Maravall pone en pie los dos pilares de la reforma de la enseñanza

El año 1983 concluye en plena discusión parlamentaria del proyecto de ley orgánica: del Derecho a la Educación (LODE), con el telón de fondo de una fuerte oposición de los sectores confesionales dominantes en la enseñanza privada, que han amenazado abiertamente con llevar su protesta a la calle. Entre tanto, las universidades inician, no sin cierta crispación, la andadura de la ley de Reforma Universitaria (LRU) con la elección de los claustros constituyentes. Con esta ley, piedra en la que se estrellaron varios Gobiernos de UCD, los socialistas han pasado el campo de batalla al interior de las universidades.Se encuentran, pues, en primer plano de actualidad dos leyes que constituían parte importante del programa electoral del PSOE, aunque la LODE no es sino la alternativa socialista al Estatuto de Centros Escolares, una ley de desarrollo del artículo 27 de la Constitución, elaborada por el primer Gobierno constitucional de Adolfo Suárez y con la que el PSOE, entonces en la oposición, se declaró "incompatible".

La LODE pretende, entre otros objetivos, establecer el marco general para una futura ley de conciertos, que regulará las relaciones entre el Estado y los centros de iniciativa no estatal, cuyo régimen de financiación ha venido dependiendo hasta ahora de una legislación improvisada a lo largo de los últimos 10 años, imprecisa y dispersa. Los socialistas han mantenido, por otra parte, el apoyo económico al sector privado dentro prácticamente de los mismos parámetros de la política de los Gobiernos centristas. En los Presupuestos Generales del Estado para 1984 se prevé la cantidad de 98.075 millones de pesetas para subvenciones a los centros privados de enseñanza general básica (EGB) y otros 11.083 millones para los de formación profesional.

La principal objeción de los sectores contrarios a la LODE se refiere precisamente a la supuesta estrechez de este marco general, que, en su opinión, llevará a la larga a la asfixia de la enseñanza privada". Si en el Estatuto de Centros de UCI) los socialistas no consiguieron dar carta de naturaleza al carácter singular de los centros de iniciativa privada sostenidos con fondos públicos, ahora, la LODE, según sus detractores, lleva demasiado lejos aquel intento al conceder a los miembros de la comunidad escolar un nivel de participación en la gestión de los centros subvencionados que en la práctica daría al traste con el derecho de sus titulares a mantener el ideario o proyecto educativo de los mismos.

De la trascendencia de esta ley, por otra parte, puede dar idea el amplio ámbito de su influencia, que es todo el sistema escolar menos el nivel universitario (preescolar, educación general básica, bachillerato unificado y polivalente, formación profesional y educación especial), con una cifra de alumnos próxima a los nueve millones y cerca de 350.000 profesores. Según datos oficiales relativos al curso 1981-1982, la enseñanza privada escolarizaba al 38,2% de dicho alumnado (3.240.068 estudiantes) y contaba con el 37% del, profesorado (124.255 docentes).