De Sosa pide la inhabilitación de Porta y Plaza
El árbitro madrileño Jacinto de Sosa Martín presentó ayer una denuncia ente el Comité Superior de Disciplina Deportiva, en la que solicita se expediente a los presidentes de la Federación Española de Fútbol y del Comité Nacional de Árbitros, Pablo Porta y José Plaza, respectivamente. La resolución de este expediente, según establece el decreto de Régimen Disciplinario Deportivo, puede llegar hasta la inhabilitación a perpetuidad de estos dos dirigentes.Jacinto de Sosa Martín, que lleva ya ganados tres recursos ante decisiones de sus dirigentes arbitrales, puede conseguir lo que no ha podido la Administración: prescindir de Pablo Porta.
Según el árbitro madrileño, las actuaciones de Pablo Porta y José Plaza pudieran ser constitutivas de las faltas muy graves que establece el decreto de Régimen Disciplinario deportivo. Jacinto de Sosa Martín considera que estos dos dirigentes futbolísticos pudieran haber incurrido en usurpación de atribuciones y abuso de autoridad.
En algunos de los considerandos de estos fallos, el Comité Superior de Disciplina Deportiva, al estimar la actuación de organismos presididos por Pablo Porta y José Plaza, establece actitudes como "dejación de su competencia", "acuerdo federativo carente de motivación", "situación de grave indefensión al recurrente", "privación al Comité Superior de Disciplina Deportiva de los elementos de juicio imprescindibles para juzgar", "excesiva dilación en la tramitación del caso' y "que la sanción ha sido impuesta por órgano manifiestamente incompetente". Estas conclusiones parecen deducir una actitud represaliadora, uso, abuso, usurpación y dejación de atribuciones y competencias de los máximos dirigentes del fútbol y de los árbitros, causas por las que Jacinto de Sosa considera que se deben exigir responsabilidades.
Según los artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte y el decreto de Régimen Disciplinario que podrían aplicarse al enjuiciar estas actitudes, Pablo Porta y José Plaza podrían ser inhabilitados a perpetuidad o suspendidos o inhabilitados de uno a cuatro años. Jacinto de Sosa Martín, además, solicita que, si las presuntas irregularidades revistiesen carácter de delito, sean comunicadas al Ministerio Fiscal.
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