El Gobierno prepara créditos para adecuar el transporte antes de la entrada en la CEE

El Gobierno podría aprobar en las próximas semanas la concesión de créditos blandos (a largo plazo, bajo tipo de interés y período de carencia) para la renovación del parque nacional de vehículos de transporte (camiones, autobuses y taxis), uno de los más viejos de Europa, con objeto de racionalizar el sector, aumentar las condiciones de seguridad y calidad de estos servicios, y relanzar la actividad de los fabricantes nacionales de estos vehículos con unas medidas proteccionistas que no podrán arbitrarse una vez hayamos entrado en la CEE.

El borrador de la propuesta de acuerdo al Consejo de Ministros, elaborada conjuntamente por el Ministerio de Transportes, cuyo titular es Enrique Barón, la Dirección General de Tráfico y el Banco de Crédito Industrial, autoriza a esta última entidad "para realizar operaciones de crédito, bajo la forma de préstamos u otra modalidad contractual, con el fin de financiar la adquisición de vehículos automóviles por empresas privadas de transporte para la renovación y modernización de su flota". Las condiciones de las operaciones, según la propuesta, "serán las vigentes en cada momento para la línea de créditos a pequeñas y medianas empresas, sin que sean aplicables las limitaciones establecidas en la normativa reguladora de dicha línea referente a las empresas beneficiarias".La medida trata de solventar la situación límite en que se encuentra el sector del transporte, cuya depresión económica impide el crecimiento del parque actual, así como su renovación. Y ello se produce cuando el 66% de los camiones españoles circulan con más de 5 años de antigüedad y un 30% con más de 10 años de antigüedad (en Alemania el 55,27% de su flota tiene menos de 5 años; en Francia, el 43,7%; en Holanda, el 59,5%; y en Bélgica, el 52,9%). En autobuses ocurre algo similar. En España el 83% de estos vehículos circulan con más de 5 años de servicio, y uno de cada 2 autobuses supera los 10 años de antigüedad.

De ahí que en la propuesta al Consejo de Ministros se Fije como "condición indispensable" para disfrutar de estas ayudas "el desguace de uno o varios vehículos, cuya capacidad de carga conjunta sea, al menos, el 70% de la capacidad del vehículo para el que se solicita el crédito, y su baja en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico". Cuando el crédito se solicite para financiar la adquisición de vehículos dedicados al transporte público de viajeros de más de nueve plazas "será también indispensable el desguace y la baja en el, Registro" de un vehículo con capacidad de más de nueve plazas.

Esta redacción permite operaciones con terceros de cara a achatarrar los vehículos más viejos, al poder cambiar el beneficiario del crédito su vehículo por otro más nuevo y entregar aquél para el achatarramiento.

Créditos al vendedor

Para evitar fraudes, el desguace se acreditará mediante certificación expedida por la persona o entidad que lo realice y la baja definitiva de la circulación mediante certificación expedida por la Jelatura de Tráfico de la provincia donde el vehículo hubiera sido matrículado.

Las operaciones podrán revestir la modalidad de crédito a vendedor para financiar la movilización de la parte aplazada del precio de los vehículos vendidos en el mercado interior.

Con ello se obvia uno de los principales problemas que en la actualidad encuentran los transportistas, la exigencia de avales para la concesión de créditos. Estas operaciones, por otra parte, no ofrecen gran riesgo para los fabricantes, según la Administración, ya que el nivel de impagados por adquisición de vehículos de transporte se sitúa entre el 0,5% y el 1% como media nacional.

Fuentes del Ministerio de Transportes evalúan la posible renovación anual del parque con estas medidas en unos 20.000 millones de pesetas, aunque el techo hipotético para un rejuvenecimiento óptimo de la flota serían 80.000 millones de pesetas.

Entre los fabricantes nacionales, los más beneficiados serán la empresa pública Enasa y la multinacional francesa instalada en España Renault, y en menor medida otros fabricantes como Mercedes. Esta operación puede evitar el desplome de este sector ante la competencia que va a suponer la apertura de nuestro mercado a fabricantes europeos.