Rumasa no tiene quien la quiera
Al cumplirse un año desde la expropiación, las pérdidas del grupo siguen creciendo, mientras escasean las ofertas de compra
Un año después de la fulminante expropiación del mayor holding privado de España, la corona de laurel que ciñó entonces el ministro de Economía, Miguel Boyer Salvador, se va poblando de espinas. El lento calvario reprivatizador eleva aceleradamente las pérdidas de la mayor operación nacionalizadora que en España vieron los siglos, mientras el mercado para la reventa de Rumasa parece convertirse progresivamente en almoneda. Los 285.000 millones de pe setas de pérdidas acumuladas al 23 de febrero de 1983 se transformaron en 365.000 millones a finales del año pasado y se acercarán -principalmente por los costes financieros, y al margen de la buena o mala gestión del Patrimonio- a los 455.000 millones a finales de este año.
Los trabajos técnicos previos a la reprivatización están muy avanzados, tras el impulso de gestión que siguió a la sentencia limite -seis votos a favor y seis votos en contra- del Tribunal Constitucional favorable a la expropiación por el voto de calidad de su presidente. En estos momentos están prácticamente ultimados los 90 cuadernos de venta que incluyen a unas 250 sociedades operativas del grupo Rumasa. Sin embargo, todo parece indicar que las condiciones iniciales presentadas en tales cuadernos de venta ahuyentan a los eventuales compradores que acuden al panal de la abeja en busca de regalos o saldos públicos.Medios económicos habitualmente solventes auguran ahora, en el primer aniversario, que una gran parte de las empresas podrían quedar para siempre en el Estado por efecto de una fatal combinación de costes económicos y costes políticos que haría muy difícil, por no decir imposible, su reprivatiz ación. Las empresas -a excepción de las anecdóticas, de las que tenían un socio activo junto a José María Ruiz-Mateos o de aquellas interesantes para un sector que trate de impedir la presencia del termómetro estatal en su zona- tienen muy pocos novios. Los privados no están haciendo cola para comprar al Estado las empresas importantes de Rumasa.
Hasta ahora, el Gobierno sólo autorizó -aunque no era preceptiva su autorización por tratarse de empresas sumergidas, participadas por Rumasa y no directamente expropiadas por la ley- la venta del 50% de Caramelos Mauri a su antiguo propietario, Pedro Mauri, por 110 millones de pesetas, y el 100% de la compañía de seguros Fénix Peninsular, SA, a Assurances Générale de France, por 1.500 millones de pesetas. Cementos Portland y Naviera del Noroeste pueden ser vendidas en breve a privados del mismo sector, mientras que Electroquímica del Noroeste puede seguir en el sector público, mediante un cambio de cromos del Patrimonio por otros del Instituto Nacional de Industria.
Las restantes doscientas y pico sociedades operativas que han sobrevivido a la limpieza realizada por los gestores públicos apenas tienen pretendientes con buenas intenciones. Nadie quiere aceptar una valoración de los activos (instalaciones, equipos, existencias, bienes, etcétera) que le exija cargar con una parte, por mínima que sea, de los pasivos (principalmente créditos a devolver a los bancos de Rumasa). La discusión y el regateo se centran ahora, pues, en los criterios de valoración de activos; criterios que el fundador de Rumasa critica insistentemente desde Londres, considerándolos premeditadamente bajos para simular públicamente una situación de quiebra que justificara la expropiación preventiva del 23 de febrero de 1983.
Las rebajas de febrero
Tras haber devaluado públicamente, durante nueve meses, el valor de los activos de Rumasa, siguiendo una política calificada de suicida por cualquier vendedor de postín, y una vez aliviado el trauma de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno se esfuerza ahora por mejorar la imagen de las empresas de Rumasa y elevar en lo que pueda el precio de venta de ese cementerio de casi medio billón de pesetas públicas.
