Concentración de jornaleros ante el Ministerio de Trabajo

Cerca de 300 jornaleros, integrantes de diversas marchas iniciadas hace unos días en diferentes puntos de España, se concentraron ayer a media tarde ante el Ministerio de Trabajo para protestar contra el subsidio de desempleo y por la insuficiencia del plan de empleo rural. Segismundo Crespo, subsecretario de Trabajo, señaló por su parte, que "el plan de empleo rural, el subsidio agrario y los planes sobre formación profesional se han discutido con las organizciones sindicales" y que incluso CC OO de Andalucía manifestó públicamente la aceptación del plan de empleo rural.

Las marchas de jornaleros que ayer llegaron a Madrid tienen como origen de su protesta, entre otras razones, en el agravio comparativo que se produce entre Andalucía y Extremadura y el resto de las regiones españolas. Sólo a las dos citadas se aplica, desde el mes de enero, el subsidio agrario, que sustituye al empleo comunitario, y el Plan de Empleo Rural.Durante el pasado año se libraron fondos por un importe de 42.863 millones de pesetas con destino al empleo comunitario, que, en su mayor parte -42.181 millones-, fueron absorbidos por Andalucía y Extremadura. Una mínima parte -682 millones- se repartieron entre nueve provincias españolas ajenas a estas dos regiones. De igual forma, el subsidio agrario, que desde el mes de enero ha sustituido al empleo comunitario, con una dotación presupuestaria de 36.000 millones de pesetas, se aplica sólo a Andalucía y Extremadura, regiones que cuentan con los mayores índices de paro campesino. Lo mismo sucede con el Plan de Empleo Rural, con una previsiones de inversión de más de 45.000 millones.

Este agravio comparativo es el que ha provocado la marcha de jornaleros de Castilla-La Mancha (9.163 parados agrarios) y de Valencia (4.396 parados). Las de Andalucía y Extremadura tienen objetivos parcialmente distintos: crítica al sistema de subsidio agrario y dotación insuficiente del Plan de Empleo Rural.

Fuentes de CC OO, sindicato que ha organizado las marchas, señalan que existen provincias con índices de paro agrario muy semejantes a provincias tradicionalmente beneficiarias del empleo comunitario y que, según la nueva normativa, se verán privadas de estas ayudas. Las mismas fuentes destacaron que a raíz de la puesta en marcha del actual sistema, se había producido un incremento del número de perceptores. Mientras en 1983 la media mensual fue de 195.000, en febrero los perceptores alcanzaban los 217.500.