La Administración pública, una asignatura pendiente para la legislatura próxima

Todas las opciones políticas con posibilidad de gobernar Cataluña que concurrieron a las elecciones autonómicas del 20 de marzo de 1980 coincidían en que una de sus prioridades, si obtenían la victoria en las urnas, sería conseguir una administración catalana más agil y menos burocrática. Era una excelente oportunidad, quizás única, repetían los responsables de todos los partidos, para dotar a Cataluña de una administración pública moderna, diferente, sin los vicios de la Administración central, y que estuviera basada en criterios de eficacia, justicia y celeridad. Una administración, en definitiva, que no condicionara su actuación profesional a las consignas de ningún partido.

Cuatro años después de las promesas electorales de 1980, la Administración autonómica que deja en herencia el Gobierno Pujol al ejecutivo que surja de las urnas el próximo 29 de abril es, a grandes rasgos, similar a la que recibió. Con los mismos defectos, aunque agravados con el paso de estos años. ¿Qué ha pasado para que la Generalitat no haya conseguido mejorar las relaciones entre la administración y los administrados?. ¿A qué se debe la escasa incidencia legislativa en esta materia?.En estos cuatro años la Generalitat ha pasado de tener unos pocos miles de funcionarios a contar con 72.340, de los cuales 2.936 han sido contratados por la Administración autonómica. Hay que tener en cuenta que una parte importante de los 72.340 funcionarios son de Enseñanza, Sanidad y Seguridad Social, materias en las que la Generalitat ha recibido transferencias tan importantes como el Insalud, con mucho personal. En la etapa Tarradellas fueron firmados tan solo 202 contratos administrativos entre todos los departamentos.

Escaso uso del Parlament

El balance legislativo que ofrece Convergència i Unió en materia de Función Pública al término de la legislatura es, cuando menos, escaso y refleja una infrautilización del Parlament. Tan solo dos actuaciones en cuatro años: la ley de medidas urgentes de la Función Pública, aprobada en junio de 1981, y un decreto complementando la ley, de octubre del mismo año, que especificaba las funciones a realizar por el personal administrativo, así como la ampliación de la escala de los puestos de trabajo de la Generalitat.

El conseller Macià Alavedra ha insistido en que el corsé de la Constitución -que en su artículo 149.1.18 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre "las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios" con el fin de garantizar a los administrados "un tratamiento común ante ellas"- ha bloqueado cualquier iniciativa.

La oposición critica que no se haya aprovechado el margen de maniobra que permite el Estatut, que en su artículo 10. 1.1 atribuye a la Generalitat "en el marco de la legislación básica del Estado el desarrollo legislativo y la ejecución de las materias siguientes: régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración de la Generalitat y de los entes públicos que de ella dependan, así como el régimen estatutario de los funcionarios".

La forma de contratar

Las acusaciones de irregularidades en las contrataciones y de marginación del personal transferido han sido dos de los ataques más utilizados por la oposición parlamentaria al Gobierno Pujol. La izquierda ha repetido hasta la saciedad en el Parlament que los órganos de selección para las contrataciones no han sido imparciales, que las pruebas han estado mal convocadas, que ha habido poca publicidad de las plazas a concurso y que han existido irregularidades. Los 2.936 nuevos contratados han sido, para la oposición, un desafortunado intento de crear una administración paralela a través de un mal uso del recurso de contratar nuevo personal.

Los departamentos de la Generalitat han utilizado tres vías para la contratación de nuevo personal: contratos de tres meses sin exámenes y sin convocatoria pública; contratos de más de tres meses y menos de un año, con convocatoria pública y pruebas selectivas; y contratos en régimen transitorio, con vigencia hasta que se apruebe la ley de la Función Pública de Cataluña, la cual determinará la forma de acceso a la condición de funcionarios de carrera de la Generalitat. Existe un principio de acuerdo entre el ministro de la Presidencia del Gobierno central, Javier Moscoso, y el conseller Alavedra para mantener la estabilidad de trabajo entre el personal contratado por la Generalitat.

En la actualidad, de 1469 nombramientos de puestos de mando intermedio (jefes de negociado, jefes de sección y jefes de servicio) 521 han recaido en funcionarios transferidos y 528 en personal contratado por la Generalitat, según datos de la Dirección General de Función Pública de la Generalitat. El nivel retributivo entretraspasados y contratados es favorable a los primeros en las categorías más alta y viceversa, según se detalla en el cuadro adjunto.

El programa de CiU

El tema de la Función Pública no era para los dirigentes de la coalición Convergència i Unió (CiU) un pilar básico en la Cataluña autónoma si se atiende a su programa electoral de 1980. El conjunto de medidas que CiU propugnaba en aquel programagiraban en tomo a un objetivo fundamental, con diversas vertientes: la creación de un funcionariado catalán con estilo propio, espíritu de servicio y catalanidad, y mencionaba, entre otras dificultades para ello, "la absorción de funcionarios, y el esfuerzo de adaptarlos a a la nueva situación, a un estilo democrático y catalán y al normal uso de nuestra lengua, comportará unas dificultades importantes, aunque pasajeras".