Mafia y heroína

EN UNA espectacular operación combinada, la policía española detuvo hace unos días en Madrid, gracias a la colaboración prestada por los servicios norteamericanos e italianos, a los presuntos responsables -entre ellos el capomafioso Caetano, Badalamenti- de una importante red internacional de traficantes de heroína. Las caídas simultáneas en Estados Unidos, Suiza e Italia de otros implicados han significado un severo golpe para la organización, cuyo desarrollo y fortalecimiento en España ha sido espectacular en los últimos años. Las familias mafiosas han invertido en nuestro país grandes recursos financieros para reciclar el dinero sucio a través de negocios legales y para montar la infraestructura que permitiera la ampliación del mercado interior y las operaciones de importación y posterior distribución por toda Europa.El escándalo suscitado por la libertad bajo fianza concedida a Antonio Bardellino (que ha motivado una querella del fiscal por prevaricación contra el juez Varón Cobos y por prevaricación, cohecho y encubrimiento contra el juez Rodríguez Hermida) fue un primer aviso sobre las conexiones de los traficantes internacionales de heroína dentro de España. La decisión adoptada por el Gobierno de encomendar a un fiscal especial la lucha antidroga se mueve en la misma dirección de montar una eficaz estrategia contra esa invasión de las bandas internacionales que, además de extender el tráfico de drogas duras dentro de nuestras fronteras, utilizan el territorio español como base de operaciones para su siniestro comercio.

El Consejo de Ministros estudió también un agravamiento de las penas contra los que facilitaren o promovieren el consumo ilegal de drogas tóxicas y estupefacientes "mediante actos de cultivo, fabricación o tráfico" o por su posesión para fines comerciales. La reciente reforma del artículo 344 del Código Penal -promulgada el 25 de junio de 1983- distinguía las "sustancias que causen grave daño a la salud" (en la práctica, las derivadas de la papaver somniferum, esto es, el opio y la heroína) de las restantes (las derivadas del cannabis, como la marihuana y el hachís) con la intención de dar un tratamiento sancionador especialmente severo a las drogas duras. Según el portavoz del Gobierno, sin embargo, el agravamiento de las penas afectará tanto a la heroína como a las llamadas drogas blandas. Seguramente esa discutible decisión no arranca tanto del impresentable informe envíado por el Ministerio de Sanidad al fiscal general del Estado como del temor gubernamental al solapamiento o a la unificación de las redes de tráfico dedicadas a la distribución de la heroína, por una parte, y de los derivados del cannabis, por otra. Pero el remedio puede resultar más grave que la enfermedad. La persecución en pie de igualdad de la tenencia de heroína y de marihuana puede producir consecuencias negativas. Si los derivados del cannabis fuesen considerados como "sustancias que causan grave daño a la salud" habría que prohibir también el consumo del alcohol, cuyos efectos nocivos -hay más de un millón de alcohólicos en nuestro país- son sobradamente conocidos por la medicina, y el uso de barbitúricos, tranquilizantes y anfetaminas, productos que -a diferencia de la marihuana- producen adicción.

La cuestión del derecho del Estado a proteger a los ciudadanos incluso contra sí mismos ha preocupado siempre a moralistas y filósofos sociales. Un gran liberal, John Stuart Mill, expresó hace más de un siglo una opinión que sigue pareciendo vigente: "la única finalidad por la cual el poder puede ser ejercido don pleno derecho sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás"; en cambio, "su propio bien físico o moral no es justificación suficiente", ya que "nadie puede ser obligado a realizar o no realizar determinados actos porque eso sería mejor para él, porque le haría feliz o porque en opinión de los demás sería mas acertado o justo". Tan sólo la indiscutible certidumbre de que el consumo de las llamadas drogas blandas pudiera ser causa directa de comportamientos perjudiciales para los demás en forma de agresiones delictivas podría justificar su prohibición.

La experiencia enseña, sin embargo, que la aplicación de la coacción estatal a las drogas blandas no es eficaz. En este terreno, la legislación penal que pretende controlar la delincuencia, la fomenta paradójicamente. Baste con recordar que la ley seca de 1919 propició en Estados Unidos el crecimiento de la mafia, generó una notable corrupción de los aparatos estatales e incluso favoreció un aumento del alcoholismo entre la juventud. El trato igual aplicado a los consumidores de drogas y a los delincuentes comunes desemboca en la asimilación de ambos tipos de conducta y en la creación de una subcultura marginal que somete a unos y a otros a perjudiciales influencias recíprocas. La prohibición genera un mercado negro ilegal y fomenta la delincuencia organizada, único sector capaz de conquistar el monopolio de oferta para una demanda inelástica; de aquí el paradójico interés de las bandas mafiosas en que se mantenga esa ilicitud del tráfico de drogas que les asegura el control del mercado. Los peligros de corrupción de los funcionarios públicos pertenecientes a los cuerpos de seguridad o a la administración de la justicia aumentan a medida que la ilicitud extiende su ámbito en los negocios subterráneos.

Algunos destacados criminólogos norteamericanos denunciaron hace algunos años el surgimiento en Estados Unidos de una "crisis de sobrecriminalización", esto es, la abundancia de tipos penales enfrentada con la escasez de medios para combatir la delincuencia. Con independencia de que la misión del derecho no pueda ser nunca la imposición de una moral, parece evidente que la supresión de tipos penales innecesarios sería la mejor manera de permitir que la policía y la justicia pudieran concentrar sus limitados recursos en la persecución de los delitos lesivos para la convivencia. El tráfico de heroína sólo puede obtener beneficios de la confusión entre las drogas duras y los derivados del cannabis, al contribuir la represión legal a unificar en una misma red la comercialización de ambas sustancias.