El Gobierno cambiará el sistema de pagos a las refinerías
El Gobierno ha incluido dentro del texto del Plan Energético Nacional (PEN), que hoy será enviado a discusión de los diferentes ministerios después de ser aprobado por el Ministerio de Industria y Energía, la voluntad de establecer este año un nuevo sistema de liquidación de las cantidades que perciben las refinerías por los productos derivados del petróleo que entregan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa) para su venta al consumidor. El anterior sistema, considerado obsoleto y arbitrario por el propio ministerio y las compañías, ha originado numerosas quejas de las empresas del refino, que han reclamado insistentemente su objetivación y automatismo.El texto del PEN, según indican fuentes solventes, no hace una explicación muy detallada de cuál será el nuevo sistema, aunque los responsables energéticos del Ministerio de Industria y Energía tienen una idea muy concreta de cuáles serán los principios que lo guiarán. Además, en fuentes de dicho departamento se tiene la intención de proponer el nombre de uno de los autores del PEN -autora, ya que se trata de Paulina Boato para encabezar la delegación del Gobierno de Campsa, con el cargo de subdelegada, con el fin aparente de poner en marcha el nuevo sistema.
El último incidente ocurrido por la aplicación del viejo sistema ha tenido lugar ;a primeros de este mes, cuando el Consejo de Ministros aprobó la liquidación complementaria final de las cantidades adeudadas por Campsa a las empresas refinadoras correspondiente al ejercicio de 1982. Aparte del retraso de un año en saldar la cuenta, la cantidad aprobada ha ascendido a 7.900 millones de pesetas, unos 2.000 millones menos de la cantidad barajada en medios de Campsa, 3, la mitad aproximadamente de lo que algunas refinerías esperaban.
La enorme diferencia entre lo pagado y lo esperado es atribuida por medios del sector al arbitrarismo de la fórmula polinómica que se aplica, y especialmente a lo que se conoce como margen de refino. La disminución en los ingresos esperados planteará problemas a algunas compañías, por no decir a todas, en su cuenta de resultados de 1983, aparte del efecto producido por el retraso en sus costes financieros. No hay que olvidar que han sido las empresas las que cargarán con el coste de financiación de sus compras de crudo, pagadas por adelantado y cobradas con un año de retraso.
Respecto a las entregas de 1983, medios consultados en el sector estiman que no habrá tantos problemas. La nueva administración, sumida en un proceso de negociaciones con las empresas para la reordenación del sector, ha tenido el detalle de ir avanzando cantidades a cuenta de forma mucho más ajustada a los costes reales de la importación de crudo y de transformación o refino del mismo. Como consecuencia de estas medidas, las cantidades pagadas a cuenta han sido superiores y han tenido en cuenta, además, la depreciación de la peseta frente al dólar, aspecto que en 1982 apenas se tuvo en cuenta como consecuencia de la política de precios de los derivados seguida por el anterior Gabinete.
En cuanto al nuevo sistema de liquidación, las previsiones del PEN hacen referencia a la necesidad de introducir nuevos elementos en la valoración de los costes con mención específica a la política de compras que en la llamada cuota libre desarrolle cada empresa. El objetivo es primar a aquellas refinerías que compren crudo barato en el mercado internacional y penar a las que se descuidan.
En cualquier caso, todo el nuevo sistema de precios ex refinería estará pendiente de lo que suceda con el proceso de reordenación del sector, acordado en principio en el protocolo que el Ministerio de Industria y Energía firmó con las siete empresas de refino el pasado verano.
El protocolo establece una serie de principios al respecto y, aunque existen presiones de alguna sociedad para proceder a una modificación del mismo -concretamente, en lo referente al abanderamiento de las estaciones de servicio-, no parece problemático que se proceda a tal eventualidad, teniendo en cuenta el retraso que se está produciendo en la previsible fecha de la integración a la Comunidad Económica Europea. No parece existir, por tanto, prisa para proceder a la culminación del proceso, que consistirá en la creación de una nueva Campsa con participación de las empresas refinadoras.
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