El Gobierno nombrará un fiscal especial para la lucha contra la droga en todo el país

El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de un fiscal especial para la lucha antidroga, con competencia en todo el territorio nacional, tras una reunión que se dedicó casi monográficamente a estudiar medidas de ejecución inmediata para luchar contra la delincuencia. El Gobierno presentará a las Cortes un plan de actuación contra el tráfico y consumo de drogas. Esta decisión irá acompañada por la creación de 32 nuevos juzgados en las poblaciones más afectadas por el incremento de la criminalidad, que el Gobierno liga estrechamente al consumo de drogas duras.

La inseguridad ciudadana fue también tema de un acalorado debate en el Congreso de los Diputados, en el que la oposición pidió la dimisión del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y amenazó con abandonar el hemiciclo.El Consejo acordó remitir a las Cortes un proyecto de ley de reforma de los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, referentes a la prisión preventiva. Asimismo, se aprobó una medida tendente a adscribir policías a los juzgados en las ciudades más importantes.

Además de estas medidas, anunciadas con antelación por los ministros de Justicia e Interior, el Consejo de Ministros deliberó sobre otras medidas que serán aprobadas en una nueva reunión del Gabinete. Entre estas últimas se encuentran las reformas necesarias en el Código Penal para pro curar el agravamiento de las penas en los delitos que se cometan con uso de armas.

Capítulo aparte merece para el Gobierno la lucha contra el tráfico de drogas, figura delictiva que también tendrá un agravamiento penal, especialmente en lo que e refiere al comercio con heroína y otras drogas duras.

El agravamiento de las penas será extensivo, segun explicó el portavoz gubernamental, Eduardo Sotillos, al tráfico de todo tipo de drogas, dado que un informe del Ministerio de Sanidad remitido al Consejo de Ministros por el titular de este departamento revela que todas ellas son nocivas para la salud.

El portavoz del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, pidió en el Congreso la dimisión de Fernando Ledesma, a quien responsabilizó del incremento del 32% en la delincuencia, sufrido, en su opinión, a raíz de la reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fernando Ledesma, por su parte, negó que el aumento de la delincuencia fuera un problema reciente. Tampoco admitió el ministro de Justicia que la reforma de los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal haya sido esencial en el agravamiento de la inseguridad ciudadana. "La seguridad que ustedes quieren", dijo el ministro, dirigiéndose a la oposición, "es una seguridad reaccionaria que nada tiene que ver con la libertad ni con la justicia".

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