Duras quejas de la oposición en el Congreso de los Diputados por el aumento del consumo de droga y la ineficacia policial
El Congreso de los Diputados se planteó ayer la posibilidad de reformar de nuevo el artículo 344 del Código Penal, corno consecuencia del incremento del tráfico y consumo de droga en España. El diputado de la Minoría Catalana Josep María Trias de Bes, en una interpelación urgente al Gobierno, afirmó que "se está demostrando que los servicios policiales y el aparato judicial no están a la altura de las circunstancias". José María Ruiz Gallardón, del Grupo Popular, centró el origen del problema en la reforma del Código, y José Barrionuevo, ministro del Interior, dijo que "este Gobierno está dispuesto a rectificar sus equivocaciones".
Trias de Bes pidió al presidente del Gobierno, como máximo responsable, que tome cartas en el asunto, porque la sensibilidad ciudadana está a flor de piel, y afirmó que existen síntomas de desorganización en el Ministerio del Interior, que se manifiestan en las tensiones existentes entre el Cuerpo Superior, la Policía Nacional y la Guardia Civil.En su repaso a la situación actual contabilizó un aumento alarmante de la delincuencia, enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad, la muerte por torturas de un policía nacional, retenciones de políticos por antecedentes antifranquistas, incremento en las muertes por atracos y aumento de muertos por sobredosis de droga. Trias de Bes se preguntó si debe pensarse en "reformar la reforma" del Código Penal y si debe ser elaborada una ley de estupefacientes. El diputado catalán pidió centros para la atención, desintoxicación y rehabilitación de toxicómanos.
Planes de lucha
Barrienuevo contestó que hasta 1976 las aprehensiones de heroína por parte de la Brigada Central de Estupefacientes se cifraban en gramos, ya partir de 1977, en kilos. El pasado año, el total de lo decomisado fue de 109 kilos y 395 gramos. Las detenciones de traficantes han alcanzado un total de 11.000, con cifras similares en los tres últimos años. Entre los detenidos crece el volumen de ciudadanos extranjeros respecto al de españoles. El 54% de detenidos tienen entre 19 y 25 años, hay porcentajes importantes de apresados aún más jóvenes, y un 0,5% está por debajo de la edad penal. Barrionuevo afirmó que España, por su especial circunstancia geográfica, se ha convertido en el centro de las redes internacionales que trafican con el opio desde Asia y con los derivados del cáñamo desde África.
Entre los planes de lucha, el ministro expuso el control de fármacos de circulación legal para que no sean desviados, vigilancia de los cultivos legalizados más medios para las fuerzas de seguridad, potenciación del servicio marítimo, control sistemático de los locales públicos que se supone son centros de tráfico, aumento de las patrullas móviles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, esitas en el medio rural, y creación de una comisión interministerial para establecer un plan integral que afecte a aspectos educativos, judiciales, policiales y sanitarios. El ministro reconoclió que existe un informe de Sanidad según el cual son perjudiciales para la salud todas las drogas derivadas del cáñamo (hachís, marihuana y otras).
Manuel Núñez, por el Grupo Centrista, describió un panorama sombrío y afirmó la necesidad de volver a reformar el Código Penal. Ruiz Gallardón dijo que la interpelación debería haber sido dirigida conjuntamente a Interior y Justicia, y que todos los males provienen de la reforma del Código Penal. El diputado popular insistió en que no debía distinguirse la droga blanda de la dura, y recordó a Eugenio d'Ors, para concluir que "los experimentos, con gaseosa".
Álvaro Cuesta, del Grupo Socialista, afirmó, al calificar alguna intervención, que "confluyen en el tema ciudadanos de buena fe, políticos y organizaciones con. afán constructivo y compañeros de viaje desestabilizadores".
Barrionuevo cerró sus intervenciones afirmando que no existen contradicciones entre sus palabras y las del ministro de Justicia, y que su solidaridad con él es total.
Por otro lado, el Pleno del Congreso inició anoche el debate del proyecto de ley del Servicio Militar. El texto fue presentado a la Cámara por el ministro de Defensa, Narcís Serra. El ministro afirmó que el proyecto trata de adecuar el servicio militar a los preceptos constitucionales, y señaló que de la Constitución se desprende la necesidad de regular la objeción de conciencia.
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