La directora general de la Energía niega en el Congreso que exista un 'parón nuclear'

La directora general de la Energía, Carmen Mestre, negó ayer en el Congreso la existencia de lo que se ha denominado "parón nuclear" -anunciado por el ministro de Industria, Carlos Solchaga, el pasado octubre, al término de un Consejo de Ministros-, aunque luego admitió que "puede haberlo" si el Parlamento así lo decide cuando el Gobierno lo proponga dentro del Plan Energético Nacional (PEN), que próximamente remitirá a las Cortes.

La rotunda afirmación de la directora general dejó sumidos en un mar de confusiones a los miembros de los grupos parlamentarios (con excepción del socialista) que escuchaban su testimonio ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. El presidente de la comisión incluso interrumpió la sesión durante unos minutos para considerar la posibilidad de suspenderla, ya que había sido convocada precisamente para clarificar los anunciados planes del Gobierno de proceder a la interrupción de las obras en curso en cinco centrales nucleares.Repuestos de la sorpresa, los parlamentarios del Grupo Popular reanudaron la sesión para calificar de "insólita" la aseveración de la directora general. Posteriormente, a requerimiento de los periodistas, Carmen Mestre enmendó parcialmente su posición señalando que el Gobierno no ha decidido aún ningún "parón nuclear", aunque admitió estar considerándolo dentro de la revisión en curso del Plan Energético Nacional (PEN).

La confusa negativa de Carmen Mestre fue puesta en duda, en cualquier caso, por el diputado del grupo centrista Luis Mardones, quien se refirió al hecho de que el Ministerio de Industria y Energía incluso ha publicado una orden ministerial el pasado 15 de octubre, por la que se crea un fondo especial, en base a los recursos obtenidos vía tarifas eléctricas, para compensar a las empresas de los efectos financieros causados por la paralización de las obras de las centrales nucleares en fase de construcción.

Al margen del incidente, que siembra una mayor confusión de la que existía sobre los verdaderos planes que encierra el Gobierno dentro de su polémica y supersecreta revisión del PEN, Carmen Mestre utilizó su testimonio ante los diputadospara deshojar, gota a gotaJa margarita de los planes energéticos del Gobierno socialista. Mestre, en efecto, ainticipó que la "parada nuclear, si la hay", tendrá un efecto negativo sobre el nivel de empleo en el sector de los bienes de equipo, que ella misma estimó en 12.00 personas.

Señaló, sin embargo, que el PEN creará, como contrapartida, entre 80.000 y 90.000 nuevos empleos netos -es decir, descontando ya los 12.000 que se perderán- durante el período efectivo (le realizaciórÍ de las inversiones previstas. Sobre éstas, y fuera de la comisión, la directora general señaló que ascenderán a algo más de un billón (exactamente, 1.006.000 millones de pesetas) en el período comprendido entre 1984 y 1986. Carmen Mestre también ofreció algunos datos y justificaciones sobre el sistema utilizado para prever un crecimiento de la demanda eléc trica en los próximos ocho años del 3,3%, en una hipótesis media, y del 4% y 4,7%, en casos alternativos.

No habrá nacionalizaciones

El testimonio de la directora general coincidió ayer con una intervención de su jefe directo, el secretario general de la Energía y Recursos Minerales, Martín Gallego, en el curso de un almuerzo reservado en el Club Siglo XXI, que esta vez se abrió a un grupo reducido de periodistas. Martín Gallego deshojó algunos folios más del texto de la revisión socialista del Plan Energético Nacional. Contrariamente a Mestre, Martín Gallego no puso en entredicho la existencia de una moratoria nuclear al afirmar que "el texto del PEN contempla una participación inferior de la energía nuclear, dentro de la estructura de la energía primaria hasta 1992, en relación a la prevista en el PEN anterior".Según fuentes solventes, la actual versión del PEN, que está ya encuadernada y lista para su envío al Gobierno, establece un "parón nuclear" efectivo, si por esto se entiende la ignorancia definitiva de las autorizaciones previas concedidas por anteriores Gobiernos para construir cinco centrales englobadas dentro de lo que se denomina la tercera generación, que corresponden a los dos grupos de Valdecaballeros y Trillo, aparte de Redondela y Sayago (nunca consideradas en serio por la propia industria), así como otra central más, a decidir entre los siguientes grupos: Lemóniz I y II, Trillo I, Valdecaballeros I y Vandellós II.

Según el texto del PEN socialista, sólo dos grupos más de estas centrales mencionadas tienen garantizado su enchufe a la red en el horizonte de 1992, concretamente en algún momento posterior a 1985. Tal decisión, a juicio de las empresas, significa un importante recorte de los planes nucleares en curso, ya que paraliza inversiones realizadas del orden del medio billón de pesetas.