Economía y política en la defensa nacional

La sociedad civil presta escasa atención a los problemas de la defensa nacional, señala el autor de este trabajo, y cita como ejemplo el que no haya ni una sola cátedra en la Universidad española que trate de este gran tema. Además, en el terreno económico, subraya que no se puede mantener en su integridad el antiguo postulado que relaciona ineluctablemente el desarrollo económico con los gastos de defensa.

Se habla mucho estos días del proyecto legal para la reforma de la ley orgánica de julio de 1980 referente a la defensa nacional y la organización militar. Tema político donde los haya, que incluso ha dado lugar a la primera aparición/ entrevista "en profundidad" del actual ministro de Defensa ante las cámaras de TVE. Y es que el elemento político -como efecto y como causa- penetra en todo lo militar, en consecuencia de lo cual lo militar debe estar sujeto a lo político, so pena de que domine el militarismo y la autarquía del aparato castrense. Esto no es que lo diga uno, con su voz modesta; es el planteamiento básico del actual Estado alemán federal, según exponía el general Von Baudissin hace un par de años, en una conferencia en Madrid. Y no hace sino seguir las enseñanzas de Von Clausewitz.No son extrañas, pues, las críticas a la reforma, pese a que la misma sólo busca homologar a España en este terreno con los países democráticos más avanzados. Decía Tarradellas hace pocos días que "los militares quieren influir". Uno no entra ni sale aquí en tal tema, pero sí sabe que hay muchos civiles partidarios de dicha influencia, porque piensan que beneficia políticamente a sus grupos e intereses. Por lo mismo que son partidarios, en más o menos grado, de la autonomía militar y, por tanto, escasamente adictos a que el presidente del Gobierno y el ministro del ramo tomen con más firmeza por vía legal las riendas de los asuntos militares y de defensa, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución y con la coherencia política.

Caben muchas más consideraciones políticas sobre esta reforma, pero las está haciendo todo el mundo. En cambio, se está hablando poco de cuestiones político-económicas, por lo que vamos a dar una breve ojeada a las misma. En un reciente trabajo publicado en la revista Sistema, el profesor Ángel Viñas subraya la escasísima atención prestada por los científicos sociales españoles a los temas de defensa y seguridad exterior. Todavía nuestra Universidad, dice, cuenta sólo con dos catedráticos de relaciones internacionales, y menor aún es la atención concedida a los problemas de defensa: "Ninguna cátedra, ninguna asignatura ( ... ) aborda las complejas cuestiones relacionadas con la defensa nacional..."

La conexión entre política económica y política de defensa es, sin embargo, algo que han impuesto los hechos, a medida que la guerra requería más y más medios para su previsión y alimentación. Con diferentes palabras, el rapidísimo desarrollo de un sector de defensa en las economías de los países desarrollados -sector que no cesa de crecer- ha obligado a estudiar e investigar científicamente dicha profunda conexión entre economía y defensa, la cual -hay que añadir- ha conducido a que se militarizasen gran número de pensamientos y decisiones, no sólo económicas, sino políticas. La creciente militarización de la política internacional no es sino el aspecto más alarmante del proceso, por el peligro de suicidio colectivo y universal.

Los crecientes intereses de la eficacia militar, por otra parte, unidos a los no menos imperativos de las grandes industrias de armas, han llevado a una carrera de armamentos nucleares que ya asustó al mismo Eisenhower en su última etapa, al comprobar que tendían a autonomizarse más y más de la política del propio Gobierno americano. Y aquí hay que decir -sin desconocer una serie de ambiciones de la URSS- que el negocio del armamento parece haber sido más útil y productivo para las grandes potencias de Occidente (en las que ha constituido palanca destacadísima de su boom económico-industrial) que para los países socialistas, donde ha frenado el acceso a mayores niveles de consumo y bienestar (junto a los defectos evidentes de su plúmbea estructura burocrática). Según los estudios de Rosen, el factor individual más importante de la economía norteamericana desde la segunda guerra mundial ha sido precisamente la dramática expansión de los gastos militares. O sea, que estos gastos enormes son directamente con causa de su opulencia económica.

Pero hay algo más preocupante aún: Mary Kaldor ha señalado cómo últimamente la tecnología militar de punta es en gran medida inaplicable para emplear los recursos ociosos o infrautilizados, y tampoco sirve para estimular la investigación y el desarrollo en el sentido de propulsar el crecimiento de nuevos sectores guías en la economía civil. Es decir, que hoy ya chocan los citados intereses de la eficacia militar con la propia racionalidad económica.

Más precisiones

Dicho en otros términos, el antiguo postulado relacionado ineluctablemente al desarrollo económico general con los gastos de defensa no puede hoy mantenerse sacrosantamente, sino que son necesarias bastantes más precisiones. Aquello ha podido ser verdad en casos como el de Japón o Alemania Occidental, pero es bastante más discutible, sobre todo actualmente, en los países en vías de. desarrollo. Y en los propios países industrializados, como se ha señalado, tales gastos, elevadísimos, distorsionan ya la actividad económica general en beneficio de sectores empresariales y militaristas con enorme capacidad de presión política. En cuanto a los países situados en su órbita, se han visto obligados a seguir esta estela, de mejor o peor grado, como en España, donde se pasó, entre 1976 y 1979, de sesenta y tantos dólares per cápita en gastos de defensa al doble aproximadamente.

Bastante más se podría decir, pero falta espacio en un comentario de prensa. Sin embargo, no desea uno terminar sin referirse a un punto político de envergadura: el artículo 29 de la ley de julio de 1980, que no se toca en la actual reforma. Según dicho artículo, la "defensa" se refiere a "cualquier forma de agresión" incorporando a la misma la totalidad de "energías y fuerzas morales y materiales de la nación", así como a "todos los españoles". Esto, en nuestra opinión equivale a una llave o "cheque en blanco" legal para la más absoluta militarización de la sociedad, ya que da a esta totalidad de la población, de sus energías y fuerzas, las mismas misiones que el artículo 8.1 de la Constitución otorga a las Fuerzas Armadas. Y creemos que, si ya es discutible incluir en el título preliminar de la Constitución el contenido de su artículo 8 (título donde no se menciona, por ejemplo, al poder judicial), lo es mucho más todavía, cuando aún hay tantos tan fuertes partidarios de un poder militar autónomo, trasladar en bloque a la defensa -concepto que ni siquiera se cita explícitamente en dicho artículo 8- lo que la Constitución dispone para las Fuerzas Armadas.