Los grupos popular y socialista discrepan sobre el futuro de RTVE en Cantabria

El grupo Popular quiere garantizar un control sobre la programación del centro regional de TVE en Cantabria, que podría comenzar a emitir en período de pruebas el próximo mes, así como sobre los nombramientos, a través del Consejo Asesor. Los socialistas consideran que éstas son atribuciones del Ente Público. El centro se inauguraría tres años y medio después de que Fernando Castedo, ex director general de RTVE, y el entonces presidente de la Diputación Provincial de Santander, José Antonio Rodríguez, acordasen su creación.

Cuando aún faltan, previsiblemente, algunos meses para que la programación regional de TVE de Cantabria sea un hecho, el Gobierno regional, tremendamente suspicaz ante los medios de comunicación social estatales, ha pretendido curarse en salud introduciendo en el proyecto de ley reguladora del Consejo Asesor de RTVE en Cantabria, actualmente en debate en el Parlamento cántabro, un artículo por el cual dicho consejo propondrá la organización de la programación del centro regional. Para el Grupo Socialista, que perdió el pasado viernes la votación sobre la enmienda ala totalidad presentada al proyecto gubernamental, se trata de "una copia de un artículo de la ley del Parlamento catalán que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en abril de 1982".También los socialistas, a través de su portavoz en la Asamblea regional, entienden que existen otros preceptos de clara inconstitucionalidad en la ley regional, uno de los cuales hace referencia al derecho a dar parecer no sólo sobre el nombramiento del delegado territorial del Ente Público -reconocido en la ley orgánica del estatuto de RTVE-, sino en las designaciones de los directores de los medios del citado ente público.

Control y organización de la programación y derecho a opinar sobre los profesionales que están o pueden estar al frente del centro regional, RNE o las dos emisoras (en Santander y Torrelavega) de Radiocadena, son, por el momento, cuestiones innegociables para los dos grupos mayoritarios: para el Popular, porque la aprobación de la ley en su actual redacción le posibilitaría un ser¡o control directo del medio televisivo en la región; para los socialistas, porque desean que programación y nombramientos se lleven a cabo por y desde la dirección de RTVE, si bien, en este caso, puedan, con la sentencia del Tribunal Constitucional en la mano sobre la ley del Consejo Asesor de RTVE en Cataluña, plantear el tema en estrictos términos de defensa de la legalidad.

La batalla por la TVE en Cantabria, que tendrá ahora su reflejo en el debate parlamentario iniciado el pasado viernes por la Asamblea regional, comenzó el pasado mes de octubre, con un duro enfrentamiento entre el consejero de la Presidencia del Gobierno cántabro y el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara, Juan González Bedoya. Éste acusado por el portavoz del Gobierno de intentar controlar el centro regional colocando en él a personas de confianza del PSOE -manifestaciones posteriormente matizadas al señalar que se trataban de "meras sospechas" de manipulaciones-, había solicitado del Ejecutivo una aclaración sobre el acuerdo o desacuerdo con tales manifestaciones.

Tramitada la pregunta, González Bedoya no recibió respuesta en la primera intervención del consejero, quien, al subir por segunda vez a la tribuna de oradores, tras la insistencia del diputado socialista, leería un texto, previamente escrito, en el que se reproducían las acusaciones anteriores corregidas y aumentadas. El intento del portavoz del Grupo Socialista por defendersede las acusaciones personales recibidas no fue autorizado por la presidencia, dando lugar a un grave enfrentamiento.

De resultas del conflictivo debate, el Gobierno decidió tramitú por la vía de urgencia un proyecto de ley regulador del Consejo Asesor de RTVE en Cantabria, al objeto de sustituir la ley aprobada por la Asamblea regional provisional, cuya convalidación hubiera permitido la puesta en marcha del consejo hace varios meses, pero que, al haber sido redactada merced al denominado pacto por Cantabria, suscrito en la anterior legislatura por socialistas y disidentes centristas, no era considerado válido para la nueva etapa legislativa por la actual mayoría del grupo Popular. En medio de este tenso debate político, un elemento de confusión añadido fue la reclamación por parte del portavoz gubernamental del tercer canal para Cantabria, aceptado por la oposición "siempre y cuando primero consigamos que el segundo canal se vea en toda la región y que empiece a funcionar el centro regional".