Pero a medida que aumentan las pérdidas, con cargo al bolsillo de los contribuyentes, crecen también las dificultades para dar una salida políticamente presentable a la reprivatización. O se regalan en malas condiciones, bajando el listón más de lo que la prudencia política aconseja, o de lo contrario no se venderán nunca, dicen los especialistas. Cada día que pasa se emplea más y más dinero público en mantener y sanear Rumasa. Y este fenómeno se produce en desesperante espiral, pues no sólo crecen las pérdidas, sino, lo que es peor, los tipos de interés, que son la razón de la progresión de los números rojos. Esta escalada desenfrenada de pérdidas, independiente de la gestión actual, hace más difícil la recuperación de una parte del dinero público y reduce también las ofertas de compra del sector privado.
Muy pocos medios económicos cuestionan hoy día las razones de fondo de aquel costoso acto expropiatorio: una mezcla de temor al eventual estallido de una bomba de relojería financiera con la arrogancia o imprudencia oficial frente al pulso de un particular aislado por su tribu. Sin embargo, existe la creencia generalizada de que nadie pensó, en la noche del 23 de febrero de hace un año, en la salida final de este vía crucis emprendido por Boyer Salvador.
Inmediatamente después de la expropiación, y para limpiar cualquier sospecha de izquierdismo o nacionalización encubierta, el ministro de Economía aclaró que las empresas y bancos de Rumasa permanecerían transitoriamente en el Estado; transitoriamente también, el Banco de España financiaría y el Patrimonio y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) administrarían las empresas y los bancos, respectivamente. Esta situación provisional terminaría el día que hubieran sido reprivatizados todos los bancos y empresas.
Nadie pareció pensar entonces en la remota posibilidad de que las situaciones provisionales -como en el caso de los alféreces- se prolongaran indefinidamen te por imperativos económicos o políticos o, simplemente, por falta de comprador a precio justo. Al cabo de un año, nos acercamos, según aseguran fuentes solventes no oficiales, a la posibilidad de que no todo se reprivatice; ni siquiera la mayor parte. Incluso, en medios representativos del partido socialista que no quieren ser indentificados por temor a la depuración fulminante, se acaricia aún la idea de que una buena parte de los bancos de Rumasa quede para siempre en manos del Estado para competir con el oligopolio privado de captación de depósitos.
La cuota de la banca privada
Por su parte, los bancos españoles -salvo el Vizcaya, que parece últimanente ir a por todas- están disimulando o perdiendo su secular interés en los bancos de Rumasa, pues están haciendo la diges-
Rumasa no tiene quien la quiera
tión de anteriores absorciones y tratan de no verse implicados en una eventual bronca política entre sectores enfrentados del PSOE. Por el contrario, los bancos extranjeros siguen interesados por comprar algunos pequeños de Rumasa para poner un pie en nuestro mercado.Entre tanto, los 220.000 millones de pesetas que el Banco de España ha anticipado ya a los bancos de Rumasa para mantener la actividad económica del holding deberán ser apuntados algún día, no muy lejano, en la cuenta de pérdidas del Tesoro público. Esta operación sigue pendiente del diseño definitivo que el ministro de Economía, Boyer Salvador, decida dar a la operación por la cual afirmó públicamente (EL PAIS, 3 de diciembre de 1983) que "la banca privada pagará su parte para sanear Rumasa".
Los 660.000 millones de pesetas depositados hace un año en los 20 bancos de Rumasa estaban asegurados, hasta 1,5 millones de pesetas por cliente, por el Fondo de Garantía de Depósitos bancarios (mitad Banco de España, mitad banca privada). La expropiación, y la promesa ministerial de que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos, evitaron que la banca privada pagara, a través del FGD, la mitad del saneamiento de Rumasa.
Para compensar el esfuerzo hasta ahora exclusivo del Estado en poner a flote los bancos de Rumasa -lo que ha demostrado, al cabo de un año, que la excepcional vía expropiatoria ha sido bastante más cara para los contribuyentes que la tradicional del FGD-, el Ministerio de Economía diseñó un borrador de emisión de deuda pública próxima a los 365.000 millones de pesetas perdidos ya en Rumasa. Este sería comprado por la banca española en condiciones peores a las del mercado; es decir, a unos 10 a 12 años de plazo y un tipo de interés cercano al 14% variable, según un sofisticado sistema que tendría en cuenta la inflación y la evolución del precio del dinero.
