El Defensor del Pueblo entrega a Justicia 26 solicitudes de indultos para miembros de ETA

El Ministerio de Justicia va a iniciar la tramitación de 26 solicitudes de indulto particular, entregadas en los últimos días en dicho departamento por el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez. Estas solicitudes corresponden a 26 internos de la penitenciaría de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, la mayoría de ellos condenados por delitos de terrorismo reivindicados por la rama político-militar de la organización terrorista ETA.

El departamento de Justicia, tras someter a estudio las peticiones, procederá a solicitar los correspondientes informes judiciales y penitenciarios, que deberán ser favorables en cada caso para que el indulto sea sometido a aprobación del Consejo de Ministros. Entre, los. solicitantes no figura ninguna mujer. En cambio, una de las solicitudes corresponde a Carlos José Catalán, condenado en su día por un delito de terrorismo atribuido a la rama militar de ETA.

Un número considerable de estas solicitudes de indulto particular es fruto de las gestiones que vienen realizando desde hace algunos meses el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Azcárraga y el secretario de Justicia del Gobierno vasco, Juan Porres. Ambos políticos han mantenido numerosos contactos con los reclusos de ETA e incluso han participado en reuniones celebradas en el interior de la penitenciaría de Herrera de la Mancha.

Según fuentes que siguen de cerca estas gestiones, es ya muy alto el número de miembros de ETApm VIII Asamblea que están dispuestos a optar por la vía del indulto particular y también es muy probable que esta actitud se extienda de forma parcial a otras ramas de la organización, especialmente a la militar. Las mismas fuentes señalaron que un grupo de reclusos de esta rama condenados por delitos no tipificados de sangre está inicialmente dispuesto a solicitar el indulto, aunque existe cierto temor entre ellos de que cualquier tipo de iniciativa pueda ser respondida de forma cruel e indiscriminada por parte de la organización.

En este sentido, señalaron que el asesinato de Mikel Solaun, el pasado sábado, es una advertencia de ETA Militar a todos aquellos militantes que intenten su reinserción social mediante el indulto. Las fuentes consultadas señalaron que esta organización se encuentra bastante debilitada y que con estas amenazas lo que pretende es presentar una imagen de fuerza, "que hoy día ha perdido".

'337 'etarras' en prisión

De los 468 terroristas internados en prisiones españolas, 337 pertenecen a las dos ramas de ETA y a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Un total de 216 de estos presos se encuentra recluido en la penitenciaría de Herrera de la Mancha.El mayor número de ellos, concretamente 171, pertenece a ETA Militar. El resto de internos lo constituyen 30 polimilis y 15 miembros de los CAA, a 25. La población reclusa de miembros de ETApm asciende a un total de 65 personas, y las de los CAA a 25.

La concentración de presos en Herrera de la Mancha fue una de las medidas acordadas por el Gobierno tras el asesinato del capitán de Farmacia. Alberto Martín Barrios por parte de los octavos. La operación de traslado desde las diferentes cárceles españolas, principalmente desde las penitenciarías de El Puerto de Santa María (Cádiz) y Nanclares de Oca (Alava), correspondió al Ministerio del Interior, que es el que asume las competencias de seguridad.

Interior nombró responsable del traslado al jefe del gabinete Información y Operaciones Especiales de la Dirección de Seguridad del Estado (DSE), teniente coronel de la Guardia Civil Guillermo Ostos. La concentración, que se llevó a cabo sin distinción de ramas, ha creado problemas de convivencia entre los reclusos, algunos de los cuales, especialmente los que han optado por el indulto, temen represalias internas.

Personalidades que están gestionarido estas medidas de gracia le plantearon recientemente al ministro del Interior, José Barrionuevo, el caso y le sugirieron que al menos los solicitantes de indultos pudieran ser trasladados a otras penitenciarías, en espera del fallo del Consejo de Ministros. De momento, el Ministerio del Interior ha respondido con el silencio, aunque los defensores de estos presos tienen esperanzas de que tome alguna decisión en breve, probablemente favorable.