El MOPU expropiará las viviendas oficiales vendidas ilegalmente por sus beneficiarios

La Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo ha recibido luz verde de la secretaría general técnica del ministerio y de la dirección del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (IPPV), para recuperar por la vía de la expropiación forzosa aquellas viviendas de promoción pública que fueron vendidas ilegalmente por sus adjudicatarios. 34 propietarios de pisos tienen ya abiertos, y a punto de finalizar, otros tantos expedientes de expropiación.

Por otra parte, nueve vivienda deshabitadas han sido recuperadas por la delegación, y adjudicadas a familias de escasos recursos economicos, y otras 110 se encuentran en diferentes fases de tramitación del mismo proceso. Santiago de la Fuente, delegado regional del MOPU en Madrid declaró ayer que considera satisfactorios los primeros resultado obtenidos desde que a comienzos de año se pusieron en marcha una serie de mecanismos encaminados a atajar el negocio es peculativo en torno a las vivien das construídas y adjudicadas por la Administración.La principal medida, puesta en práctica desde el 30 de septiembre, consiste en utilizar la vía legal de la expropiación forzosa, decisión a la que se llegó después de una serie de reuniones de res ponsables de los organismos implicados, y del visto bueno del se cretario general técnico del MOPU, Eduardo Abril, y del director del IPPV, Francisco Vera

Los informes jurídicos emitidos en relación a este tema señalan que la venta entre particulares de una vivienda de promoción pública es un acto nulo de pleno derecho, puesto que la vivienda no es un bien susceptible de venta, según señala la Ley sobre incumplimiento de la función social de la propiedad de 1 de abril de 1977. Por ello, la delegación puso en marcha los expedientes de expropiacion, por la vía de urgencia, que implica que los plazos, aún siendo largos, se reducen a unos cinco meses.

Torrejón de Ardoz y Aranjuez

El vendedor del piso, por otra parte, puede ser sancionado, y de hecho los expedientes abiertos llevan aparejada una propuesta en este sentido, con multas hasta de 250.000 pesetas, según los casos. El comprador de la vivienda se queda.sin ella y sin el dinero que pagó por su adquisición. La única opción que le queda es denunciar al vendedor por la presunta estafa cometida. De la Fuente puntualizó que, en los casos de familias realmente necesitadas, la delegación puede optar por legalizar su situación, y adjudicarles el piso legalmente, aunque ello conlleva la firma de un nuevo,contrato y el pago a la Administración de las cantidades estipuladas.A los primeros 34 expedientes abiertos, que corresponden sobre todo a casos detectados en los barrios madrileños de Corni sa de Orcasitas y Fuencarral hay que añadir otra treintena que están ahora en fase de redacción del pliego de cargos. A ellos ha bría que añadir los de otras cien viviendas, aproximadamente, vendidas de forma ilegalen el polígono Puerta de Madrid, en Alcalá de Henares. Dichas viviendas han sido localizadas gracias a las pesquisas realizadas por los inspectores de la delegación del MOPU, en colaboración con policías nacionales y municipales. A sus propietarios se les abrirá también expediente.

De la Fuente aseguró que la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá, la delegación provincial del MOPU y el Gobierno Civil se ha revelado muy positiva, por lo que la iniciativa de inspeccionar, una por una, todas las viviendas de construcción pública se ampliará próximamente a otros pueblos. Torrejón de Ardoz y Aranjuez figuran en la lista de prioridades.

Viviendas deshabitadas

El segundo frente de actuación de la delegación provincial de Obras Públicas es el de las viviendas adjudicadas y no habitadas por sus beneficiarios. En estas semanas, la delegación ha conseguido la recuperación de nueve de ellas, situadas en la barriada de Fontarrón, que ya han sido adjudicadas de nuevo. En cinco casos más se hán concluido los expedientes sancionadores.

La recuperación de las mismas está prevista para la próxima semana. Otro centenar de viviendas tienen los expedientes en tramitación. En los casos de viviendas no ocupadas, la recuperación es más sencilla. La legislación establece que si no son habitadas en el plazo de un mes a partir de la fecha de adjudicación, revierten automáticamente a la Administración.