Las incompatibilidades afectarán también al personal de la Administración militar

Las incompatibilidades para los funcionarios públicos afectarán también al personal al servicio de la Administración militar y a todos los empleados de la Seguridad Social, según explicó ayer el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, al presentar ante el Pleno de las Cortes el proyecto de ley de incompatibilidades del personal de las administraciones públicas.Como ya hiciera el martes en la presentación del proyecto de medidas para la reforma de la función pública, Moscoso sugirió que el Gobierno socialista tratará de lograr el mayor consenso posible en las sucesivas etapas de tramitación parlamentaria del proyecto, que ayer vio rechazadas las enmiendas a la totalidad interpuestas por los grupos Popular y Centrista. En lo que se ha interpretado como un primer paso para el logro de ese consenso, la Minoría Vasca retiró la enmienda a la totalidad que tenía presentada. Vascos y catalanes también habían retirado el pasado martes sus enmiendas a la totalidad al proyecto de reforma de la función pública.

El ministro de la Presidencia, que destacó el carácter "transitorio" de este proyecto de incompatibilidades para funcionarios, que evitará crear situaciones angustiosas a aquellos funcionarios que ahora cobran dos sueldos públicos pero no rebasan unos mínimos mensuales; y afirmó que el texto es semejante a la normativa que ya rige en numerosos Estados occidentales. Recordó incluso que en varios países europeos, como Francia o Bélgica, los funcionarios públicos no pueden siquiera tener una segunda actividad remunerada de carácter privado, algo que, por el contrario, sí se permite, con las lógicas excepciones, en la normativa ayer presentada.

Entre las limitaciones más notorias para desempeñar una segunda actividad de carácter privado se encuentra el tráfico de intereses, y, en general, se impedirá la realización de todas aquellas actividades privadas en las que el funcionario pudiera hacer uso de su carácter de servidor público.

Tanto el centrista José Miguel Bravo de Laguna como el diputado del Grupo Popular José Antonio Romay justificaron sus enmiendas a la totalidad en el hecho de que el proyecto de incompatibilidades no debería tramitarse en solitario, sino dentro de una más amplia reforma administrativa.