Fuertes intereses se movilizan en torno al nombramiento del comisario general de la Exposición Universal de Sevilla

El primer y algo tardío paso que dio Sevilla para obtener la exposi ción universal en el V Centenario del Descubrimiento data de principios de 1982. Ante la petición de apoyo español a la candidatura de la ciudad norteamericana de Chicago, que había de decidirse en la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), con sede en París el presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Manuel Prado y Colón de Carvajal planteó la necesidad de competir con Chicago para traer la Expo-92 a España. Alvaro Bustamante, antiguo asesor de Adolfo Suárez y en aquel momento comisario de Ferias del Ministerio de Comercio, recibió el encargo de informarse sobre los trámites a seguir para presentar la candidatura española Poco después se creó una empresa pública, con capital social de 1.000 millones de pesetas -de los que sólo se desembolsaron 250-, en cargada de gestionar los aspectos mercantiles de la celebración del centenario. Al frente de la sociedad se situó desde el principio Jesús Sainz, que recientemente ha expresado su intención de dimitir para volver a la empresa privada.La creación de esta empresa pública fue formalizada por decreto del 5 de marzo de 1982, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 10 de abril, con la denominación de Sociedad Estatal de Ejecución de Programas Conmemorativos del V Centenario. El mismo decreto preveía la figura de un comisario regio, con la específica competencia de proponer al Gobierno los nombramientos de los funcionarios de la comisión (por ejemplo, el comisario general de la Expo-92) y la de dirigir y vigilar el cumplimiento del plan general de actuación: en la actualidad, este comisario regio es Luis Yáñez, presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI).

La sociedad estatal pagó entre 15 y 20 millones de pesetas por las primeras gestiones, destinadas a obtener el reconocimiento internacional a la pretensión española. El Mencionado comisario de Ferias, Alvaro Bustamante, trató de resolver a toda prisa los trámites para formalizar la propiaesta, y conectó para ello con un grupo sevillano-alemán de profesionales y empresarios, que se encargó de elaborar un boceto de proyecto.

Este grupo tenía varias personas clave: el presidente de la institución Feria de Muestras de Sevilla y titular de la Cámara de Comercio, Juan Salas Tornero (que desempeña en la actualidad idénticos cargos); el director de la Feria de Muestras, Juan Manuel Castillo (hoy consejero de Comercio, Turismo y Transportes de la Junta de Andalucía); un equipo de arquitectos dirigido por Alvaro Navarro, muy relacionado con aquéllos por trabajos anteriores, y otro estudio de arquitectos, en este caso de la República Federal de Alemania, dirigido por Heinz Wilke, vinculado a varias entidades de su país (Wilke and Partners, Namy, etcétera) y poseedor de una amplia red de relaciones internacionales.

Miembros del grupo sevillano reconocen que recurrieron al estudio alemán con la específica finalidad de conseguir para España la adjudicación de la Expo-92. Ésta es exactamente la razón de que el grupo de Wilke fuera encargado prácticamente de todas las gestiones para convencer al BIE.

Un 'Iunes de resaca'

Heinz Wilke y su equipo hicieron una visita de inspección a Sevilla en abril de 1982 para estudiar las posibilidades que ofrecía la ciudad. Sus interlocutores sevillanos entre otros Juan Manuel Castillo -todavía en su papel de director de la Feria de Muestras-, montó una reunión con las autoridades políticas y los delegados de varios ministerios el lunes siguiente a la Feria de Abril (conocido como el lunes de resaca). El milimetrado y perfecto equipo de expertos alemanes se llevó una impresión deplorable de los reunidos y se confió al estudio del arquitecto Álvaro Navarro la redacción del proyecto inicial para plantear la candidatura de España. Juan Manuel Castillo justifica la reunión con las autoridades, en plena resaca, por lo perentorio del plazo disponible para evitar.que Chicago se hiciera con la concesión de la Expo-92. Asimismo explica la marginación definitiva de las instituciones públicas por la escasa eficacia que cabía esperar de la Administración en aquellos momentos.

