Interior prepara el traslado de prision de algunos de los miembros de ETA que han solicitado indultos particulares

El Ministerio del Interior prepara el traslado desde la penitenciaría de Herrera de la Mancha hasta un centro de reclusión madrileño de algunos de los 33 presos de ETA que hasta la fecha han solicitado acogerse a la vía del indulto particular. Esta medida puede adoptarse en breve, según fuentes próximas al departamento, que confirmaron que en las últimas semanas habían sido examinados varios informes elaborados por la policía sobre algunos de estos reclusos. De los 33 solicitantes de medidas de gracia, 26 pertenecen a ETApm; y a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), y 4 han sido condenados por delitos realizados en nombre de ETAm.

Este posible traslado es una medida de buena voluntad por parte del Gobierno, que así confirma su disposición, apuntada con cierta prudencia por algunos de sus miembros, a dar una salida a aquellos presos sin delitos de sangre que se han comprometido a abandonar la lucha armada y las organizaciones que la sostienen.La competencia del Ministerio del Interior no es exclusiva en esta operación, en opinión de las fuentes consultadas, ya que se trata de una decisión en la que desempeña también un papel destacado el departamento de Justicia, especialmente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, el traslado, al ser un servicio exterior, corresponde a Interior y, en concreto, a la Guardia Civil.

El ministerio, no obstante, ha solicitado a la Comisaría General de Información la elaboración de informes policiales sobre los solicitantes de indulto, con objeto de estudiar la conveniencia o no de su traslado a otro centro penitenciario. Estos informes no son vinculantes para la concesión de medidas de gracia, ya que para ello sólo son necesarios informes de los tribunales y de los centros penitenciarios.

Con el informe policial, lo que se trata es de obtener una garantía sobre la personalidad del recluso, así como conocer su trayectoria con anterioridad a su última detención; todo ello con el fin de comprobar si efectivamente se trata de un caso en el que prima el deseo de reinserción social y la voluntad de abandonar la lucha armada.

El asesinato de Mikel Solaun hace pocos días por miembros de ETA Militar; los problemas de convivencia y la situación de inseguridad en la que se encuentran algunos de los solicitantes de indultos dentro de Herrera de la Mancha, y la campaña que en contra de estas medidas de gracia vienen realizando los propios milis y las distintas organizaciones vascas que actúan en la legalidad y que son próximas a los criterios de la organización, también han sido elementos de estudio por parte de las autoridades gubernamentales para adoptar esta decisión de traslado.

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La opinión de Fraga

Algunos mandos políticos no han ocultado su satisfacción al conocer la opinión favorable del líder de la oposición, Manuel Fraga, sobre la vía del indulto particular para aquellos presos dispuestos a abandonar la lucha armada. Satisfacción que se ha reavivado en los últimos días al manifestar el propio Fraga en Euskadi, tras la muerte de Solaun, que era necesario dar protección especial a los ya indultados y, en un futuro, a los posibles excarcelados.El pasado mes de octubre, con motivo del asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, el Gobierno endureció el trato penal de los terroristas y concentró a casi un 75% de éstos en la penitenciaría de Herrera de la Mancha, sin que se tuvieran en cuenta las ramas de la organización a que pertenecían, los años de condena impuestos por los tribunales o la conducta Penitenciaria. La concentración de los presos fue encomendada al jefe del Gabinete de Información y Operaciones Especiales de la Dirección de la Seguridad del Estado, el teniente coronel de la Guardia Civil Guillermo Ostos.

El Gobierno, tres meses después de reunir a los presos de ETA en Herrera de la Mancha, mantiene sus medidas legales, procesales y gubernativas sobre los terroristas y considera tan sólo como una excepcionalidad el posible traslado a Madrid de los solicitantes de indultos, motivado exclusivamente por su compromiso público de abandonar la lucha armada.

El objetivo final que se persigue desde fuera del Gobierno, y que de alguna forma se comparte dentro de él, es que los posibles beneficiarios de indultos sean trasladados, hasta que no se tome la decisión final en Consejo de Ministros, a la penitenciaría de Nanclares de la Oca, en Álava. Esta posibilidad no ha sido contemplada a corto plazo, al menos mientras Euskadi viva su proceso electoral autonómico.

Entre las últimas siete solicitudes de indulto, presentadas por el sacerdote Carlos Jiménez de Parga -que actúa también en nombre de la institución del Defensor del Pueblo-, figuran las dos primeras mujeres que se acogen a esta vía. Otros dos hechos significativos de las 33 peticiones son la procedencia o militancia de siete de estos reclusos, tres de ellos pertenecientes a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), y el resto, condenados por delitos realizados en nombre de ETA Militar.

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