Más de cuatro años para comprobar una denuncia

El juicio iniciado ayer en la Audiencia Provincial de Ciudad Real pone fin a más de cuatro años de esfuerzos por parte de sectores democráticos -particularmente de la abogacía y de la Prensa- para sentar en el banquillo a 12 funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha, acusados de infligir torturas o malos tratos a presos que tenían bajo su custodia. La evidencia de los indicios de criminalidad denunciados en septiembre de 1979 no impidió que, durante largos meses, se produjeran resistencias del Gobierno y, lo que es más grave, del aparato judicial, a investigar una muy probable y flagrante violación de la Constitución.De la rutinaria actitud de la Administración, consistente en desconfiar de las denuncias antes de comprobarlas, no se escapó ni siquiera una persona de probadas convicciones democráticas como el entonces director general de Instituciones Penitenciarias, Carlos García Valdés, quien comenzó negando enérgicamente los hechos y acabó dimitiendo de su cargo.

La labor de la Prensa, en su función de informar sobre la realidad, junto a la actitud de numerosos abogados progresistas -que fueron acumulando denuncias y querellas-, inclinaron finalmente al Ministerio Fiscal a pedir unos procesamientos a los que insistentemente se resistió el juez de Manzanares, Eduardo Hijas.

En noviembre de 1979, 36 abogados unieron su querella a la inicial denuncia formulada por otros 19 dos meses antes. El juez Hijas colocó una barrera alta al ejercicio de la acción popular: tres millones de pesetas, que fueron recolectados por suscripción popular y pagados en enero de 1980. En marzo de 1981, otros 90 abogados se querellaron contra los presuntos torturadores. Los primeros cinco procesamientos no se producen hasta el 25 de noviembre de 1980, y hasta septiembre de 1981 -cuando ya el juez Hijas había sido trasladado al País Vasco- no son suspendidos en sus funciones el director de la cárcel, dos jefes de servicio y cuatro funcionarios.

Entre las informaciones sobre los sucesos de Herrera figura el reportaje publicado en EL PAIS el 2 de octubre de 1979, como consecuencia del cual su autora, Rosa Montero, y el director del periódico, Juan Luis Cebrián, tuvieron que declarar, al igual que los 19 iniciales denunciantes, ante el juez Hijas. Ambos periodistas se acogieron al secreto profesional para no revelar las fuentes de la información, pero una vez más quedó de manifiesto una mayor preocupación judicial por el origen de las denuncias que por la comprobación de su veracidad.