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El desenlace jurídico del ´holding´ expropiado

Satisfacción del PSOE y del PCE, y críticas del centro y la derecha

"La sentencia del Tribunal Constitucional disipa las dudas que pudieran existir respecto a una decisión muy difícil que el Gobierno se vio obligado a tomar para proteger el empleo y los pequeños ahorradores", manifestó ayer Pedro Bofill, secretario de información del PSOE. Bofill destacó que el fallo del alto tribunal no pone en entredicho ni el procedimiento ni el fondo empleado por el Gobierno.El primer partido de la oposición, Alianza Popular, anunció, nada más conocerse la sentencia, la intención de celebrar hoy una conferencia de prensa en la que expondría su opinión a este respecto. El Partido Demócrata Popular (PDP), por su parte, considera imprescindible que el Gobierno haga una declaración oficial en la que se reafirme el carácter excepcional de la decisión de expropiar Rumasa, según señalaron ayer Javier González Estefani y José Luis Álvarez. Más explícito fue Modesto Fraile, diputado del PDP por Segovia y portavoz del Grupo Popular del Congreso, para quien la sentencia "producirá graves problemas por la filtración, y porque la mayoría del tribunal, si descontamos a su presidente, no está de acuerdo con la constitucionalidad de la expropiación de Rumasa".La valoración del PCE, según manifestaciones del diputado Fernando Pérez Royo a Europa Press, es positiva. No obstante añadió que lamentaba la división registrada en el seno del Tribunal Constitucional.

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Nuevo revés para el Gobierno

Convergència Democrática de Catalunya (CDC) considera que la sentencia es un nuevo revés para el Gobierno, según manifestó a Efe un portavoz de este partido, quien añadió que la constitucionalidad del decreto tuvo que decidirla el voto de calidad del presidente del tribunal. El diputado Josep Maria Trías de Bes, de Minoría Catalana, declaró que su primera impresión es que se constitucionaliza la expropiación por decreto ley, lo que, a su juicio, abre una vía el el ordenamiento jurídico "y con ello prima una razón de Estado sobre otrajurídica".José Ramón Caso, del Centro Democrático Social (CDS), señaló que su partido "no sólo acata la sentencia, sino que considera necesario evitar las calificaciones de negativo y positivo. Consideramos necesario represtigiar al Tribunal Constitucional y no politizar sus decisiones, que por ser la última palabra, Son ley". Caso añadió que "el que se haya resuelto por estrecho margen hace ver que no eran tan infundados los recelos sobre su constitucioríalidad".Por su parte, el líder del PDL, Antonio Garrigues, manifestó: "No estoy conforme con la sentencia, aunque la acato y respeto. Creo que entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para no favorecer el desprestigio del Tribunal Constitucional, pu esto que va a ser una pieza clave en el desarrollo de la democracia española".La Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores difundió ayer un comunicado en el que señalaba que su gabinete jurídico estaba examinando la sentencia, y posponía hasta hoy el pronunciamiento oficial del sindicato sobre el fallo. Miguel Zarnora, del gabinete técnico de CC OO, afirmó ayerque, aunque no conocía la sentencia en su totalidad, por lo que se había hecho público de la misma, la valoración del sindicato era positiva. Zamora subrayó la preocupación de esta central por las posibles presiones ejercidas sobre el Tribunal Constitucional cuyo prestigio debe estar por encima de cualquier interés, refiriéndose concretamente a la sospecha de vigilancia ejercida sobre uno de sus miembros.La comisión ejecutiva de USO considera positiva la sentencia y ésta, "más allá de valoraciones, debe poner fin radicalmente al conjunto de interesadas especulaciones que han precedido a la misma y que han sido de tan negativo efecto sobre la intachable trayectoria del Tribunal Constitucional».

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