La diferencia entre lo que habría ganado la banca colocando ese dinero en el mercado libre y el bajo interés que percibiría del Estado sería interpretado como aportación o pérdida de la banca privada en beneficio del saneamiento de Rumasa. Esta aportación, ajuicio de los círculos bancarios consultados, les daría vela en el entierro y podría justificar políticamente la vuelta al sector privado de unos bancos saneados mayoritariamente con dinero público. Por razones que desconocemos, el proyecto de la emisión de deuda Rumasa o deuda Boyer permanece aparcado y posiblemente desestimado, lo que dificulta una reprivatización presentable de los bancos de Rumasa.
Plan de belleza en 12 meses
Sin embargo, el Fondo de Garantía trabaja a marchas forzadas aplicando a los bancos de Rumasa un plan de embellecimiento en 12 meses como si los fuera a vender mañana mismo. El FGI) (mitad público, mitad privado) sigue aplicando sigilosamente la cirugía estética a 14 de los bancos del holding, mientras condena a los seis restantes con todos los créditos del infierno.
Los seis bancos que, tras analizar las cifras recogidas en el cuadro adjunto, están sirviendo de basurero de Rumasa son el Noroeste, el General, el Industrial del Sur, el Condal, el Jerez el Latino. Los bancos embellecidos mediante la reducción de peso de sus inversiones crediticias en empresas de Rumasa y/o el robustecimiento de sus depósitos por trasvase de oficinas y concentración regional de las mismas son los siguientes: Expansión Industrial, Norte, Comercial de Cataluña, Extremadura, Albacete, Murcia, Masaveu, Sevilla, Oeste, Alicantino de Comercio, Hueluelva, Toledo y Peninsular. El caso del Banco Atlántico, por su escasa concentración de riesgos en Rumasa, se considera como un caso especial, ya que su venta apenas afecta a la marcha de las empresas del holding.
Pérdidas para todos
Bajo el inocente nombre de reestructuración geográfica se han reagrupado las oficinas de los diversos bancos de Rumasa con el resultado que puede observarse en las columnas de "Inversiones crediticias" y de "Recursos ajenos". Los que: aligeran pasivo son los que concentran las miradas más golosas de los banqueros, cuya voracidad para engullir segundas marcas ha sido palpable en los últimos años de crisis financiera. Pero la, propia crisis bancaria, que ha aumentado considerablemente el grado de concentración y las necesidades de digestión de la banca española, así como la prudencia, parecen desaconsejar que los banqueros sigan destinando sus recursos propios a comprar nuevos bancos, salvo que les sean regalados.
Por otra parte, un análisis rápido del cuadro adjunto muestra los drásticos cambios operados sobre todo en la estructura del pasivo de los bancos. Globalmente, en nueve meses (de 31 de febrero a 31 de noviembre) han perdido 46.970 millones de pesetas, sin tener en cuenta otras decenas de millones de pesetas que se perdieron durante los días que precedieron y siguieron a la expropiación. Al mismo tiempo que pierden depósitos, los bancos de Rumasa siguen prestando dinero a las empresas de Rumasa, con un incremento de inversiones crediticias de 152.795 millones de pesetas.
La suma de los depósitos perdidos y de los créditos concedidos da una cifra muy aproximada a la cantidad de dinero aportada en esos nueve meses por el Banco de España, situada precisamente en tomo a los 200.000 millones de pesetas. A finales de este año, las pérdidas acumuladas de Rumasa equivaldrán a 45.500 pesetas por familia española, más de 11.000 pesetas por cada español. Y todo lo que el Estado obtenga de beneficio por una buena gestión y venta de los activos de Rumasa habrá que descontarlo, a partir de ahora, de este empobrecimiento colectivo ya producido y realmente descontado.
