Fuerte malestar e indignacion en Interior por la permanenicía de los cuatro funcionarios españoles en la cárcel

La decisión del Tribunal de Apelación de Pau de no conceder la libertad provisional a los cuatro policías españoles que tuvieron un incidente con el dirigente de ETApm-VIII Asamblea José María Larretxea ha causado fuerte indignación en medios gubernamentales españoles, especialmente en el Ministerio del Interior. Círculos policiales consideran "desafortunadas" unas declaraciones efectuadas días pasados por altos mandos de la Dirección de la Seguridad del Estado, entre ellos su máximo responsable, Rafael Vera, en las que se aventuraba, a pesar de que la decisión corresponde la judicatura francesa, la inminente puesta en libertad de los policías.El portavoz oficial del Ministerio del Interior negó que el Tribunal de Apelación de Pau hubiera denegado la libertad provisional y sí en cambio dijoque había admitido un recurso de la acusación privada. Esta versión de los hechos, que no coincide con la información recogida por este diario, fue corroborada por el ministro de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, quien en todo momento alegó la admisión del citado recurso y no la denegación de libertad provisional.

El presidente Felipe González dijo que es optimista sobre la resolución final del caso y añadió que esperaba que no hubiese relación alguna entre la situación de los policías y las declaraciones efectuadas en los últimos días por las autoridades policiales españolas. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, preguntado al respecto, afirmó que no se trataba de una denegación de libertad provisional, sino de la aceptación de un recurso, por lo que habrá que esperar al juicio.

Fuentes del Ministerio del Interior coincidieron zon lo apuntado por Morán e indicaron que la admisión a trámite del recurso de la acusación privada es "una traba jurídica más a en.grosar al caso", aunque insistieron en señalar que aún no se ha fijado una posición sobre la puesta en libertad de los cuatro policías españoles, decisión que, siempre según estas fuentes, corresponde al juez Pascal Faux.

En círculos políciales españoles existe un fuerte pesimismo sobre la- resolución que adopte el juez Faux -"un hombre duro que no admite presiones de ningún tipo", según un destacado dirigente sindical de la policía española-. En estos mismos círculos consideran "completamente desafortunadas" las declaraciones realizadas este fin de semana en Sevilla por el director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, en las que vaticinaba la inminente puesta en libertad de los cuatro policías".

Independencia judicial

"No comprenderríos cómo Rafael Vera es capaz de afirmar que van a ser puestos en libertad nues tros compañeros, cuando ni de él del él depende esta decisión ni tampoco del Gobierno al que pertenece", comentaron las fuentes policiales consultadas por este periódico. "Vera debe saber", añadieron, que un juez en Francia es una autoridad incuestionable que no permite nigún tipo de presiones, ni si quiera de su Gobierno, y menos de autoridades de países extranjeros. Creemos que el director de la Seguridad del Estado se ha equivocado y probablerriente con sus decláraciones ha empeorado la situación".El secretario general de la Unión Sindical de Policía (USP), Modesto García, fue conciliador en sus manifestaciones y dijo que entendía que algunos altos cargos ministeriales pudieran hacer declaraciónes de este tipo, en su opinión, dirigidas a crear cierta esperanza y optimismo, tanto entre los detenidos como en el resto de la corporación policial. García indicó que su sindicato se reservaba, hasta la puesta en libertad de los cuatro policías, la, solicitud de responsabilidades políticas sobre la misión que realizaban, y agregó que, por los datos que posee, ve el caso de "difícil, solución".

José Antonio Rodríguez, secretario de coordinación de la Plataforma Unitaria de Policía (PUP), manifestó a este periódico que "el responsable político y jurídico de la situación de estos cuatro policías es el Ministerio del Interior", y añadió que las declaraciones de Vera en Sevilla habían sido una metedura de pata".