¿Se debe 'compensar' a las eléctricas?
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) critica la última subida de las tarifas eléctricas que, en su opinión, supone una imposición extrafiscal, destinada a amortizar el quebranto económico que para las compañías del sector supone la paralización de algunas centrales -nucleares, Los consumidores -dice- se ven obligados a costear inversiones que fueron producto de decisiones empresariales privadas y que no se ajustaron a las previsiones de la demanda.
El último Consejo de Ministros, tras una tramitación de urgencia, auténticamente sin precedentes, aprobó una nueva subida de tarifas que el ministro del ramo, en la referencia subsiguiente, trató de explicar. Informó que se trataba, en parte, de una compensación al quebranto que algunas compañías pueden experimentar como consecuencia de la decisión, también adoptada en el Consejo, de paralizar los planes de construcción y puesta en funcionamiento de algunas de las centrales nucleares inicialmente previstas en el Plan Energético Nacional (PEN).Un 3% de las tarifas que a partir de ahora pagaremos a las eléctricas, correspondientes a algo más de la mitad de la nueva subida, irá a parar a las arcas de quienes un día, libremente, dentro del juego de economía de mercado (por la que sin duda se manifiestan, y que, por otra parte, ampara nuestra Constitución), vamos a suponer, sencillamente, se equivocaron. ¿Es justa esta extrafiscalidad (pues no puede dársele otra consideración a esta subida) destinada a beneficio de empresas privadas?
Dejemos de lado el procedimiento de la subida (sobre el que ya ha manifestado su enojo la organización que presido), que auténticamente no tiene precedentes, como se decía al principio, y que falta al compromiso, escrito, del propio ministro con quien esto escribe, que señalaba, no hace mucho, que los órganos que aseguran una cierta participación de los afectados por este tipo de subidas serían consultados con la debida antelación y el necesario detenimiento. La consulta fue de mero trámite y a trota caballo. Dejamos también ahora de lado la legalidad de la misma, a pesar de haberse guardado las correspondientes formalidades, en cuanto a que las tarifas deben ser equitativas, y en este caso hay fundamento, en virtud, precisamente, de ese destino que explicaba el ministro, para recurrirlas en alzada y en vía contencioso-administrativa, como va a hacer la OCU.
A lo que queremos referimos, en concreto, es a esa compensación, independientemente de quien la pague, aunque nos duela, claro, que el pagano sea el consumidor.
Las centrales nucleares, decisión privada
Quiero, en primer lugar, reiterar que la decisión de construir las centrales objeto ahora de la paralización gubernamental fue una decisión de carácter empresarial, e incluso anterior al Plan Energético Nacional. Éste, aprobado por las Cortes a finales de 1978, vino, únicamente, a bendecir lo que las eléctricas, por su cuenta y riesgo (debiera ser), habían decidido. A nadie se le escapa que, dígaselo que se diga, en éste, como en otros casos (y a uno de ellos, el Programa Siderúrgico Nacional y la IV Siderúrgica Integral a instalar en Sagunto, me refería en una recienteTribuna libre de este periódico), no fueron los técnicos de la Administración del Estado (en muchos casos carente de ellos), sino los de las empresas del sector, los. que elaboraron las decisiones que, con membrete ministerial, se han oficializado más tarde. Pero es que, además, los planes oficiales no obligaban. ¿O sí? Eran indicativos, como ha sido siempre, hasta ahora, la planificación en nuestro país. ¿Indujeron a error? Difícilmente en el caso que estamos considerando, si las inversiones fueron decididas antes de que se aprobara el PEN. Además, ¿de verdad que los expertos se creían las cifras recogidas como previsiones?
