Proceso a la tortura

FERNANDO SAVATEREn el case seguido por presuntas torturas contra varios funcionarios de la prisión de Herrera de la Mancha, cuya sentencia fue dictada hace pocos días, hay aspectos que indignan, aspectos que entristecen y otros que alarman. También los hay que abren cierto fundado resquicio a la esperanza y, para que se vea mi buena disposición constructiva, empezaré por éstos: es un paso importante que en este país ni siquiera lo que ocurre en un agujero negro de la sociedad, como la cárcel de Herrera, pueda quedar ya totalmente ignorado y, por tanto, impune (lo cual se debe, en muy gran medida, a que existen bastantes abogados que no entienden su tarea como rutina y se empeñan tercamente en recordar, contra la miserable evidencia que nos abruma, que la ley no se inventó para triturar lo humano, sino para protegerlo); es algo casi poético que, pese a quienes acusaron de desestabilizadores a los denunciantes y pese a la desproporcionada fianza que trató de frenarla, la acción popular se abriera paso; es signo inequívoco de que el viejo topo no zapa en vano que el director de una cárcel de máxima seguridad y varios de sus colaboradores hayan sido finalmente procesados y condenados por haber abusado ilícita y cruelmente de la función pública que se les había confiado. Ahora bien, tras reseñar estos avances, nada insignificantes, que permiten reafirmar la combativa pero pacífica esperanza en las posibilidades de la renovación democrática, no puede silenciarse el enorme trecho que aún queda por recorrer y la evidente amenaza de lo que conspira contra lo recorrido.

De los prolijos considerandos que acompañan la sentencia dictada contra los funcionarios acusados de Herrera de la Mancha, hay algunos, como los que se refieren a la disposición violenta de las víctimas, que en modo alguno parecen haber sido probados en el proceso; pero introducen una peligrosa teoría exculpatoria, legal y social, sobre lo allí ocurrido: son estos últimos los que merecen más detenida reflexión. Para comprender mejor este último aspecto es preciso no olvidar que en el juicio de Herrera se ha indagado la responsabilidad penal de ciertas personas respecto a ciertos sucesos concretos, pero también se ha abierto brecha en la barrera institucional, permisiva o cómplice, que ha rodeado (y en notable medida aún rodea) la abominable presencia de la tortura en España. ¿De qué estoy hablando? Del trato dado a quienes asesinaron a Agustín Rueda en Carabanchel; de la pulmonía que liquidó a Joxe Arregui; de la paliza alevosa que acabó con el ex policía Castán; de tantos otros casos semejantes, algunos de ellos denunciados por Amnesty International, y de que todavía el 14 de marzo de este 1984 (supongo que como involuntario homenaje a Orwell) se le ha prohibido a un interno del penal de Santoña la lectura y posesión del libro Teoría y presencia de la tortura en España -escrito por Gonzalo Martínez Fresneda y por quien esto firma- a causa de que su contenido es contrario a las instituciones penitenciarias. Uno, en su ingenuidad, hubiera creído que lo contrario a las instituciones penitenciarias es la tortura y no su denuncia .... pero cada día se aprende algo nuevo. Las medidas concretas que un grupo de intelectuales propusimos al Gobierno socialista al comienzo de su gestión para erradicar de una vez por todas la posibilidad misma de la tortura (y que incluían, entre otras, la derogación de las leyes de excepción, que permiten aplazar la asistencia letrada, al detenido durante un largo período) no se cumplieron. ¿Por qué se escandalizan tanto entonces la autoridades cuando algún país extranjero utiliza el argumento de que aún existe la tortura en España para no conceder la extradición de supuestos terroristas? La única y definitiva manera de cerrar el paso a tales hipocresías no es denunciar dolidamente la conjura internacional o invocar el miserable "en todas partes cuecen habas", sino erradicar e imposibilitar realmente la tortura misma. En este contexto, la sentencia del caso Herrera de la Mancha cobra toda su auténtica dimensión. Dos aspectos en la resolución de los magistrados son preocupantemente reveladores de una disposición a minimizar el problema, en lugar de intentar atajarlo sin paliativos: por un lado, la distinción entre tortura y malos tratos, reservando esta figura más venial para calificar lo ocurrido en Herrera; por otro, una exhortación a considerar los acontecimientos en su contexto global, teniendo en cuenta el clima entonces reinante en las instituciones penitenciarias, las circulares de la correspondiente Dirección General, etcétera. Respecto a la distinción entre tortura y malos tratos, no se trata de una simple sutileza semántica, un eufemismo como el que lleva a denominar empleadas de hogar a las criadas o tercera edad a los viejos (y aún esto sería ya malo, pues el asco y la abominación de la palabra misma deben conservarse celosamente como el primer castigo de lo designado), sino un rebajamiento de la categoría delictiva y de su correspondiente sanción. Para los señores jueces que firman la sentencia no hay tortura más que cuando la violencia ilícita contra el reo acompaña la investigación de los hechos, cuando se trata dé averiguar o hacer confesar algo por la fuerza. Por tanto, en las cárceles prácticamente nunca se torturará, pues el interno no suele estar ya en la fase indagatoria de su proceso: no fue tortura lo de Agustín Rueda, ni nadie fue torturado en Auschwitz o Buchenwald. Es cierto que la tortura, a diferencia de la simple y criminal destrucción del otro, pretende avasallar la, intimidad de la víctima, no sólo doblegar o incapacitar sus fuerzas; pero, como intenté argumentar en ese libro que no dejan leer a los reclusos de Santoña, tal violación del espíritu no estriba

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