El control de la libertad

SE RESUELVA COMO se resuelva la crisis del periódico británico The Observer, en la que el propietario quiere vender la publicación por desacuerdo con un reportaje firmado por el propio director, el daño ya está hecho. El espectáculo de un propietario y un director peleándose públicamente no puede beneficiar en nada la imagen de un medio de comunicación que tiene que luchar duramente cada semana para guardar su puesto bajo el sol.La polémica que encierra la batalla campal entre el presidente de la compañía propietaria, Ronald Rowland, y el director, Donald Trelford, es muy antigua: ¿cuáles son los derechos de los propietarios de un periódico, cuáles los de sus lectores y cuáles los del equipo de periodistas que lo elabora? Correlativamente, ¿cuáles son los deberes y responsabilidades de cada uno o de cada grupo? Prácticamente, ningún país con libertad de Prensa tiene una legislación que resuelva ese dilema, que obviamente no existe allí donde la libertad es negada de antemano y nadie en realidad tiene derechos de ningún tipo. Probablemente esa legislación es además imposible, y los contenciosos deben resolverse mediante pactos, acuerdos y consensos destinados a un mismo fin: salvaguardar los intereses de los lectores y de la comunidad en la que se encuentran, desde el punto de vista de los valores democráticos y de la libertad de expresión. Por lo demás, legislaciones parciales pueden cooperar a ese empeño, que tiende más y más a reconocer a los periodistas un tipo de caución moral sobre el uso de la libertad de informar que ellos mismos ejercitan. Por ejemplo, en Gran Bretaña existe una Comisión de Monopolios que vigila la excesiva concentración de medios de comunicación en unas únicas manos, pero ésta no impide que un diario dependa en exclusiva de un único propietario, sea una compañía o una persona individual.

En el caso de The Observer, el pretexto de la batalla ha sido un artículo de Trelford denunciando atrocidades cometidas por el Ejército de Zimbabue en la región de Matabeleland. Rowland posee grandes intereses económicos en aquel país. El propietario quiso evitar la publicación del reportaje y amenazó incluso con cerrar el periódico, cosa que no habla mucho en favor de su interés por los lectores de The Observer. El director se mantuvo en sus trece y el artículo apareció en primera página del periódico, con el apoyo de la redacción y del sindicato de periodistas. Su negativa a doblegarse mereció las simpatías del colectivo de profesionales de la información, aunque probablemente se le pueda reprochar una notable falta de habilidad para evitar el huracán.

En otros periódicos y en otros países, la siguiente noticia podría haber sido el despido fulminante de Trelford, pero The Observer es un caso especial y Gran Bretaña un país con larga tradición en defensa de la libertad de expresión. Cuando compró el periódico, Rowland, que ya poseía intereses en el mundo de la comunicación, quiso evitar una investigación de la Comisión de Monopolios y aceptó un memorándum según el cual "el director de The Observer retendrá el control sobre todo comentario político publicado en el periódico y no estará sometido a ninguna restricción o inhibición al expresar sus opiniones o reflejar informaciones que puedan estar directa o indirectamente en conflicto con la opinión o los intereses de los propietarios. De esta forma, Rowland no podía despedir al director por mor del artículo, a menos que el llamado equipo de directores independientes (cinco personalidades nombradas en su día para garantizar la independencia de The Observer) le dieran la razón. Pero los cinco hombres justos -entre ellos un antiguo ministro conservador, un ex vicepresidente del Banco Mundial y una vicedecana de la universidad de Cambridge- aplicaron el memorándum y desautorizaron a Rowland.

El mismo acuerdo que impide el despido del director no puede evitar, en cambio, la venta del periódico. Y eso es precisamente con lo que Rowland amenaza ahora. La presión sobre Trelford y sobre lo que significa The Observer, un periódico respetado y leído por casi 800.000 personas, es enorme: ningún medio de comunicación puede soportar indefinidamente una guerra abierta entre la propiedad y la dirección sin grave daño para los intereres del periódico en sí, de sus trabajadores y de sus lectores. Si Trelford renuncia, el memorándum de garantías se convertirá en papel mojado, pero si no lo hace y Rowland vende el periódico, el memorándum puede simplemente desaparecer porque el nuevo propietario se niegue a aceptarlo como herencia. Detrás de todo subyace la polémica apuntada, sobre la que han corrido y correrán litros de tinta y para la que es dificil encontrar respuesta unívoca; probablememente cada diario o semanario es un caso particular, pero hay algo que les debe unir a todos en el respeto a las libertades democráticas: su respeto al rigor de los hechos y el derecho de los ciudadanos a que ninguna noticia que sea rigurosamente comprobada y que resulte del interés de la comunidad a la que se dirige la publicación se vea sometida a ningún tipo de censura o dirigismo. Ni por parte de propietarios ni por parte de periodistas.