La sentencia del alto organismo no había sido nombrada ayer

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Grupo Popular contra el decreto-ley de expropiación de Rumasa no había sido notificada ayer, informaba la agencia Efe. Manuel Díez de Velasco Vallejo, magistrado del Tribunal Constitucional, que no ha querido revelar el contenido de la sentencia, manifestó a la agencia que "yo soy magistrado desde la primera vez. Yo presté promesa ante el Rey de cumplir con las obligaciones de mi cargo. Una de ellas es guardar la reserva propia de las deliberaciones. Esta obligación es moral y jurídica. Es jurídica en el sentido de que, si yo rompo el secreto de las deliberaciones, incurro en causa de que me echen del Tribunal. Si alguna persona no está sometida a esa obligación, es decir, que no sea magistrado y puede decir cosas, pues bueno, allá ella. Ahora, usted me perdonará que yo tenga que cumplir con mi deber y mi deber es no romper el secreto de las deliberaciones".Profundo malestar

Díez de Velasco continuó: "Si estos señores se enteran, utilizan canales que yo no conozco o personas que no estén sometidas a esa obligación... Ya sabe usted que desde que se inventó la fotocopia... Esto de que se intervenga, que se quiera entrar en las deliberaciones de un tribunal, es una cosa gravísima".

Por su parte, la agencia Europa Press, citando fuentes solventes del Tribunal Constitucional" informaba de que la difusión en EL PAIS del posible fallo sobre el recurso había causado "profundo malestar en el seno del alto Tribunal". Las fuentes consultadas re husaron pronunciarse sobre la exactitud de la información. "No se puede confirmar o desmentir una sentencia cuando aún no ha sido notificada, por el hecho de que aparezca en el periódico. Eso ya sería violar el secreto y la independencia que deben proteger la actuación del Tribunal. No deja de constituir una sorpresa desagradable ver publicadas deliberaciones que forman parte de un secreto elemental y de cuya difusión, eso es seguro, no son responsables los miembros del Tribunal. No parece lógico que después de nuestro esfuerzo por no hacer gestos que pudieran interpretarse como una forma de presión ante el Tribunal, se nos conteste con la publicación del posible fallo en un periódico. De confirmar la sentencia lo que se ha publicado, esto sería serio. Porque puede perjudicar la imagen e independencia del Tribunal Constitucional, máxime después de haberse hablado en la prensa de las entrevistas entre el presidente del Gobierno y el señor García Pelayo. Pero también puede ser un arma de doble filo, porque no hay nada definitivo hasta que el Tribunal decida hacer pública su sentencia".