La decisión de controlar las cuentas del futbol será respaldada por la Intervención del Estado

Los trabajos de la Intervención General del Estado sobre la Federación de fútbol están a punto de concluir. No hay duda de que su contabilidad está muy mal Nevada, y los últimos trabajos se destinan a determinar si existe malversación de fondos, concretamente en las cuentas relacionadas con el Mundial-82. La La decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) quedará respaldada a la vista de los últimos datos. Las posibilidades de actuación sobre Pablo Porta pasan por cuatro vertientes: inhabilitación, intervención, dimisión o cese. En el Ministerio de Cultura estiman que en septiembre de 1984. como fecha límite, Porta ya no será presidente de la federación. Por otra parte, la auditoría de cuentas podrá extenderse a los clubes de fútbol.

Oficialmente, se emplea la fecha del 1 de diciembre como, día en el que, si los trabajos no vuelven a sufrir un retraso, se entregue a las autoridades correspondientes el resultado de la auditoría efectuada por la Intervención General del Estado sobre la contabilidad de la Federación Española de Fútbol en 1982. Los destinatarios serán: ministro de Cultura, ministro de Hacienda y el Consejo de Ministros.Las dificultades para encotrar datos fiables sobre todo lo relacionado con el Mundial-82 ha obligado a retrasar los trabajos. Los interventores se encontraron, además del obstruccionismo de ciertos empleados federativos, con que los documentos más importantes relacionados con el Mundial-82 se encontraban en Zurich. Á partir de que surgieron los problemas con el Mundial-82 se estimó la posibilidad de entender que podía existir malversación d fondos.

La continuidad de Porta

En cualquier caso, y a la vista de los últimos retoques, la responsabilidad política de la Administración, al tomar la decisión de controlar las partidas de dinero enviada s a la federación, quedará salvada. La contabilidad de la Federación de Fútbol no cumple con los mínimos exigibles. Con la Ley de Cultura Física y Deportes en la mano, el Consejo Superior de Deportes se vería obligado a suspender toda subvención a dicha federación. No valdría, después del trabajo de la Intervención General, el control. La federación dejaría de recibir dinero.Pero otra cuestión paralela sería la continuidad de Pablo Porta como presidente de la Federación de Fútbol. Si se descubre malversación de fondos, sería el Fiscal del Estado quien pudiera decretar inhabilitación temporal en tanto se solucionara el caso. Este sería el extremo más negativo y, aún en este caso, Pablo Porta podría defenderse arguyendo que la responsabilidad contable de la federación no era cosa suya sino de Agustín Domínguez, secretario general, aspecto que, jurídicamente, no es desechable. En este caso, Porta podría eludir alguna responsabilidad. En algunos círculos, Porta siempre se jactó de no haber firmado nada.

Otro aspecto improbable, a la vista de la experiencia de estos últimos años, sería que Porta dimitiera. Ello no le, salvaría, además, del proceso que se desenca denase tras la auditoría. Nombrar un interventor dentro de la Federación, que controlase desde dentro la actividad contable de dicho organismo, no aparece contemplado por la ley. Por último, queda la posibilidad "democrática": que Porta no saliera elegido en septiembre de 1984 tras unas elecciones plenamente democráticas y representativas, obligadas por el Consejo Superior de Deportes mediante un decreto-ley extensivo a todas las federaciones.

Por último, los clubes de fútbol podrán ser sometidos a auditorías contables caso de que se acordara una mayor subvención con fondos públicos procedentes, de las quinielas. Recientemente, Miguel, Boyer, ministro de Economía, Hacienda y Comercio, manifestó la posibilidad de que las auditorías alcanzasen a entidades privadas o, al menos, a todas aquellas que deseen dinero del Estado.

Este nuevo control en los clubes sería una sorpresa con la que se encontrasen tras las presiones que ejerzan para recibir mayor dinero del Estado. El control contable no existe en los clubes de fútbol y así el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España decidió intervenir ante aquellos auditores que firmaban su visto bueno en las contabilidades de ciertos clubes, que posteriormente eran presentadas en las Asambleas Ordinarias.