Vacío jurídico de los Gobiernos occidentales ante las nuevas técnicas informativas

Ningún Gobierno occidental, en general, ni el de España en particular, está preparado para hacer frente jurídicamente a los cambios sociales que han comenzado a producirse por la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación. Esta es una de las conclusiones extraídas de las jornadas internacionales sobre Nuevas técnicas y nuevas formas de comunicación, que fueron clausuradas ayer en Madrid por Enrique Barón, ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.En el caso español se va a hacer, según el ministro, un esfuerzo por adecuar la legislación a la realidad a través de la ley de Ordenación de las Comunicaciones, cuyo proyecto será enviado en fecha muy próxima al Consejo de Ministros.

La ley de Ordenación de Comunicaciones introducirá, según Enrique Barón, un modelo de unificación y gestión de todas las redes de comunicación que nunca ha existido en España. "La LOC hará frente a los problemas y deficiencias del presente y pondrá, por otra parte, las bases del futuro mediante la reorganización de los servicios de correos y telecomunicaciones y la incorporación de la telemática y red digital de servicios integrados".

Coincidencia

Juristas, sociólogos, empresarios y profesionales de la comunicación han coincidido durante los tres días de estas jornadas, organizadas por la fundación Universidad-Empresa, en señalar el vacío jurídico que existe frente al espectacular desarrollo de la tecnología de la comunicación. Ante la casi ilimitada capacidad de las nuevas técnicas de comunicación, para transportar información se registra una de las mayores perplejidades jurídicas de todos los tiempos agravada por el hecho de que la actual legislación no sirve para la nueva situación, como puso de relieve Tomás Ramón Fernández catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Uno de los casos más claros de falta de adecuación legislativa se encuentra, de acuerdo con lo que se defendió en estas jornadas, en el Estatuto de Radiotelevisión Española. Esta indeterminación sobre la naturaleza y las posibilidades actuales de la radiodifusión ha hecho, según algunos expertos, que el Tribunal Constitucional tenga que estar estudiando la consideración de la radiodifusión como un servicio público y la con siguiente limitación de ondas y recursos que de ello se deriva para e sector privado.

Las nuevas tecnologías permiten hacer tanto operaciones bancarias sin dinero y sin documento como reservar viajes desde un ordenador, recibir imágenes de televisión por satélite o por cable, o conectar con bancos de datos de todo el mundo. Estos sistemas han comenzado ya a implantarse y se espera, corno explicó Richard D. Marks, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, que en el plazo de 10 ó 15 años estén funcionando en buena parte de los hogares de aquellos países que se apunten a la revolución electrónica.