Miguel Moreno

"Yo soy labrador desde que nací y sé más de tierras que ninguno. No es una cuestión de estudios, sino de práctica, de conocer la tierra y los riegos". Así se expresa Miguel Moreno, presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, institución que dirime los conflictos sobre utilización de los cauces de las siete acequias de la huerta. Todos los jueves, a mediodía, se reúnen ante la puerta de los Apóstoles de la catedral los siete síndicos y el presidente, que integran ese peculiar tribunal, ya milenario, que dicta sentencias inmediatas, verbales e inapelables. Todos ellos van ataviados con la tradicional blusa negra de la huerta. El alguacil une a este uniforme una gorra de plato y una lanza.

Miguel Moreno nació en Valencia hace 51 años. Tiene una hija y un hijo, ambos estudiando en la Universidad. Él, en cambio, no pasó de estudiar las primeras nociones de lectura y contabilidad, sin llegar a cursar el bachillerato. Su vida se ha desarrollado vinculada a la agricultura. Designado síndico por la comunidad de regantes de la acequia de Favara, a la que pertenece, fue elegido presidente, trámite que se realiza cada dos años, en abril de 1983.

Ser miembro del Tribunal no comporta retribución alguna, pero sí la obligación de asistir a las sesiones. "Yo no tengo conocimiento de los casos que se van a tratar hasta que llego aquí, en que me los comunica el alguacil", explica el presidente. Ello no constituye un grave inconveniente, porque el caso se expone de forma verbal y es únicamente a partir de las declaraciones como el grupo de síndicos toma conocimiento de cada conflicto y dicta sentencia, también verbal.

Las denuncias se pueden presentar también de forma espontánea acudiendo a la reunión del tribunal y exponiendo el caso. Lo tradicional es que se presente un acusador y un acusado. El presidente, con el tradicional parle vosté (hable usted) da la palabra alternativamente a uno y otro, hasta que considera que tiene un conocimiento suficientemente amplio del conflicto.

A continuación, los síndicos dan, con un movimiento de cabeza, su opinión sobre si el acusado es o no culpable y, en función de ello, el presidente dicta sentencia. Ésta consiste únicamente en decir si es o no condenado. En caso de serlo, la sanción le es impuesta por los propietarios de las tierras que riega la acequia de que se trata, que constituyen una comunidad con su propio reglamento. Se trata siempre de multas económicas.

Miguel Moreno recuerda un caso en que fueron condenados denunciado y denunciante y especifica que el Tribunal de las Aguas dicta también sentencias en rebeldía, cuando el acusado no se presenta después de acudir tres veces el denunciante. En varias ocasiones han sido condenadas industrias en lugar de agricultores, por verter residuos contaminantes en las acequias.

Reconoce que, al no estar retribuido, su cargo, en realidad, le cuesta algo de dinero, pues le obliga a abandonar semanalmente durante unas horas su trabajo como agricultor. "Pero lo hago porque me gusta y porque también tiene sus compensaciones. Está muy bien considerado, pese a ser casi honorífico". El presidente del Tribunal pone gran énfasis en la independencia de sus miembros y, tras insisitir en que se trata de un organismo "apolítico por completo", no deja de reconocer que ha habido intentos de politizarlo, que siempre han fracasado.

Muchos días, el Tribunal de las Aguas no tiene acusados ni acusadores, pero siempre hay un gran número de curiosos que espera los jueves a mediodía para contemplar el momento en que se constituye. Los síndicos ocupan sus asientos por unos instantes. Si no hay causas que tratar, levantan la sesión inmediatamente.