Un billón para sanear sectores en crisis

El decreto-ley de reindustrialización que previsiblemente debatirá hoy el Pleno del Congreso para su convalidación en ley fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 30 de noviembre. El coste dé la reconversión industrial se elevará a cerca de un billón de pesetas, de los que un mínimo de 800.000 millones corresponderá a transferencias del Estado; y el resto, más de 100.000 millones, a aportaciones del sector privado.El decreto-ley establece el marco jurídico y los mecanismos por los que ha de regirse la reconversión industrial en nuestro país. Aunque la normativa aprobada por el Gobierno no establece prioridades ni criterios para ello, los objetivos básicos de la reconversión se dirigen, en palabras del ministro de Industria, a cuatro sectores: siderurgia integral, grandes y pequeños astilleros, aceros especiales y línea blanca de electrodomésticos. Éstos son los primeros planes a reconsiderar y a adaptar de acuerdo a las exigencias de la ley. En el marco de la reconversión podrán incluirse todas aquellas empresas que lo soliciten y cuyos planes y objetivos sean aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

No obstante, la siderurgia integral ya tiene decidido su futuro con el decreto de inversiones aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio y, probablemente, los planes industriales de las empresas, lo que supone el cierre progresivo de la cabecera de Sagunto, serán definitivamente aprobados en la comisión de seguimiento, que celebra la que puede ser su última reunión. Para el sector naval, que ha constituido ya la mesa de negociación, la Administración ha solicitado que se incluya en el marco general, a lo cual se opone Comisiones Obreras.

Las negociaciones para la reconversión contaron con la ausencia de CC OO, tras el veto de Solchaga a Juan Ignacio Marín, secretario general del metal de este sindicato. La concertación se encontró con la oposición de UGT y ELA-STV a que fuera requisito previo la rescisión de contratos para el acceso a los fondos de promoción de empleo de los trabajadores que resulten excedentes, a pesar de que el ministro de Industria justificó el recurso al decreto-ley en razones de "urgencia". Sin embargo, la presión de UGT -el pasado 16 de diciembre se reunieron las ejecutivas del PSOE y del sindicato socialista para acercar sus posturas- ha conseguido que Industria ceda en su exigencia de rescindir los contratos. La razón de fondo de las dos centrales está en que la relación con la antigua empresa no se rompa en el caso de los trabajadores que agoten los tres años de permanencia en el fondo sin encontrar empleo.

Los fondos de promoción de empleo tienen como objetivo básico la recolocación. Los trabajadores excedentes, además de las prestaciones por desempleo, recibirán una subvención que servirá para financiar a la empresa que cree un puesto de trabajo para ellos. El número de excedentes por la reconversión no ha sido nunca precisado. A los más de 20.000 del sector naval y los 10.000 de la siderurgia habrá que sumar los del resto de los sectores que queden finalmente acogidos al marco de la reindustrialización.