Jordi Pujol mira al Gobierno del PSOE con más recelos de los que tenía respecto a UCD

Existe en Cataluña el sentimiento generalizado de que el tradicional recelo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat responde a causas superestructurales que desbordan, en realidad, las ideologías concretas de los partidos que ostentan el poder en ambas instituciones. El peso político del cuerpo de funcionarios, por ejemplo, así como la inexistencia de una definición única e inequívoca del concepto autonomía, y lo ambiguo del proyecto de desarrollo autonómico, y las relaciones de pura conveniencia entre los partidos podrían ser razones más profundas que explican el hecho.

Desde una óptica nacionalista enfocada en sentido amplio, tanto los dos Gobiernos de UCD como el actual del PSOE han aceptado el autogobierno catalán como un hecho inevitable en democracia pero intrínsecamente conflictivo por naturaleza. La prueba que sostendría esta afirmación llegó el 31 de julio de 1981, cuando Leopoldo Calvo Sotelo, entonces presidente del Gobierno, y Felipe González, en su condición de secretario general del PSOE, firmaron unos pactos autonómicos que crearon múltiples contradicciones internas en el seno de los centristas y socialistas catalanes.La fecha, sin embargo, permite señalar el hito que separa las dos fases teóricas de relación política con Madrid que ha vivido el Gobierno Pujol en los últimos cuatro años. A ambas vertientes de esta cumbre autonómica, en la que no participaron los partidos nacionalistas propiarmente dichos, el pragmatismo convergente parece haber aplicado idéntica filosofía, sólo quebrada episódicamente en coyunturas electoralistas.

Los 'arreglos' Pujol-Suárez

La era Suárez, líder de una formación doctrinalmente precaria, dio ocasión a Convergència para emprender una provechosa negociación constantemente traducida en el intercambio de votos entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento catalán. A título de ejemplo, algunos diputados autonómicos de CC-UCD recuerdan aún con bochorno cómo tuvieron que cambiar de criterio en última instancia sobre el tema de los avales de la Generalitat tras un enérgico telefonazo desde Madrid. Por contra, muchos siguen criticando el apoyo de la Minoría Catalana a la ley de Centros Docentes, cuyo contenido consideran altamente antiautonómico.En todo caso, el matrimonio de conveniencia vivido entre CDC y UCD se saldó con un nivel positivo de traspaso de competencias, aunque las materias afectadas fueran poco conflictivas. La luna de miel no podía ser eterna. Fue el propio Adolfo Suárez, apoyado por Martín Villa, quien, presionado por múltiples factores, estableció el borrador de los pactos autonómicos. Estábamos a tres meses de su dimisión y de la accidentada elección de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente. Sería a éste, por lo tanto, a quien correspondería el honor de pasar a la historia de los pactos, convenientemente fotografiado junto al líder de la oposición.

El peso de la LOAPA

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 sirvió, por otra parte, para legitimar el intento de corrección del proceso autonómico, tal vez inviable desde un punto de vista económico, pero no imputable a las comunidades históricas de Cataluña y Euskadi, quienes jamás habían reclamado la instauración de otras 15.La crispación provocada por la LOAPA, que fue avivada por episodios tan gratuitos como el protagonizado por Julio Feo en la inauguración de la exposición antológica de Dalí en Madrid, sólo cedería al conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, el día 5 de agosto de 1983. La LOAPA llegó a romper por primera vez la convivencia en Cataluña. La convivencia entre partidos se entiende.

Diálogo CiU-PSOE

Los acuerdos institucionales subsiguientes permitieron un nuevo clima de diálogo, esta vez entre el PSOE y Convergència, que pronto daría sus primeros frutos. Por una parte, la Minoría Catalana pactaría y apoyaría la polémica LODE (ley orgánica del Derecho a la Educación), que tantas iras levantó en las filas fraguistas, y la ley de terceros canales de televisión, lo que desbloquearía el tema de TV-3. La contrapartida convergente pudiera haber consistido en la abstención de sus diputados autonómicos ante la propuesta del PSUC para que el Parlamento catalán impugnara la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1984.El conflictivo tema de las valoraciones de los traspasos ha permitido, en cambio, en opinión de Convergència, "salvar la cara a todo el mundo", mientras que para los comunistas no ha sido más que un nuevo apaño que permite al Gobierno Pujol una cierta estabilidad económica y demuestra la buena disposición del Gabinete González hacia el actual titular de la Generalitat, por encima incluso de las aspiraciones del PSC en las próximas elecciones. "Contribución a la gobernabilidad del Estado" o "subordinación al Gobierno del Estado", es como califican respectivamente a la figura convergentes y comunistas.

Con todo, es evidente que la mayoría más que suficiente con que cuenta el PSOE en el Congreso le sitúa en una posición mucho más fuerte que la de la UCD de Suárez, e infinitamente más fuerte que la de Calvo Sotelo. Ésto, junto a que el PSC sea una auténtica alternativa al Gobierno de CiU, como nunca lo fue Centristes-UCD, y sumado al federalismo doctrinal del PSOE, mucho más temido por los nacionalistas que el propio centralismo liso y puro, hace que subsista un recelo teóricamente superior al existente antes de la victoria socialista en octubre de 1982.

Esta imagen de conflicto se refuerza con la presencia de una serie de materias de traspaso sobre las que aún no hay acuerdo y que afectan a temas de relieve. Entre ellas, cabe destacar el Instituto Nacional de Empleo, la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental, la investigación y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. De las leyes del Parlamento catalán impugnadas por el Gobierno del Estado que más irritación han provocado sobresale la ley de Normalización Lingüística, aprobada por unanimidad (con el voto, por lo tanto, de los diputados socialistas catalanes).

Se trata de una imagen de conflicto muy tentadora de cara a unas elecciones autonómicas cuyas encuestas siguen arrojando un resultado absolutamente incierto.