Grave situación política en Portugal por la falta de pago a miles de trabajadores
El Gobierno portugués reconoce la gravedad de la situación creada por la existencia en Portugal de varias decenas de millares de trabajadores que no reciben sus sueldos desde hace meses. El cambio de tono del Gobierno en relación al más grave problema social actualmente planteado en Portugal fue acogido favorable -mente por el grupo comunista, autor de la interpelación parlamentaria sobre el tema.
Mario Soares quiso dar pruebas de la seriedad con que encara este "verdadero flagelo social", aplazando el pleno del Consejo de Ministros para permitir a los titulares de Economía y Trabajo acudir al Parlamento para responder a las críticas de los diputados.El socialdemócrata Amandio de Azevedo, ministro de Trabajo, no contestó seriamente la denuncia presentada por el grupo comunista: la divergencia acerca del número de trabajadores afectados (150.000 según los comunistas; más de 90.000 según la encuesta realizada hace más de un mes por el Ministerio de Trabajo) es secundaria si se compara con la gravedad de los hechos, unánimemente reconocida. Fiel a su filosofía de reducción del intervencionismo estatal en las relaciones laborales, el ministro de Economía mantiene que el problema de los salarios en suspenso, como el del paro, encontrará una solución efectiva y duradera con la reorganización global de la economía portuguesa. . Sobre el tema concreto de las plantillas sin sueldos, el Gobierno considera que se trata de un problema de "gestión de las empresas", ajeno a sus competencias. El ministro de Trabajo rechaza la propuesta comunista de cargar al fondo de paro el pago de los sueldos atrasados y de sancionar deudoras. Como mucho, el ministro autorizó que el fondo de desempleo pagase a los trabajadores -sin salarios desde hace más de un mes- cantidades de una importancia igual al subsidio de paro, pero a título de préstamo reembolsable.
Prometió también acelerar la creación de un "verdadero subsidio de paro", al que tendrían derecho los trabajadores que cotizan el 2,5% de sus salarios para el fondo de desempleo. El sistema actual hace que apenas el 10% de los parados oficialmente reconocidos tenga derecho a una subvención inferior al salario mínimo.
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