La CEE debate hoy el documento agrícola para el ingreso de España
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE estudia hoy la declaración agrícola que será entregada a España el martes, y cuya aprobación puede suponer el espaldarazo definitivo a la adhesión española. Francia, tradicional opositora a la ampliación del Mercado Común mientras no se alcanzara un acuerdo sobre la agricultura mediterránea, parece haber suprimido una parte importante de sus objeciones y ha expresado su voluntad de que las negociaciones finalicen el próximo mes de septiembre, lo que permitiría el ingreso de España a principios de 1986.El principal obstáculo para la agricultura española se centra en las frutas y hortalizas, sector para el que Francia -con la aquiescencia de Italia y Grecia- exige el sistema de dos etapas. El resto de la agricultura estaría sometido a una "transición clásica" progresiva, es decir, España dispondría de siete años para organizar sus estructuras de mercado, aproximar precios y ayudas, eliminar aranceles y otras tasas, lograr la unión aduanera y asumir la preferencia comunitaria frente a países terceros.
La CEE justifica la necesidad de una primera fase para las frutas y hortalizas por la falta de estructuras y mecanismos para aplicar la política agrícola comunitaria. Durante esta primera etapa, España recibiría igual trato que un país tercero, ya que no gozaría de ninguna financiación comunitaria para garantizar los precios, aunque su evolución estaría sometida al control comunitario. Otros sectores españoles (lácteo, carne bovina, cereales y arroz) tendrían que adaptarse a las normas comunitarias desde antes de la adhesión, lo que exige suprimir los monopolios interiores de producción y comercialización.
La duración total del período transitorio está aún por decidir (10 años, pero ampliable a 12 con el acuerdo de España), así como la duración de la primera etapa (cuatro o cinco años) y si el paso a la segunda ha de ser automático. En cuanto al vino, el proyecto de declaración de la Comisión Europea señalaba la necesidad de que España equipare sus precios con los de la CEE desde el momento del ingreso.
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