El Gobierno aborda su segunda crisis parcial al realizar importantes cambios en el Ministerio del Interior

Con el nombramiento de Rafael Vera como subsecretario del Ministerio del Interior, y la de Julián San Cristóbal, hasta ahora gobernador de Vizcaya, como nuevo director general de la Seguridad del Estado, el Consejo de Ministros cerró ayer la segunda crisis de importancia en el seno del Gobierno, una semana después del cese de José Víctor Sevilla como secretario de Estado de Hacienda. El Consejo aprobó el contrato programa de Renfe, con un recorte de 134.000 millones de pesetas en las aportaciones del Estado, la reestructuración orgánica del Ministerio de Hacienda, y la prórroga de la actual tabla de retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y una nueva tabla de retenciones para los pensionistas, entre otros temas.

El Consejo confirmó también la reestructuración del Ministerio de Hacienda, con el nombramiento de Juan Francisco Martín Seco como secretario general, y aprobó los nombramientos de dos civiles Eduardo Serra y Gustavo Suárez Pertierra como secretario de Estado y subsecretario de Defensa, así como el del general Rafael Hitos Amaro como interventor general y el del general Valentín Barriga Díaz como director general de Infraestructura. También nombró a Jesús Ezquerra director general de Asuntos Religiosos, y a Gregorio García Ancos director general de Registros y del Notariado.El portavoz del Gobierno no confirmó la comparecencia de Felipe González ante las cámaras de Televisión Española para explicar la necesidad de que se lleve a cabo la reconversión industrial. El portavoz del Gobierno explicó, en la conferencia de prensa para ampliar la referencia del Consejo de Ministros, que en la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno con los ministros de Hacienda, Industria y Agricultura, no se le planteó tal necesidad. "No obstante", afirmó, "es una buena idea que no debe ser excluida".

Eduardo Sotillos, al ser preguntado por los periodistas sobre la valoración del Consejo respecto a las recientes manifestaciones del presidente francés Mitterrand, afirmó que "no han sorprendido porque se tenían indicios sobre esa actitud que hace evidente el avance y predisposición del Gobierno francés hacia el ingreso de España en el Mercado Común". Sobre esta materia confirmó que se celebró tras el Consejo, y no como continuación del mismo, una reunión en la Moncloa en la que participaron ministros, subsecretarios y directores generales para estudiar, junto a expertos, temas relacionados con la integración en la CEE. Felipe González tiene previsto acudir a Bruselas los días 5 y 6 de marzo. Sobre el viaje del presidente a Arabia Saudí, tras el almuerzo en la Zarzuela, en el que junto a los Reyes de España y Arabia Saudí, participaron Felipe González y Fernando Morán, el portavoz indicó que desconocía si se había fijado fecha para el viaje del presidente español, que fue aplazado días atrás.

Eduardo Sotillos, al comentar el tema del, ingreso en prisión del periodista Xavier Vinader, dijo que como el propio presidente había manifestado, era absolutamente imprescindible que se produjera la actual situación para que el Gobierno considerara la posibilidad del indulto. "A partir de ahora", afirmó, "mi idea es que se va a poner en marcha el expediente. Una vez que se conozcan los informes de la sala que le juzgó, el Consejo podrá considerar la conveniencia de concesión del indulto, pero para ello no existe un plazo fijo, puesto que todo depende de los trámites judiciales".

Al ser preguntado por la actitud del Gobierno sobre la investigación abierta por el Tribunal Supremo a los miembros del Tribunal Constitucional como consecuencia de la filtración de la sentencia del caso Rumasa, Sotillos dijo que "el Ejecutivo quiere permanecer exquisitamente al margen".

Creación de 48 nuevos juzgados

Para agilizar el enjuiciamiento criminal, el Consejo aprobó la creación de 48 nuevos juzgados, de los cuales cuatro son de primera instancia, seis de instrucción, 23 de primera instancia e instrucción, y 15 de distrito. Por provincias, Barcelona figura con nueve nuevos juzgados, seguida de Cádiz con cinco, Murcia con cuatro, Alicante, Tarragona y Valencia con tres, Gerona con dos y Álava, Albacete, Almería, Baleares, Cantabria, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Las Palmas, Lérida, Logroño, Málaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Zamora y Zaragoza, con uno.Para favorecer el traslado voluntario de personal de la Administración destinado en Madrid a las comunidades autónomas y servicios periféricos de la Administración Central, se ha establecido, además de las ofertas públicas de empleo, un sistema de traslado permanente, al margen de los concursos especiales que se convoquen para cubrir plazas determinadas, al que podrán optar los funcionarios de carrera, interinos, eventuales, contratados administrativos o contratados laborales. Las peticiones de traslado podrán hacerse a una plaza determinada o a una de carácter genérico, y a la que podrá hacerse constar el nivel mínimo de ingreso y la localidad a la que desea ser trasladado. Las peticiones tendrán validez durante el año natural de su presentación.