principales entidades españolas de seguros celebraron una reunión para analizar el requerimiento administrativo y dar una respuesta corporativa, según fuentes informadas. Tal reunión ha sido, no obstante, desmentida por Félix Mansilla, presidente de la patronal del sector, Unespa.

Algunos de los portavoces más cualificados del seguro español, como Ignacio Hernando de Larramendi, consejero delegado del grupo Mapfre, ha hecho saber su buena disposición para cooperar. "El problema de las entidades en dificultades es agudo, pero soluble, si la DGS lo afronta con energía y los aseguradores participamos en la solución de modo activo, con sacrificio de trabajo y dinero y somos capaces de una acción solidaria y constructiva", aseguró Ignacio Hernando en su intervención en los actos organizados por el servicio de estudios de la DGS con motivo del Día del Seguro. La buena disposición del consejero delegado de Mapfre para colaborar con la Administración "en la rápida resolución de las situaciones de crisis, de forma que se evite en todo lo posible el perjuicio para los asegurados", está lejos de ser una opinión unánime en el sector.

Indefensión de los asegurados

En efecto, Félix Mansilla, presidente de la patronal, ha asegurado que "el problema es bastante más pequeño de lo que se dice. No diré que es una tormenta en un vaso de agua, pero no más de una olla exprés. Porque al final resulta que son cuatro las empresas afectadas, y entre todas no pasar de 500 asegurados". Los grandes perjudicados por la crisis del sector son, naturalmente, los asegurados, que no disponen de cauces adecuados para la defensa de sus intereses.El problema para los asegurados se acrecienta por el hecho de que las liquidaciones de entidades aseguradoras no son realizadas por la Administración, sino por liquidadores designados por los órganos sociales de las propias entidades afectadas. Pues bien, muchas empresas presentan dificultades para designar tales liquidadores, obstaculizando y alargando el proceso, con lo que el asegurado se ve a menudo desamparado, al no contar de forma fija más que con el seguro obligatorio. Las posibilidades de indefensión se multiplican si se tiene en cuenta que 33 inspectores en activo de la DGS tienen que inspecccionar más de 600 entidades, además de administrar el Consorcio de Compensación de Seguros. Por todo ello, Joaquín Ruiz-Giménez, defensor del pueblo, ha remitido un informe al Gobierno solicitando la creación de un sistema cautelar capaz de garantizar la indemnización a los asegurados en caso de insolvencia de la entidad aseguradora.

Tres alternativas se barajan para hacer frente a la crisis: encomendar a las propias empresas del sector los procesos de liquidación o de reflotamiento, en su caso, de aquellas entidades incluidas en el régimen cautelar" de la DGS y que pueden salir adelante con un plan de rehabilitación; creación de una sociedad mixta entre las empresas y el Consorcio de Compensación. Sería ésta la cantada solución de un fondo de garantía que jugara un papel similar al que el Fondo de Garantía de Depósitos ha desempeñado en la crisis bancaria; finalmente, la ampliación de las actuales funciones del citado Consorcio. Para Félix Mansilla, sin embargo, "el tema está aún muy verde y creo que no será necesaria dicha empresa mixta. Por otra parte, mientras no haya cifras en lugar de rumores, pienso que el sector no se moverá corporativamente".