El 95% de los pozos privados no será nacionalizado por la nueva ley de Aguas

En un 95% (todas aquellas cuyos caudales anuales no sobrepasen los 3.000 metros cúbicos), las aguas subterráneas no van a ser nacionalizadas. Tres ministerios, Obras Públicas, Agricultura e Industria -y todas las comunidades autónomas- están rizando el rizo sobre el tema de la nueva ley de Aguas que el Gobierno socialista se comprometió a enviar al Congreso antes de finalizar el presente año de 1983. Municipios, regantes, diputaciones, confederaciones hidrográficas y otros organismos se encuentran implicados en una lucha que tiene mucho de reino de taifas. Pero la nueva ley es totalmente necesaria -y así es reconocido por todos-, aunque no todos opinen igual sobre la misma.La nueva ley de Aguas ya ha sido informada en Consejo de Ministros, aunque todavía no se ha aprobado el proyecto de ley, e irá pronto al Congreso de los Diputados, pero falta aún que el ministro de Obras Públicas, Julián Campo, concluya la serie de entrevistas que mantiene en estos días con los presidentes de las distintas comunidades autónomas. La ley no quedará ultimada en los últimos días de este año, pero se espera que esté lista en enero de 1984 para su tramitación legal.Los técnicos consultados entienden que España necesitaría para poner al día su legislación sobre aguas, en primer lugar, una ley fiscal de utilización de dominio público hidráulilco (es decir, un canon para el uso del agua pública); segundo, una ley de ordenación delos cánones de regulación y tarifas de conducción de aguas; tercero, unas reforrnas administrativas como efecto de las transferencias de competencias a las comunidades autónomas, que sufren hoy de una enorme ambigüedad en la redacción de los artículos del texto constitucional, ambigüedad -según los técnicos- "trasladada con una interpretación maximalista a los textos estatutarios".

Enfrentamientos

Los enfrentamientos se derivan de que hoy las aguas dependen de distintos departamentos ministeriales: obras hidráulicas, minas y agricultura, rnás las competencias municipales, provinciales y de diputaciones. Partiendo de esta experiencia y su prolijidad, la próxima ley de Aguas pretende desbloquear de una parte la situación mediante la adopción de unas posturas políticas que muestren claramente la voluntad de iniciar un proceso de colaboración en el análisis de los principales temas a desarrollar en paralelo con el proceso de negoalación de transferencias en materia de aguas: la planificación hidráulica-, bases del orderíamiento jurídico y organización institucional de la gestión de los recursos hidráulicos. El MOPU es consciente de que este trabajo en común implica, por sí mismo, un proceso de hecho de transferencias y, sin el cual, no sería fácilmente alcanzable la culminación del correlativo proceso de derecho.La Administración del Estado garantizará la elaboración y revisión de la planificación hidrológica. El procedimiento de elaboración y revisión de los planes hidrológicos se determinará por real decreto, debiendo estar asegurada la participación de las entidades que representen a los diferentes usuarios de las aguas, incluso los poienciales, "y la intervención de las comunidades autónomas y las provincias interesadas".

Un delegado del Gobierno, nombrado a propuesta del ministro de Obras - Públicas y Urbanismo, velará por la acomodación de la gestión hidráulica a las previsiones y exigencias del plan hidrológico. A tal efecto, podrá ejercer el derecho de veto sobre aquellas resoluciones que incumplan el mismo o conculquen la legalidad vigente. Contra esta decisión cabrá recurso de alzada ante el Consejo de Recursos Hidráulicos.