La polémica sobre la titularidad y el déficit acumulado retrasan la transferencia del Metro

La polémica entre el Gobierno de la nación y el Ejecutivo regional madrileño sobre la titularidad del Metro y las fórmulas para enjugar el déficit acumulado por la compañía, que supera los 15.000 millones de pesetas, retrasan la transferencia de ese servicio de transporte urbano a la Comunidad de Madrid. El lunes pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto por el que se traspasan a la comunidad exclusivamente, las funciones y servicios de inspección y supervisión técnica y financiera del Metro, en el conjunto de transferencias referidas a transporte. Entre ellas figuran las de concesión, autorización explotación, inspección y sanción de los servicios de transporte escolar, laboral, de viajeros y mercancías, sea por carretera o ferrocarril, que discurran por el ámbito de la comunidad autónoma.

César Cimadevilla, consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno autónomo madrileño, informó ayer que la comunidad está muy interesada en recibir las transferencias plenas de la titularidad del Metro, pero no en las circunstancias actuales, con un déficit acumulado, desde 1980, superior a los 15.000 millones de pesetas y con graves problemas de financiación. La titularidad del Metro es una pieza indispensable para poner en marcha el Consorcio Regional de Transportes, organismo que se encargará de la racionalización y coordinación de todos los sistemas de transporte público en el territorio de la comunidad.Para que el Metro pase a de pender del Gobierno regional explicó Cimadevilla, habrá que solucionar primero los problemas económicos y jurídicos que afectan al popular medio de transporte de viajeros de la capital de España. El problema económico está siendo debatido con el Gobierno regional por el propio ministro de Hacienda, Miguel Boyer, y el secretario de Estado José Borrell.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene que es necesario que el Estado enjugue el déficit acumulado y financie la renovación del material móvil, lo que en un plazo de cinco o seis años requeriría una inversión de unos 32.000 millonede pesetas.

El déficit acumulado desde 1980 se estimaba en diciembre de 1983 superior a los 15.000 millones, y el previsto para el presente año es de 8.500 millones.

Si se llegase a un acuerdo, "para lo que existen buenas perspectivas", según Cimadevilla, la comunidad estaría conforme en poner en marcha mecanismos de control para la reducción paulatina del déficit, bajo la supervisión de Hacienda, y en compartir los déficit que se generaran en años posteriores.

Problemas jurídicos

El segundo aspecto que plantea problemas de interpretación jurídica es la titularidad del Metro, que por ley publicada el 8 de noviembre de 1979 pasaron a ostentar el Ayuntamiento, en un 75%, y la entonces Diputación Provincial, en el restante 25%. Dicha titularidad fue, no obstante, puramente nominal.El Ayuntamiento, alarmado por la dificil situación de la compañía, nunca ha llegado a tomar posesión de la misma. La misma ley, cuyos redactores conocían de antemano la actitud municipal, constituía un consejo de intervención, nombrado por el ministro de Transportes, que desde entonces ha dirigido con plenos poderes la gestión de la compañía.

César Cimadevilla argumentó que la Comunidad no puede aceptar que sea el Ayuntamiento el que formalmente le traspase la titularidad, puesto que éste no tiene capacidad para, previamente, sanear la complicada situación económica de la compañía.

La comunidad ha planteado a los ministerios de Transportes y de Administración Territorial la anulación de los artículos necesarios de la citada ley, de forma que la titularidad pase al Ministerio de Transportes, para que sea éste quien lo ceda a la Comunidad debidamente saneado.

Esta fórmula está ya pactada por la comunidad autónoma madrileña y el Ayuntamiento de la capital, que el 12 de diciembre de 1983 firmaron un protocolo.

Ese documento señala que el Ayuntamiento de Madrid acepta que, al término de las negociaciones, el Gobierno traspase la titularidad a la comunidad regional.