El sector eléctrico hará un recorte selectivo de dividendos, atendiendo a la situación particular de cada sociedad

El reajuste en el sector eléctrico privado, incluido un recorte selectivo en los dividendos de estas empresas, puede quedar definitivamente planteado antes de que finalice el presente mes de marzo. La postura de la Administración al negarse a autorizar el previsto incremento 8% en las tarifas, que representan unos menores ingresos a estas empresas del orden de los 300 millones de pesetas en días laborables, ha constituido un importante acicate para lograr que los más reticentes se decidieran a asumir el compromiso. En este sentido, la carta remitida por el presidente de la agrupación patronal del sector, Unesa (Unidad Eléctrica), Juan Alegre Marcet, a la directora general de la Energía, Carmen Mestre, en la última quincena del pasado mes, se considera en medios del sector como el paso más importante dado desde el acuerdo genérico al que llegaron Gobierno y empresas privadas en mayo de 1983.

El primer y más evidente efecto que ha tenido la misiva de Juan Alegre -la tercera de una correspondencia iniciada por él mismo a mediados de enero y contestada por la directora general de la Energía pocos días después- ha sido el relanzamiento de un grupo de trabajo mixto Administración-Unesa, cuya finalidad es el establecimiento de la situación real de las compañías eléctricas, que había visto ralentizada su actividad por las múltiples dificultades que estaban planteando algunas de las compañías que atraviesan situaciones más comprometidas.En medios próximos al Ministerio de Industria se mantiene la tesis de que el principal problema que tienen las compañías eléctricas privadas deriva de los desequilibrios financieros a los que se enfrentan.

El conocimiento de las situaciones reales en que se encuentran las empresas es considerado como indispensable por una parte importante de los representantes de las empresas privadas y por medios oficiales. Se parte de la tesis de que el sector está inmerso en una grave crisis, pero que no todas las compañías se encuentran en situaciones iguales y, lo que es más importante, que no todas tienen la misma capacidad de enfrentarse al futuro. Así come, casi todas las partes interesadas están de acuerdo en que habrá que aplicar tratamientos quirúrgicos en este sector, desde algunas de las grandes compañías se viene insistiendo en que es imprescindible que no se generalice la situación y se establezcan los criterios diferenciadores entre unas empresas y otras.

Política de compensaciones

Otro de los puntos aceptados prácticamente por todos es la necesidad de aportar las ayudas necesarias piara que no se produzca un hundimiento de este sector. Pero a partir de aquí existen diversos criterios de actuación. Para una parte de los empresarios privados situados en torno al propio presidente de UNESA, la solución debe ser conjunta y deben contribuir a ella todas las compañías eléctricas en la medida de sus posibilidades.Desde estos medios se insiste en que soluciones de este tipo sólo contribuyen a empobrecer a todas las compañías, sin que puedan nunca llegar a conseguirse soluciones efectivas a medio y largo plazo.

Así, admiten un cierto nivel de sacrificio para superar la actual situación, pero -aunque no sea más que en voz baja-, aceptan la posibilidad de que el sector público tenga que asumir la tutela de alguna de las empresas que presentan estados financieros más comprometidos.

De esta polémica se deriva directamente la incertidumbre existente en torno a la política de distribución de beneficios de las empresas eléctricas.

Hoy se trabaja sobre la hipótesis de recortes selectivos, según cada caso. De esta forma, los dividendos complementarios que estas empresas acostumbran a repartir los primeros días de julio no serían prácticamente homogéneos, como en años anteriores. En medios oficiosos se apunta como ejemplo el hecho de que Hidroeléctrica Española podría mantener el porcentaje de sus beneficios que distribuye; que Iberduero podría incluso recuperar algo de lo que ya recortó con anterioridad, mientras que para el resto de las grandes del sector estas hipótesis establecen la posibilidad de que se produzcan reducciones de entre uno y dos puntos en los citados dividendos complementarios. Las socieda.des que atraviesan peores momentos son, las que han venido manifestando mayores reticencias a este proceso.

En todo este proceso está poniéndose de manifiesto que al menos una parte de los privados estarían estudiando la posibilidad de aceptar una mayorpresencia del Estado, en el sector como mal menor. Según esta tesis, se trataría de conformar dos grandes bloques: uno, integrado por las empresas privadas con posibilidades de futuro, y otro, con participación mayoritaria de caudales públicos, que en ocasiones debería actuar como escoba de las compañías privadas en peor situación. La concentración empresarial, según estas tesis, no se produciría necesariamente de forma total, sino que se podrían adquirir activos de las sociedades en peor situación, sin tener que proceder a la toma de participaciones mayoritarias en su capital.

Este punto de vista encuentra contestación desde los dos flancos. Para algunos empresarios tradicionales, el aumento de la presencia pública en el sector representa una seria amenaza, a la vez que vuelve a resucitar el temido afán nacionalizador del Gobierno socialista.

En el otro lado de la balanza, y desde medios próximos a las posturas de los ortodoxos del PSOE en temas energéticos, se apunta que esta situación volvería al Estado al papel de almacén de desechos, y miran con aprensión lo que califican de "voracidad de los más fuertes".

Lo que sí parece descartado por el momento, o al menos así lo manifiestan casi todos los portavoces de las empresas del sector, es un proceso indiscriminado de fusiones. Las tres compañías eléctricas medianas, Electra de Viesgo, Reunidas de Zaragoza e Hidroeléctrica del Cantábrico, parecen tener asegurada su independencia, al menos en los próximos meses, al no entrar su control inmediato en la agenda de prioridades de ninguna de las grandes con posibilidades de desembolsar sus precios.