Conflicto permanente en Estepona desde que fue elegido el alcalde socialista

Estepona es un pueblo de la Costa del Sol con unos 26.000 habitantes que, desde el día 23 de mayo pasado, cuando el socialista Miguel Castro accedió a la alcaldía con los votos de los concejales de AP y el CDS, no ha recobrado la normalidad. Al día siguiente, los 10 concejales comunistas, el grupo, mayoritario, iniciaron un encierro por considerar que se había secuestrado la voluntad popular, y el número uno de la lista, el ex alcalde Antonio Murcia, comenzó una huelga de hambre.

Cinco meses después, la tensión continúa. Los 10 concejales comunistas están procesados, y, ayer mismo, cuando cinco vecinos salían de la cárcel tras pagar una fianza de un millón y medio de pesetas, era detenida otra persona. A unos y otros se les acusa de un presunto delito de desacato, como consecuencia de las denuncias hechas por el alcalde.Cuando se conocieron los resultados de las últimas elecciones municipales en Estepona -PCA, 10 concejales; PSOE, 6; CDS, 3, y AP, 2-, todo el mundo pensó que Antonio Murcia volvería a ser el alcalde, pero no fue así. A partir de entonces surgen las protestas en la calle. "Murcia sí; Castro, no", ha sido el lema más coreado en el pueblo en los últimos cinco meses. Los concejales comunistas estuvieron 12 días encerrados y Murcia en huelga de hambre, que abandonó al ser trasladado a un centro hospitalario.

En ese ambiente comienza la nueva actividad municipal. En varias ocasiones, el alcalde tuvo que llamar a la policía para poder salir del ayuntamiento. No obstante Miguel Castro recalcaba, y reafirma ahora, que él es el alcalde constitucional de Estepona y que lo será durante los próximos cuatro años. Hasta ahora, Castro ha negado siete plenos extraordinarios solicitados por los comunistas, y los celebrados, uno cada mes con carácter ordinario, han estado llenos de incidentes. Especialmente grave fue el último, en el que, según los concejales socialistas, el alcalde recibió amenazas de muerte, y una persona del público le tiró una piedra, extremos desmentidos por los comunistas.

Denuncia del alcalde

Durante los días de mayor conflictividad, después de la elección de alcalde, Estepona se llenó de octavillas y panfletos. Uno de ellos, encabezado por la frase "Bando del grupo de concejales comunistas", sin firma ni pie de imprenta, sirvió a Castro para presentar una denuncia en el juzgado de instrucción de la localidad.El contenido del panfleto, cuya autoría ha sido negada por los comunistas, acusaba al alcalde de dictar un bando "propio de las dictaduras militares suramericanas", con expresiones como "Castro, has perdido el sentido de la democracia y el respeto a la voluntad popular". El juez consideró que tales acusaciones pueden constituir un delito de desacato y, el pasado día 7, dictó un auto de procesamiento contra los 10 concejales comunistas, para los que decreta la libertad provisional sin fianza.

La tensión se incrementó sobremanera el pasado lunes cuando cinco vecinos fueron detenidos por orden del juez, acusados de un presunto delito de desacato como consecuencia de otra denuncia del alcalde. Estos vecinos ingresaron en prisión al no poder pagar la fianza para cada uno de 300.000 pesetas decretada por el juez, fianza que ayer se hizo efectiva con dinero recolectado por los comunistas entre el vecindario.

El abogado defensor de los detenidos, Pedro Apalategui, ha calificado de anormal la cuantía de la fianza, "dado el tipo de supuesto que se les imputa, el que no tengan antecedentes penales y la situación económica de los detenidos. Existe, además, un trato discriminatorio en relación con el procesamiento, por el mismo supuesto, de los 10 concejales comunistas, para los que el mismo juez decreta la libertad sin fianza". Apalategui resalta, "como especialmente grave", el que los vecinos detenidos declararan ante el juez sin poder hacer uso del derecho constitucional de asistencia de un letrado.

Sobre el auto de procesamiento contra los concejales, de los que también es abogado defensor, Apalategui ha manifestado que "las frases que se recogen en el panfleto, cuya autoría han negado, se pueden decir en cualquier discusión política. Considerar eso delictivo es considerar delictivo el derecho a la libertad de expresión". Tanto en el caso de los concejales como en el de los vecinos, Apalategui ha presentado los correspondientes recursos. La pena prevista por el presunto delito que se les imputa a unos y otros oscila entre un mes y un día hasta seis años de prisión.

El alcalde, Miguel Castro, asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que de ninguna manera abandonará la alcaldía. "Ni siquiera llegaré a un pacto con los comunistas. El ayuntamiento", ha manifestado a este periódico, "va a seguir así durante los próximos cuatro años. Sé que esta situación no beneficia a nadie, pero, ¿de qué forma se puede evitar que un grupo de personas te insulte constantemente? Ante el insulto no cedo ni un milímetro".

Mientras tanto, comunistas y socialistas han mantenido contactos a nivel regional, en un intento de dialogar y evitar que el ambiente de crispación pueda generar violencia. Cómo encontrar una solución es lo que está por decidir.