En menos de un mes, el estudio de Navarro realizó un grueso informe sobre las posibilidades de Sevilla para organizar la Expo-92. El citado equipo señalaba ya que los terrenos adecuados eran los de la Corta de la Cartuja, entre los cauces antiguo y nuevo del río Guadalquivir, que el ayuntamiento había expropiado a sus antiguos dueños con la finalidad de construir viviendas sociales, es decir, a precios más bajos de los que habría sido necesario pagar para finalidades comerciales tan importantes como una exposición universal.

Con este trabajo sobre la mesa y los buenos oficios del estudio de Heinz Wilke, el BIE se reunió el 17 de junio y aplazó hasta diciembre una decisión definitiva sobre la adjudicación de la Expo-92. Navarro y Wilke se prepararon entonces para diseñar un proyecto más concreto de exposición.

Dinamismo privado y atonía pública

A la altura del verano de 1982 existía, pues, el siguiente cuadro: un grupo privado de Sevilla, conectado con otro alemán, que en un plazo muy breve había logrado apoyos suficientes como para que la Oficina Internacional de Exposiciones aplazara su decisión de conceder a Chicago la Expo-92; un Gobierno de UCD aquejado por graves problemas, cuyo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, disolvió las Cortes y convocó elecciones legislativas y una Junta de Andalucía, ya en manos del PSOE, que prácticamente no tenía protagonismo alguno en la febril actividad desplegada en torno a la futura exposición.

Ese mismo verano de 1982, Rafael Escuredo formó el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía e integró en el mismo a Juan Manuel. Castillo, uno de los más activos promotores de la Expo-92. Escuredo introdujo, en su discurso de investidura, el compromiso de que la Junta apoyaría firmemente la celebración de la exposición.

La entrada de Castillo en el Gabinete autónomo, juzgada con gran recelo en algunos medios socialistas, se produjo a propuesta del secretario general del PSOE andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, quien sigue diciendo hoy: "No creo haberme equivocado con este nombramiento".

Se produjo también en esas fechas la sustitución de Manuel Prado por Carlos Robles Piquer al frente del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Y al mismo tiempo, algunos ministros de UCD se opusieron a los grandes proyectos del grupo promotor.

Ofensiva diplomática

Este último no se arredró por ello. Desde su nuevo puesto en el ICI, Carlos Robles Piquer lanzó una ofensiva diplomática hacia Latinoamérica en apoyo de la candidatura española a la exposición, y logró que 11 países se hicieran miembros del BIE y comprometieran su voto en favor de España. Mientras tanto, el grupo del sevillano Álvaro Navarro y el del alemán Heinz Wilke elaboraron un diseño para el recinto de la exposición, conocido como el hexágono o el cangrejo, por su peculiar forma. Realizaron viajes, propusieron ideas, montaron fiestas, acompañaron a la comisión de encuesta enviada a España por el BIE, organizaron una Semana de Andalucía en París -a la que llevaron al presidente de la Junta, Rafael Escuredo-, encargaron un vídeo sobre la futura exposición -realizado por el cineasta Basillo Martín Patino- y movieron, en fin, a la ciudad para orientar las miradas del BIE hacia las tierras regadas por el Guadalquivir.

La iniciativa privada hizo todo esto prácticamente gratis, según el arquitecto Alvaro Navarro y de uno de sus más estrechos colaboradores, el ingeniero Francisco Ibáñez, quienes explican tal generosidad por el deseo de defender a Sevilla y de procurar el progreso de la ciudad.

