La huelga de camiones pone a Francia al borde del caos, mientras el Gobierno comienza a hablar de la politización del conflicto

Los tenores de la vida política francesa se muestran extremadamente moderados ante el grave conflicto creado por los 260 atascos, que ayer aún entorpecían, gravemente en algunos sectores, el desarrollo de la vida del país, pero el Gobierno empieza a hablar de politización. La situación en la mitad de los departamentos es caótica, y si durante ocho días se mantiene el corte de las grandes arterias de circulación, Francia desembocará en la penuria. Los transportistas españoles afectados por el conflicto dicen haber perdido varios cientos de millones de pesetas y proyectan reclamar a la Administración gala.

A última hora de la tarde de ayer, el conflicto parecía entrar en vías de apaciguamiento, ayudado por la importante decisión de los aduaneros italianos de dar por terminada su huelga de celo. Que el ministro del Interior, Gaston Defferre, tuviese que echar mano de un helicóptero para trasladarse al aeropuerto Charles de Gaulle, en el norte de la capital francesa, porque los transportes pesados han cortado la circulación, no es más que una anécdota que al mismo tiempo protagonizó también el alcalde de París, Jacques Chirac, que llegó en avión al mismo aeropuerto y tuvo que tomar el metro para viajar hasta París ciudad.Pero de las anécdotas al desquicio de la vida nacional se puede llegar en menos de una semana, según los cálculos, si los camiones no se mueven, y si 1.000 taxis de los 14.000 de la capital, tal como han amenazado, se solidarizan con sus colegas los camioneros. Y si, como consecuencia de la parálisis reinante de los transportes, continúa aumentando el número de parados técnicos de la industria automovilística, que ayer ya llegaban a 50.000. Y si los parisienses, como los vecinos de otras capitales, por miedo al día de mañana, continúan haciendo acopio de legumbres, de fruta, de carne, de pescados, de productos frescos en general y de café.

Conflicto incontrolado

El Gobierno, tras un primer tiempo en el que no calibró la importancia del colapso nacional de los camioneros, juega ahora la carta de la división de los transportistas y de su hastío. Anteanoche se reunió en consejo interministerial para estudiar la situación, pero al final no tomó ninguna medida excepcional. Por el contrario, reiteró el acuerdo que había concluido dos días antes con los sindicatos, en el sentido de estar abierto al diálogo con los representantes de los camioneros para intentar encontrar compromisos referentes a las diversas reivindicaciones, sociales, económicas y aduaneras La misma reunión se repitió ayer, sin resultados nuevos. La principal reivindicación, relativa al precie, del gasoil, le costaría al Gobierno 1.500 millones de francos (30.000 millones de pesetas). En el último Consejo de Ministros, anteayer, el presidente de la República, François Mitterrand, se mostró opuesto a todo tipo de concesiones de tinte corporativo.El partido del Gobierno, el Socialista, como algunas personalidades de la mayoría de izquierdas, y el sindicato cercano al partido comunista, Confederación General de los Trabajadores (CGT), creen entrever síntomas de politización. Esto es, que la expansión y el encono del movimiento reivindicativo de los camioneros no respondería a causas puramente profesionales, sino que, azuzados por algunos pequeños patronos, los transportistas apuntarían las leyes sociales en favor de los obreros dictadas por el Gobierno socialista desde que llegó al poder.

Por ahora, esto no es más que una sospecha. Los líderes políticos de los partidos dominantes, por el contrario, rezuman moderación.

Por otra parte, el mercado de Saint Charles y todos los accesos por autopista a Perpiñán permanecieron ayer bloqueados, informa Jordi Busquets. Ninguna mercancía puede entrar o salir de aquel importante centro comercial y de reexpedición de mercancías, muy utilizado por los exportadores españoles que, de esta. forma, se ven perjudicados por las movilizaciones de los transportistas franceses. La anormalidad no ha tenido hasta el momento repercusiones significativas en la frontera española de La Jonquera. Anoche, citando fuentes de tres patronales del sector, Efe informó que los transportistas españoles evalúan en varios centenares de millones de pesetas las pérdidas sufridas en la imnovilización o deterioro de mercancías, y que han reclamado al Gobierno español una intervención rápida para que proteja sus intereses.