Anuncio de cierre de centros si no se comunica la ley de educación

Los cierres de centros, el encierro de la asamblea general y una marcha sobre Madrid son las tres acciones acordadas por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), en la reunión de su asamblea general celebrada el pasado lunes, sí la aprobación definitiva de la LODE no responde a su propuesta de pacto final en el que se incluyan los mínimos que esta organización ha venido propugnando desde que se inició el trámite parlamentario de la ley.La asamblea general de la CECE, principal organización empresarial del sector privado, valoró en su reunión las masivas manifestaciones celebradas durante el pasado fin de semana contra el proyecto de ley orgánica del Derecho a la Educación, en las que, según una nota informativa publicada ayer, "se hizo ostensible el descontento social ante la LODE".

Dice la CECE también que "entiende y espera que estas. respuestas de la opinión pública ayuden a tomar conciencia a los grupos parlamentarios, especialmente al socialista, de que, sin pacto escolar, esta ley nunca será bien aceptada y sí, por el contrario, enérgicamente combatida con todos los medios legales disponibles".

Por otra parte, la gran patronal del sector privado hace un balance negativo del año escolar, del que destaca "el recorte de las ayudas a la formación profesional de primer grado (FPI) y la congelación de las de FP2", así como los controles administrativos a que se ven sometidos hoy los centros. Controles que a la CECE le parecen "enormes e inoperantes, casi de comisariado político", y que están provocando grandes retrasos en el pago de las subvenciones, que, a su vez, contribuyen a colapsar el pago de salarios al personal.

Finalmente, la CECE denuncia la "manipulación e instrumentación de que están siendo objeto los medios de comunicación del Estado en la campaña sobre la LODE". A este respecto, la nota de la patronal acusa al Gobierno de "actitudes antidemocráticas" y de "abuso del poder", al llegar a través de medios públicos -y no de un partido- a la descalificación de "colectivos sociales muy representativos y amparados por la Constitución".