Más de 40 reclusos vascos se comprometen en un escrito a abandonar el terrorismo y a participar en la democracia

Más de 40 reclusos, condenados en su día por delitos reivindicados por las distintas ramas de ETA y por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), han redactado un documento conjunto en el que se comprometen a abandonar la lucha armada y las organizaciones a las que pertenecen, al tiempo que anuncian su intención de utilizar las vías democráticas de participación, en un deseo de obtener el indulto particular del Gobierno para su reinserción en la sociedad. El documento, a cuyo pie figuran las firmas de los reclusos, va a ser entregado en breve al Gobierno como garantía del verdadero propósito de reinserción social.

Con este documento se cierra la segunda negociación importante que pretende buscar una salida política a aquellos miembros de organizaciones terroristas vascas que en conciencia han dispuesto abandonar la lucha armada y aceptar los cauces de participación democrática que ofrece el Estado. La primera operación, prácticamente consumada, fue propugnada por el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, que encontró primero en el anterior ministro del Interior, Juan José Rosón, y después en el actual, José Barrionuevo, todo tipo de facilidades.La segunda operación, a cuyo frente se encuentran el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Azcárraga y el secretario de Justicia del Gobierno vasco, Juan Porres, está siendo realizada a través de la institución del Defensor del Pueblo, cuyo titular es Joaquín Ruiz-Giménez. Éste se ha encargado de recoger las peticiones de indulto y elevarlas al Ministerio de Justicia.

La gestión del Defensor del Pueblo ha sido clave para el entendimiento y la canalización de las gestiones, hasta el punto de que altos funcionarios de este departamento han mantenido contactos al mismo tiempo con los reclusos y con representantes de la Administración, todo ello en un afán de ayudar a que la operación concluya con éxito.

Dentro de este entendimiento con la Administración, un grupo de solicitantes de indulto han conseguido ya ser trasladados desde la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) -donde están concentrados desde el pasado mes de octubre casi todos los reclusos de ETA- a la de Alcalá-Meco, en Madrid, como paso intermedio para un definitivo traslado a Nanclares de Oca, en Álava.

Estos traslados por parte de la Administración constituyen un "gesto de buena voluntad" hacia la iniciativa adoptada por los reclusos solicitantes de indulto, algunos de los cuales han visto peligrar su propia seguridad en el interior de la prisión de Herrera de la Mancha, principalmente por las amenazas de los presos de ETA Militar contrarios a este tipo actitudes.

Operación válida

Esta segunda operación, impulsada por el Gobierno vasco, y apoyada por su titular, Carlos Garaikoetxea, fue en su día aceptada como válida por el Gobierno socialista, que es en definitiva el que, en Consejo de Ministros tiene la última palabra sobre la concesión o no del indulto. Concretamente, los dos ministerios que han llevado el peso de las conversaciones han sido Justicia e Interior, en una acción coordinada que en el aspecto político no ha presentado graves problemas. El documento de los reclusos será entregado en breve a los titulares de ambos departamentos, Fernando Ledesma y José Barrionuevo, respectivamente.

Estos contactos se han llevado con el máximo sigilo y la mayor prudencia, debido primero a la delicadeza del caso y después a que sectores reaccionarios, localizados en algunas corporaciones y estamentos al servicio del Estado, han intentado obstruir las negociaciones y presentar, al menos por canales internos, esta operación como "una concesión a los terroristas".

Los argumentos de estos sectores han sido combatidos tanto por los gestores de los indultos como por el propio Gobierno.

Falsas tesis

Este movimiento trató sin éxito de romper la conjunción de criterios que asumen todas las partes interesadas en el caso y centró la operación en la persona de uno de los solicitantes, Jesús María Larzábal Bastarrica, antiguo autónomo que cumple una condena de 56 años y dos meses de prisión, al tiempo que le adjudicaban el término de arrepentido, esto último con el fin de herir la personalidad del firmante y situarlo frente a frente con aquellos otros presos que siguen perteneciendo a la organización y que rechazan la vía de la reinserción social.

Según fuentes próximas a los gestores de la operación, los sectores reaccionarios pretendían desmontar la operación por sus dos extremos. Por un lado, intentando crear un ambiente negativo entre algunos sectores de la opinión pública ante la posible concesión de indultos a ex miembros de ETA por parte del Gobierno. Por otra parte, provocando el malestar, y en consecuencia un posible paso atrás, de los solicitantes, ya que la calificación de los presos como arrepentidos es "tan cruel como incierta, y lo que persigue es alimentar las falsas tesis de ETA Militar y de las gestoras pro amnistía, consistentes en que el indulto se concede a cambio de la delación".

Esos sectores, a los que no son ajenos algunos funcionarios policiales vinculados a los servicios antiterroristas, pretendieron en su. día arroparse en la derecha parlamentaria para justificar sus tesis. Sin embargo, no llegaron siquiera a plantearlo, porque el propio Manuel Fraga, tras conocer el asesinato de Mikel Solaun por parte de ETAm (uno de los presos beneficiados del indulto por la vía Bandrés), hizo una primera declaración favorable a los indultos e incluso dijo que era necesario dar protección especial a los ya indultados y, en un futuro, a los posibles excarcelados.