La tensión social en Andalucía comienza a preocupar a las autoridades

La incapacidad de la Administración para sustituir en el plazo previsto el paro comunitario por un nuevo sistema -considerado mejor al anterior-, una cierta rivalidad entre el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y Comisiones Obreras (CC00), y el anuncio de que el Gobierno autónomo proyecta poner en marcha una ley de Reforma Agraria, han venido a sumarse en los primeros meses de este año a las crónicas causas de inquietud en el campo andaluz. De forma casi diaria hay un parte de ocupaciones de fincas, encierros, marchas o cortes de carreteras. Aunque la conflictividad real es menor de lo que este parte de noticias pudiera hacer creer, el clima de tensión sostenida comienza a preocupar a las autoridades. Una rápida puesta en marcha del Plan de Empleo Rural (PER) parece ser el único método para aflojar esta tensión.

Ante cualquier análisis de la situación en el campo andaluz hay que partir de una realidad dolorosa: no hay trabajo. Durante años el campo andaluz ha enviado a las ionas industrializadas de España o al extranjero gran parte de su excedente de mano de obra. La crisis no sólo ha frenado esa emigración, sino que ha comenzado a provocar el retorno de aquellos antiguos emigrantes a su medio de rural de origen. A eso se une la mecanización progresiva de los cultivos agrícolas. En la actualidad, se estima en más de 200.000 el número de trabajadores del medio agrícola andaluz carentes de: tierra y dependientes de un trabajo temporero que escasea.La incapacidad para crear trabajo ha llevado a los sucesivos Gobiernos desde los años setenta a utilizar el sistema conocido como paro comunitario, a fin de evitar la explosión social. Consistente en la distribución de fondos a través de los ayuntamientos, primero, y de los gobiernos civiles, después, proporcionaba a los jornaleros unos ingresos mínimos que les garantizaban la superviviencia durante los meses en que no podían encontrar trabajo, a cambio de realizar tareas para el municipio o para algún organismo inversor que pusiera los materiales para ello.

La corrupción del empleo comunitario

Las listas de beneficiarios fueron llenándose de personas que no tenían por qué figurar en ellas; en muchos puntos, los alcaldes utilizaban el censo con fines de clientelismo político; el crecimiento progresivo de la masa de hombres sin trabajo desbordó las previsiones y dejaron de existir tareas que encargar a los acogidos al sistema, o dieron lugar a que se: les proporcionaran tareas inútiles y en ocasiones humillantes; el propio sistema creó un conformismo peligroso.El crecimiento de los beneficiarios ha sido espectacular. De 1981 a 1983, el promedio mensual ascendió de 74.000 a 135.000. Durante el año pasado, hasta 213.000 personas estuvieron apuntadas al menos un día. En esamasa aparecen mezclados jornaleros que pasan verdadera necesidad, sin otro ingreso que las 1.270 pesetas diarias, cuatro días por semana, con personas que sumaban el ingreso del paro a otras rentars y cuya presencia en las listas de beneficiarios no era justificada.

Un muestreo realizado por la Delegación del Gobierno en 20 pueblos de Sevilla detectó que algunos se habían comprado durante el año un coche, y en cuatro o cinco casos de precio alto, por encima de lo que cabe considerar como coche asequible: a la clase media. Frente a eso, existe una gran mayoría que viven al límite de la superviviencia.

Como sustitución del paro comunítario, la Administración socialista preparó un nuevo sistema, de aplicación en Andalucía, que comprende tres aspectos: Plan de Empleo Rural, subsidio de desempleo y formación ocupacional. Aunque ha sufrido fuertes críticas desde CC OO, es considerado en general como notablemente mejor que lo que hasta ahora existía. Supone, por un lado, la puesta a cero de los censos de beneficiarios, a fin de realizarlos correctamente ahora. Por otro, se presenta como una forma más racional de la utilización del dinero, que con el anterior sistema se venía enterrando sin provecho. El PER destina una partida de cerca de 46.000 millones de pesetas a crear trabajo en el campo: 16.508 millones de pesetas para salarios y el resto para proyectos y materiales. La formación ocupacional destina 2.000 millones de pesetas a becas-salario para la población joven sin perspectiva de empleo. Y, por último, ofrece un subsidio de desempleo como prestación al trabajador agrícola en paro que no pueda acogerse a ninguno de los otros dos apartados.

