Un capitán de la Guardia Civil declaró en la causa contra dos jueces de Barcelona acusados de cohecho
El capitán de la Guardia Civil Carlos Gil declaró el pasado viernes, 17 de febrero, en la causa abierta contra los magistrados Carlos Lorenzo-Penalva Vega y Joaquín García Lavernia y otros seis profesionales del Derecho por presuntos delitos de cohecho.Diez meses después de que fuera destapado el escándalo, en el que aparecen implicados dos jueces de Barcelona, éstos continúan desempeñando sus cargos en sus respectivos juzgados, sin que el juez instructor ni el Tribunal Supremo hayan considerado oportuno relevarlos o suspenderlos.
En medios jurídicos se ha asegurado que tampoco se ha efectuado ninguna modificación sustancial en la forma que tienen los juzgados de designar los interventores judiciales de las suspensiones de pagos y de las quiebras. Ésta ha sido la segunda ocasión en que este capitán declara en la causa judicial instruida por las presuntas corrupciones descubiertas en los juzgados números 2 y 6 de primera instancia de Barcelona, a raíz de los nombramientos de los interventores de los trámites de suspensión de pagos o procedimientos de quiebra. Al capitán Carlos Gil, responsable del grupo de Estafas de la Guardia Civil, le fue encomendada la investigación.
El presunto fraude se descubrió a raíz de una denuncia anónima, presentada, al parecer, por un ex empleado del despacho de un abogado, del que había sido despedido. La documentación llegó a manos de la Guardia Civil, que la trasladó al presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Antonio Gómez Reino, para que le diera el trámite oportuno. Al parecer, inexplicablemente, el titular de la Audiencia de Barcelona perdió la documentación. Meses más tarde, el anónimo comunicante insistió en su denuncia, poniéndola en conocimiento de una revista de Madrid. Este incidente provocó, el pasado mes de junio, la destitución del Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Antonio Gómez Reino.
A finales del pasado mes de mayo, el fiscal general del Estado presentó el escrito de querella contra los dos magistrados y otros seis profesionales del Derecho, acusándoles de los delitos de cohecho, al haber recibido presuntamente más de nueve millones de pesetas, en conjunto, como porcentaje de las ganancias de los interventores judiciales nombrados por ellos.
