Medidas policiales

A LOS graves y superfluos incidentes producidos el domingo en la capital vizcaína como consecuencia de una brutal carga indiscriminada lanzada por efectivos de la Policía Nacional contra una manifestación autorizada se ha sumado posteriormente la ausencia de valor de las autoridades gubernativas para reconocer públicamente sus responsabilidades. Las numerosas denuncias presentadas ante el juez, los partes hospitalarios de las personas que resultaron lesionadas, los documentos gráficos de los fotógrafos y los relatos de testigos, presenciales dejan pocas dudas sobre el carácter condenable de la actuación policial en la manifestación pacifista de Bilbao. Las dos costillas rotas de nuestro compañero Alfredo García Francés, que cubría la demostración como fotógrafo, y las agresiones contra Roberto Lertxundi y Juan Infante, dirigentes de Euskadiko Ezkerra, no son sucesos imaginarios sino dolorosas realidades.A juzgar por sus declaraciones públicas, los lemas de la marcha de Bilbao hubieran podido ser compartidos por el vicepresidente del Gobierno y por algunos otros miembros del actual Gabinete. Pero el argumento utilizado por el gobernador civil de Vizcaya para justificar la desproporcionada represión policial es que, desde las filas de los manifestantes, se lanzaron gritos en favor de ETA y contra la policía. Testigos presenciales afirman, sin embargo, que esos provocadores eran poco numerosos y que no consiguieron arrastrar a sus acompañantes, la mayoría de los cuales ni siquiera llegaron a escuchar las ofensivas consignas. Ciertamente, que alguien lance en una manifestación por la paz ese equivalente contemporáneo del ¡viva la muerte! que son los gritos de guerra de apoyo a ETA, constituye un sarcasmo sangriento y una obscenidad moral. Pero si la futura estrategia de orden público del Gobierno socialista consistiera en responder con la misma contundencia policial indiscriminada a cualquier provocación expresada en lugares públicos, sea una calle, un campo de fútbol o una plaza de toros, cualquier mínimo grupo de reventadores podría imposibilitar en la práctica el ejercicio concreto del derecho de manifestación. De esta forma se otorgaría a los provocadores profesionales el derecho de veto sobre cualquier movilizacion popular y la capacidad para inducir represiones policiales indiscriminadas y generalizadas en cualquier circunstancia y lugar.

La formación democrática de los policías, y en particular de sus oficiales, debería hacer imposible que los agentes de seguridad pudieran confundir a quienes corean consignas de apoyo a ETA con informadores de Prensa o con ciudadanos que -como Juan Infante, parlamentario vasco por Euskadiko Ezkerra- tienen bien acreditada su posición política frente toda actividad terrorista.

En la delicada y crispada situación del País Vasco, la inteligencia política y la prudencia policial en las calles deberían constituir el principio básico de toda la actuación gubernativa. Se diría que los socialistas han olvidado en pocos meses las lecciones de realismo y de sentido común que los ministros y gobernadores civiles de UCD tardaron años en aprender, pero que finalmente asimilaron. A lo largo de 1983, el distanciamiento del Gobierno socialista de los problemas vascos está aumentando de forma preocupante, como si la tendencia al aislamiento que el poder implica encontraran en Euskadi un núcleo preferente de cristalización. Buena parte de los pronunciamientos del presidente del Gobierno sobre el conflicto vasco tratan inútilmente de compensar con buena voluntad una cierta carencia de la sensibilidad política y la cultura histórica necesarias para desenredar la complejidad de una situación que no puede reducirse a planteamientos simplistas. Cuando el jefe del Ejecutivo repite una y otra vez que las únicas medidas aplicables en el País Vasco son las policiales, a nadie debería extrañar que el gobernador civil de Vizcaya se tome al pie de la letra esas instrucciones y que los mandos y números de las fuerzas de orden público, hostilizados por la amenaza terrorista, se consideren politicamente respaldados para responder a las provocaciones con una violencia indiscriminada, capaz de poner de nuevo en marcha la vieja espiral acción-represión-acción que dio a Herri Batasuna 200.000 votos.