Los problemas han llegado, fundamentalmente, por la incapacidad de la Administración para sustituir un sistema por otro sin solución de continuidad, así como por la mala redacción inicial del decreto. En su redacción inicial, éste señalaba que, si bien en 1984 tienen derecho a incluirse en el censo todas las personas que hayan estado apuntadas, aunque sólo sea un día, en el año pasado al paro comunitario, para 1985 hará falta acreditar 60 peonadas en el campo y dentro del área en que se implanta el sistema, es decir, Andalucía y Extremadura.

En posteriores correcciones, se admitió que las peonadas en el campo pudieran hacerse en cualquier lugar, dentro o fuera de España, y se ha llegado a conceder que las jornadas de trabajo a realizar en el Plan de Empleo Rural, que no tendrán que ser necesariamente agrícolas, contabilicen al efecto de alcanzar esas 60 peonadas, e incluso se especula con la posibilidad de bajar el tope hasta las 40 peonadas anuales. El trabajo es tan escaso en algunas comarcas que la experiencia dicta que es muy difícil alcanzar 60jornadas de trabajo en un año.

Pero el mayor problema ha sido el retraso en la puesta en marcha del nuevo sistema. Si el paro comunitario, que se cobraba día a día, finalizó el 31 de diciembre, el primer ingreso, a través del subsidio agrario, de los inscritos al nuevo sistema no llegó hasta el 20 de enero. Esos 20 días de espera ftieron díficiles para algunas familias, y dieron lugar a momentos de auténtica tensión en algunos puntos.

El citado subsidio ofrece a los jornaleros el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) durante 20 días al mes, nueve meses al año. En total, ofrece algo menos de 180.000 pesetas al año, con el añadido de que no tendrá derecho a él ningún j omalero perteneciente a una familia en la que por otros conceptos se ingrese una cantidad equivalente o superior al 150% del salario mínimo interprofesional. Eso excluye de entrada la posibilidad de que haya más de dos inscritos por familia. El paro comunitario ofrecía 1.270 pesetas diarias, cuatro días por semana, pero sin límite de meses. Un jornalero adscrito todo el año llegaba a cobrar cerca de las 245.000 pesetas.

Retraso del Plan de Empleo

Por su parte, el SOC, sindicato de menor implantación, pero con capacidad de movilización en las zonas de influencia anarquista clásica, ha hecho hincapié en la necesidad de trabajo más que del subsidio, que considera una limosna que rebaja la dignidad del jornalero. El pasado 29 de febrero, cuando uno de los más destacados líderes del SOC, Francisco Casero , llevaba ya 17 días de huelga de hambre y estaba internado en Sevilla con tratamiento de suero, el Consejo de Ministros aprobaba el PER, que se presenta como la piedra angular del nuevo sistema. De su buen o mal funcionamiento parece depender, en enorme porcentaje, la paz social del campo andaluz. El PER crea una bolsa de dinero para salarios y otra para obras y proyectos. Con ello pretende ofrecer trabajo a los trabajadores agrícolas en paro, a los que pagará los sueldos de convenio que correspondan a las tareas que se les encomienden.Tan injustificado como el retraso del PER, pero mayor aún, es el del tercer apartado del nuevo sistema, el de la formación ocupacional.

Pero hay que aclarar que el nivel de tensión en el campo andaluz no es tan grave como puede indicar la lectura diaria del parte informativo que se emite por los medios de comunicación. Sí hay una conflictividad media que puede estallar en cualquier punto o en cualquier momento. La mayoría de las ocupaciones son meramente simbólicas y apenas diferenciables de una jornada de pic-nic; una huelga general en un pequeño pueblo no consiste en otra cosa que en el cierre de las tres tiendas existentes en el mismo, puesto que el trabajador del campo está parado de forma crónica; los encierros no siempre son reales.

