Más de 1.400 alegaciones ponen en peligro la viabilidad del Plan de Ordenación de Logroño
El Plan General de Ordenación Urbana de Logroño ha levantado una amplia polémica en todos los sectores de la ciudad, de la que es buena prueba el número de alegaciones -1.403- presentadas al mismo tras el período de exposición pública que ha durado 77 días, que hacen temer por la viabilidad de este programa de remodelación. Este nuevo plan urbanístico plantea el tipo de desarrollo que tendrá Logroño en los próximos ocho años, y prevé inversiones, en este plazo de tiempo, de 22.496,5 millones de pesetas, lo que ha sido motivo de unánimes críticas.
Gran parte de las alegaciones presentadas al plan, aproximadamente el 60%, proceden del sector empresarial, comerciantes y constructores, principalmente. Pero también las Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana, colegios profesionales de arquitectos y de aparejadores, asociaciones de vecinos, partidos políticos, grupos ecologistas, Ministerio de Defensa y muchos particulares han presentado sus alegaciones.El aspecto económico del plan es uno de los más criticados, ya que, excepto los 4.574,9 millones que tiene que aportar el propio Ayuntamiento de Logroño, no existe la seguridad, ni siquiera el compromiso, de que la Administración central o la autonómica vayan a aportar casi el 30% del total de la carga financiera, como estaba previsto. La evidente atonía del sector privado, por otra parte, tampoco hace previsible que vaya a aportar su parte, cifrada en 11.596 millones de pesetas.
El plan fue elaborado por los técnicos municipales durante el mandato de UCD, pero la actual corporación socialista lo ha aprobado inicialmente, con la oposición del Grupo Popular, por considerarlo una propuesta eminentemente técnica. De aquí proceden precisamente algunas de las críticas más repetidas, que acusan al plan de no proponer un modelo concreto de ciudad.
Campana empresarial
La Federación de Empresarios de la Rioja ha desarrollado una auténtica campaña en los medios de comunicación contra el nuevo plan. Éste no contempla una ampliación del espacio urbanizable, ya que considera que con la actual oferta de suelo, sumada a las 8.000 viviendas vacías, se podría duplicar la actual población de Logroño, que es de 110.000 habitantes. Sin embargo, para los empresarios de la construcción se tiende a un encarecimiento del suelo urbano disponible y, por tanto, a una mayor especulación.Otros puntos conflictivos del plan son la limitación de alturas de la construcción, para evitar la congestión a la que se estaba llegando en algunas zonas céntricas, y la defensa del patrimonio edificado en general, no sólo del que está calificado como de interés arquitectónico. La forma de plantear estos temas ha suscitado críticas de la Cámara de Comercio, de los empresarios y del Colegio de Arquitectos de la Rioja. Una alegación de este último afirma que la definición de alturas debería hacerse por áreas homogéneas, y no de forma indiscriminada.
La apuesta del plan por mantener el patrimonio edificado contrasta con el proyecto de derribar los edificios que albergan al Gobierno Militar, cuarteles y parque de bomberos para hacer una zona verde, prolongación del proyectado parque del Ebro. Desde los empresarios hasta el Movimiento Comunista están de acuerdo en mantener esos edificios para uso dotacional. El Ministerio de Defensa, por su parte, ha presentado una alegación a este proyecto, señalando que no tiene pensado de momento cambiar la actual ubicación de sus instalaciones militares y sacarlas fuera de la ciudad.
La carencia de suelo dotacional en los barrios es puesta de manifiesto por las asociaciones de vecinos, que solicitan en sus alegaciones la reutilización comunitaria de solares o edificios públicos, así como la adecuación de los planes parciales que les afectan y que, de momento, no han sido modificados a las normas del nuevo plan general.
