Gobierno y eléctricas acordarán antes de julio un programa global de actuaciones a largo plazo para el sector

El Ministerio de Industria y Energía y Unidad Eléctrica (Unesa), en representación de todo el sector eléctrico, han llegado a un acuerdo por escrito para proceder, antes del 30 de junio. próximo, a la elaboración de un plan de actuaciones a largo plazo que garantice el normal desarrollo industrial y económico-financiero del sector y de cada una de sus empresas. El programa incluye compromisos concretos sobre incrementos de tarifas, un nuevo sistema de compensaciones intersociedades y, el más novedoso de todos, la previsible transferencia de activos y/o capital de unas sociedades a otras.

La elaboración del histórico acuerdo, sobre el que ya existen ideas específicas muy avanzadas, comenzará previsiblemente el próximo 1 de abril, una vez que haya sido presentado ante el Parlamento el Plan Energético Nacional (PEN) y, hasta cierto punto, se haya concretado el esperado incremento de las tarifas eléctricas correspondiente al año en curso y, al mismo tiempo, se haya delimitado el alcance de las inversiones en curso que se verán afectadas por la moratoria nuclear que contiene el mencionado PEN. Es previsible, que el acuerdo global Gobierno-compañías eléctricas no sea abordado en su redacción final hasta que el Congreso de los Diputados haya aprobado el PEN.El acuerdo ha sido alcanzado al más alto nivel entre el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, y el presidente de Unesa, Juan Alegre Marcet, y ha sido explicitado por medio de un cruce de cartas entre el máximo representante del sector eléctrico y el titular de Industria, que se inició en la última semana de enero con el envío a Solchaga, por parte de Alegre Marcet, de una larga comunicación en la que se enumeraban los resultados en forma de acuerdos que ambas partes habían alcanzado en el largo proceso negociador que se abrió con la llegada del PSOE al Gobierno.

Estos acuerdos, que completan los ya alcanzados sobre la nacionalización de la red de alta tensión y la inminente creación de una sociedad de propiedad mixta encargada de gestionar la mencionada red, abarca tres áreas genéricas: desarrollo del nuevo sistema de tarifas eléctricas en vigor desde el 16 de octubre de 1983; elaboración de un sistema de compensaciones interempresas que incluyera costes fijos y variables y, en tercer lugar, el mecanismo de transferencias de activos y/o capital que, para un mayor equilibrio de las empresas del sector, se podrían producir a medio plazo.

En cartas posteriores, cursadas durante el mes de febrero entre la directora general de la Energía, Carmen Mestre, y el presidente de Unesa, Juan Alegre Marcet, se matizaban algunos de los aspectos concretos sobre el desarrollo práctico de los mencionados acuerdos, incluido el que hace referencia al intercambio y adquisición de activos.

Según algunas fuentes, este último capítulo podría incluir la transferencia de algunas centrales térmicas, e incluso alguna nuclear, de una empresa a otra, bien por la simple adquisición de los mencionados activos, bien por medio de la compra de acciones de una sociedad por otra. No se descarta que, sin necesidad de elaborar un programa estricto de fusiones, compañías como Iberduero (con grados de inversión muy reducidos en los últimos años y a la cual el abandono de Lemóniz la ha convertido en una sociedad deficitaria de energía) procedan a adquirir la participación, de otras empresas excedentarias en determinadas instalaciones, concretamente en grupos nucleares en construcción o de centrales térmicas.

Subida de tarifas

La elaboración del futuro plan de actuaciones, que debe desarrollar los acuerdos ya alcanzados en el proceso de negociación, tiene como incógnitas fundamentales en estos momentos lo que el Gobierno decidirá, dentro del PEN, en relación con la moratoria nuclear y la política de tarifas. Una vez disipidas estas incógnitas se procederá a la concreción del mencionado plan de actuaciones. A este respecto, el sector eléctrico ha presentado hace ya algunas semanas al Ministerio de Industria una petición de incremento de tarifas, que, tras un posterior retoque, se encuentra ya en fase de consideración por la Junta Superior de Precios. Al parecer, la intención del Gobierno es autorizar una subida en tomo al 8%, es decir el índice de inflación previsto para 1984.

Respecto a la moratoria nuclear, el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, en su reciente testimonio ante la comisión de Industria del Congreso, despejó una importante duda al sugerir que la entrada en funcionamiento de algunas centrales nucleares en construcción quedaría condicionada a la evolución de la demanda de energía en el próximo decenio. En el PEN está prevista inicialmente la paralización de las obras en 5 de las 12 centrales autorizadas por la anterior legislatura.

Esta moratoria afectará de forma desigual a las empresas del sector, en función de las participaciones que tengan las centrales que se verán paralizadas. Precisamente, para paliar los efectos económico-financieros de esta paralización se ha previsto un previsible cambio de activos/capital entre algunas empresas del sector. Hasta el momento no se han decidido cuáles serán estos intercambios, pero existen ideas orientativas en el sentido de que algunas empresas deficitarias en energía podrán adquirir instalaciones de otras compañías que son excedentarias.

La filosofía que ha presidido estos acuerdos descansa en el principio de que las soluciones que se adopten sean válidas tanto para todo el sector como para cada una de las empresas. A este respecto, Carlos Solchaga manifestó ante el Congreso que el Gobierno no tiene intención de nacionalizar ninguna empresa eléctrica, "a menos que alguna lo pida", lo que es improbable, según fuentes solventes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 23 de marzo de 1984.

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