Junto a eso ha habido acciones serias y momentos en que se ha rozado el conflicto. La Federación del Campo de CC OO programó una sucesión de cortes de carreteras y vías férreas que dio lugar a varias detenciones. El SOC ha realizado con frecuencia ocupaciones efectivas de fincas, en ocasiones toleradas por el propietario.

Cierta rivalidad entre ambos sindicatos parece contribuir no poco a esta actividad. Comisiones Obreras, con más implantación, acusa al SOC de minoritario y de carecer de representatividad, pero sufre su propio conflicto interno por la línea extremadamente dura que quiere proporcionar a sus acciones el líder del campo Juan Antonio Romero.

El SOC, por su parte, hace gala de su papel de sindicato meramente campesino, sin necesidad de pagar cuotas de servidumbre política a ningún partido, y hace gala de mayor imaginación para movilizar sus escasas fuerzas; el SOC depende de forma casi exclusiva del contacto directo de sus tres líderes más significativos, Casero, Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, y el cura Diamantino, pero ha realizado las acciones más llamativas de los últimos tiempos.

No han sido estos dos sindicatos las únicas fuerzas que han jugado a aprendices de brujo. Unión General de Trabajadores (UGT), que mantiene estos días una actitud seria y una distancia prudente hacia estos conflictos y confia en el nuevo sistema, tuvo la desgracia, a últimos de diciembre, de ser responsable de un corte de carreteras en Puerto Serrano, que dio lugar a los incidentes más graves de los últimos tiempos, entre ellos la pérdida de un ojo por parte de un jornalero. La Junta, por su parte, ha desenterrado un viejo fantasma, al dotar del nombre de Reforma Agraria a una ley de modernización de las estructuras agrarias que ha redactado. La iniciativa, por otra parte, es vista con recelo en diversos círculos, en los que se estima que sólo va a servir para enterrar en un sector que no es arrastre de la economía general de la región unos recursos económicos que podrían ser más rentables en otros sectores.

Si bien algunas opiniones estiman que, pasado el tiempo y si todo sale bien, puede servir para enterrar de forma definitiva el carácter trágico y solemne de la expresión, por el momento ha servido, y está sirviendo, para poner en alerta a los dos sectores clásicamente enfrentados, jornaleros y propietarios.

Guerrilla social permanente

Los propietarios tienen, además, algunos motivos de queja. Se quejan de indefensión ante las continuas ocupaciones, y sobre todo acusan a las autoridades de no haber sido capaces de enfrentarse a movimientos de los jornaleros contra la mecanización de algunos cultivos, que los propietarios consideran imprescindible.Toda esta suma de factores coloca al campo andaluz en una situación de guerrilla social permanente, y el espectáculo, contemplado desde cerca, deja la impresión de que hay demasiada gente jugando con fuego. Poco a poco se va creando una nueva mitología campesina, hecha de nombres como Juan Antonio Romero, María la de Lora -una especie de Pasionaria de la comarca del Canal, cerca de Sevilla-, Paco Casero, el alcalde de Marinaleda, el cura Diamantino o el tuerto de Bornos, la primera víctima, por el momento, de esta absurda guerrilla. El Plan de Empleo Rural puede ser un parche lo suficientemente grande como para calmar las cosas, pero sólo si funciona bien, si la Administración es capaz de hacer un censo serio y de utilizar bien los recursos de que dispone. Pero ni este PER, ni el subsidio de desempleo, ni la formación ocupacional, cuando entre en funcionamiento, podrán servir para ocultar una verdad: que el campo no es la solución de Andalucía, y que en el campo andaluz hay 200.000 personas sin trabajo la mayoría de los meses del año, muchas de ellas con niveles de ingresos mínimos y abocadas a una economía de supervivencia.