Abierto un proceso contra los concejales comunistas de Estepona por desacato al alcalde

El Juzgado de Instrucción de Estepona ha dictado auto de procesamiento contra los diez concejales comunistas de la localidad por un supuesto delito de desacato con injurias y calumnias contra el alcalde, el socialista Miguel Castro. La denuncia se basa en el contenido de un panfleto del Grupo Comunista, cuya autoría han negado los miembros y la dirección provincial del partido. El panfleto, encabezado por la frase Bando del grupo de concejales comunistas, no tiene firma alguna al pie de imprenta.

El panfleto fue lanzado durante el encierro mantenido por los concejales Comunistas, el pasado mes de junio, para, protestar por la elección de Miguel Castro como alcalde, con los votos de AP y del CDS. El Grupo Comunista es mayoritario en Estepona, con 10 concejales, seguido del PSOE, con seis; AP, con dos, y CDS, con tres. El texto de la octavilla acusaba al alcalde de dictar un bando "propio de las dictaduras militares suramericanas". con expresiones como: "¿Es que acaso Castro piensa poner cadenas a un pueblo?" y "Castro, has perdido el sentido de la democracia y el respeto a la voluntad popular".Según el auto dictado, los hechos pueden constituir un delito de desacato previsto y penado en el Código Penal, por lo que se declara procesados a los concejales y les requiere una fianza total de un millón de pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias. Los concejales comunistas han presentado un recurso de reforma contra el auto y han anunciado que, de no ser aceptado, presentarán un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Antonio Murcia, el ex alcalde y número uno de la candidatura comunista, al que le faltaron 150 votos para obtener la mayoría absoluta, ha manifestado que, con esta denuncia, "Miguel Castro pretende sostener lo insostenible. Estepona es un municipio caótico: el alcalde ha vetado siete plenos extraordinarios solicitados por el Grupo Comunista, ha denunciado a más de 30 vecinos, ha aumentado ilegalmente los impuestos, contrata a afiliados a UGT. Nuestra postura es colaborar, ofrecernos para llevar a cabo una política municipal progresista".

Por su parte, los dirigentes del PCE de Málaga consideran que utilizar los tribunales por el contenido de un panfleto que se encuentra en la calle de una localidad va contra el derecho a la libertad de expresión.