Después de las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, que dieron el triunfo mayoritario al PSOE, visitó España una comisión de encuesta del BIE, que fue recibida por el Rey y por el presidente in péctore del nuevo Gobierno español, Felipe González. Posteriormente, la comisión permaneció varios días en Sevilla, durante los cuales el grupo de promotores privados y el consejero de Comercio, Juan Manuel Castillo, desplegaron de nuevo todas sus habilidades para que las fuerzas vivas de la ciudad se presentaran a la comisión de encuesta con discursos previamente sugeridos por los promotores, advertencias múltiples para no cometer equivocaciones y sensación general de que la ciudad vibraba en torno a la exposición, según el propio Castillo.

La adjudicación de la Expo-92 a España -compartida con Estados Unidos- fue realizada el 8 de diciembre de 1982. Esta concesión se hizo específicamente para la ciudad de Sevilla, sobre la base del proyecto Navarro-Wilke, que fue presentado a la Oficina Internacional de Exposiciones bajo el amparo de un organismo oficial denominado Comisión Nacional para la Celebración del V Centenario.

Este informe acumulaba argumentos favorables para la elección de Sevilla como sede. Mencionaba las fechas del 17 de abril y del 12 de octubre como período de apertura al público de la exposición; destacaba lo agradable de su clima entre esas fechas, que describía como "cálido suave", aseverando que sólo se producían temperaturas "algo altas" en agosto; destacaba el gran número de fiestas locales que coincidían con el período de la exposición en toda Andalucía, y aseguraba que "ningún dato permite sospechar la posibilidad de que ninguna huelga futura coincida con el período de la exposición, porque los sindicatos son los primeros interesados en el buen desarrollo de la muestra, convencidos de que la misma sirve para la creación de trabajo, de prosperidad y de desarrollo".

Optimismo no compartido

El proyecto estaba montado sobre la previsión de que la exposición sería visitada por 30 millones de personas, distribuidas de la siguiente forma: dos procedentes de Andalucía, nueve del resto de España, dos de países vecinos (Portugal, norte de África), diez de Europa y otros tres del resto del mundo, sobre todo Latinoamérica. "En comparación con las cifras obtenidas en exposiciones mundiales precedentes, este pronóstico ha de considerarse muy conservador, y por tanto, será realizable con suma probabilidad", valoraban los autores del informe.

Tal optimismo no era compartido por el todavía ministro de Hacienda Jaime García Añoveros, quien calificaba de "sueño de una noche de verano" la pretensión de hacer pasar por la exposición a cinco millones de visitantes cada mes. Por eso planteó claramente a otros ministros que, "si querían seguir adelante con el proyecto, que lo hicieran, pero les advertí de que el Estado no iba a poder recuperar las inversiones necesarias para ello. Atender a 30 millones de personas en Sevilla durante el verano exige cuantiosas inversiones en abastecimiento de agua, medios de transporte, capacidad hotelera, etcétera, que tras el cierre de la muestra serían inservibles. Yo apoyaba la idea de una exposición universal, que además era un acuerdo de Gobierno, pero no me gustaba el planteamiento. Me parecía más lógico dotar un centro de estudios hispanoamericanos o una nueva universidad, es decir, proyectos más modestos en inversiones, pero más útiles para la ciudad".

Ésta última opinión se encuentra próxima a otra forma de proyectar la. futura exposición. Un grupo de intereses locales, ajenos a los anteriormente descritos, defendía el aprovechamiento de las inversiones de la muestra en la rehabilitación del casco histórico de la ciudad, deteriorado en gran parte y en el que muchos edificios se encuentran en manos de la aristocracia y de la Iglesia.

Detrás de la polémica sobre el emplazamiento se ocultaba la rentabilidad de uno y otro tipo de proyectos. Una muestra realizada en terrenos nuevos, que puedan cerrarse para. cobrar entrada a los visitantes, constituye la base del negocio planteado por el proyecto finalmente aprobado por el BIE; en cambio, la utilización de edificios históricos sólo tiene sentido en un marco menos ambicioso y más orientado hacia los aspectos culturales y, de paso, hacia la reconstrucción de los edificios con la inyección financiera de la exposición.