Calviño no acepta plazos para abonar 400 millones de pesetas de deudas de RTVE a Hacienda

Radiotelevisión Española puede ser sometida a un juicio de cuentas en los próximos meses como consecuencia de la negativa del director general de la entidad, José María Calviño, a aceptar la fijación de unos plazos para el reintegro a Hacienda de 400 millones de pesetas correspondientes a retenciones efectuadas al personal en los ejercicios 1977 y 1978 y a los correspondientes recargos e intereses por mora, y no ingresados todavía al Tesoro.José María Calviño manifestó a este periódico el pasado viernes que, por lo que él sabe, RTVE no tiene deuda alguna con Hacienda y que el Ente, además, no tiene problemas de liquidez.

La querella presentada por socialistas y comunistas a raíz de la auditoría realizada en RTVE por la Intervención General del Estado sobre las cuentas de 1977 y 1978, y cuyo primer firmante fue el actual presidente del Gobierno, provocó -a instancias del juez Clemente Auger- una fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de RTVE. Esta fiscalización se encontraba ya iniciada cuando se produjo la reorganización del Tribunal de Cuentas, en 1982, y ha sido continuada por los actuales responsables.

Observados varios defectos contables, éstos fueron comunicados mediante pliego de reparos a RTVE para que los responsables del organismo presentaran las alegaciones y aclaraciones que consideraran oportunas. A finales del año pasado terminó el llamado trámite de solvencia de reparos, corrigiéndose algunas anomalías contables e ingresando a Hacienda una parte de las cantidades adeudadas. En los primeros meses de este año, el Tribunal de Cuentas envió a la entidad fiscalizada la propuesta de solvencia de reparos, a la que contestó José María Calviño afirmando que acataba las decisiones del tribunal, pero que no se comprometía a aceptar plazos para la devolución a Hacienda de las cantidades reclamadas.

Cerrado el ciclo de fiscalización, esta postura del director general de RTVE conduce reglamentariarnente al inicio de trámites para un juicio de cuentas. El fallo del juicio de cuentas es ejecutivo y supone, por tanto, el cobro por esta vía -que prevé incluso al embargo de bienes- de las deudas contraídas.

La nueva configuración del Tribunal de Cuentas convierte a éste en un auténtico tribunal en cuanto a la eficacia legal de sus sentencias y fallos, habiendo de recurrirse éstos ante el Tribunal Supremo. La situación actual, de no abonarse la deuda por parte de RTVE, supondría el enjuiciamiento, aunque sea por deudas heredadas, de la dirección actual de la entidad, nombrada por el PSOE, a raíz de una querella presentada por Felipe González, y con el Ministerio de Economía y Hacienda, regido por un socialista, como parte perjudicada.

La paradoja es mayor si se tiene en cuenta que RTVE para pagar sus deudas fiscales puede solicitar un crédito extraordinario al Ministerio de Hacienda.