La OCU y el PEN en 1978
La OCU, en 1978, antes de aprobarse el PEN, con los escasísimos recursos disponibles al respecto, limitados prácticamente a un gabinete de estudios unipersonal, dijo rotundamente en abril y reiteró, antes del debate en el Congreso, en noviembre, así como en el curso de unas Jornadas sobre Energía por ella organizadas, en Barcelona, que las previsiones de consumo energético eran erróneas y estaban sobrevaloradas. Que el procedimiento utilizado para realizar la previsión era inadecuado, ya que no podía extrapolarse una situación como la de los años sesenta y primera mitad de los setenta, no sólo en cuanto a crecimiento del PIB, sino en cuanto a elasticidad de la demanda de energía con respecto a aquél.
El modelo elegido, decíamos, era el de la electrificación. Se olvidaba, añadíamos, que era posible efectuar importantes ahorros evitando derroches energéticos, y que no era preciso, frente a la crisis energética plantearse cómo producir más por otros procedimientos, sino cómo conseguir un mejor aprovechamiento energético. La energía nuclear no era, a nuestro juicio, desde luego, la solución. Hay otras fuentes alternativas, a las que se prestaba escasísima atención. Pensábamos, en resumen, que el PEN pretendía justificar unas decisiones de nuclearización ya tomadas, probablemente en función de intereses distintos a los de asegurar el abastecimiento energético o de evitar que tuviéramos que volver al candil, como nos amenazaban entonces algunos empresarios del sector.
E, insisto, lo dijo la OCU (y lo recogió la Prensa y un informe que recibieron todos los diputados del Congreso), sin contar para ello con un plantel de expertos en la materia. ¿Las eléctricas se dejaron engañar por el PEN? ¿O fueron ellas las que impulsaron la aprobación de un PEN en el que en el fondo no creían, pero les interesaba, como interesó la construcción de autopistas a concesionarios que sabían que el tráfico no las haría nunca rentables, pero que eran un buen negocio financiero "con la garantía del Estado".
El doble baremo de 'economía de mercado'.
No creo, insisto, en que las eléctricas, con buenos expertos a su servicio, fueran sorprendidas, en su deseo de servir al país, por el Gobierno y las Cortes. Si se equivocaron, se equivocaron ellas. Aunque, más bien, pienso que en realidad no hubo tal equivocación, y lo interesante era construir, teniendo en cuenta las relaciones existentes en nuestro país entre empresas de uno y otros sectores, vía grupos bancarios. Lemóniz, probablemente, no habrá sido rentable a Iberduero hasta la fecha. Pero ¿y a los que la construyeron? ¿Y a los que la financiaron? Y ello es sólo un ejemplo.
Que conste, no obstante, que, a mi juicio, es legítimo que los empresarios pretendan obtener beneficios. Que quienes buscaban la concesión de una autopista, para beneficiarse de los correspondientes créditos exteriores con garantía del Estado, al margen de la viabilidad de la misma, estaban en su derecho en hacerlo. Y, lógicamente, los de las centrales nucleares también.
Lo que podemos criticar los ciudadanos es que la acción del Estado, concertada o no, mirase más hacia aquellos beneficios que hacia los auténticos intereses del desarrollo de nuestro país. Pero, insisto, es lícita la búsqueda de beneficios dentro de un sistema de economía de mercado, incluso aprovechando cuantos recursos legales puedan existir. Pero, en caso de equivocación empresarial, ¿hay que enjugar las pérdidas? Seamos serios. A eso, desde luego, no debiera jugarse. Economía de mercado y libre decisión empresarial, de acuerdo, pero socialización de pérdidas o garantía de beneficios, por favor, no.
Justificar las compensacionesNo entendemos, desde luego, el significado de la paralización gubernamental del programa nuclear. Si, como pensamos, y pensábamos ya hace más de cinco años, las centrales programadas no son necesarias para el abastecimiento energético, quienes no debieron decidir invertir ni seguir invirtiendo en ellas son los empresarios, privados, del sector eléctrico. Si las tarifas eléctricas, sometidas a control de precios, en virtud de que se trata de un monopolio natural y no por otra razón, se calculasen siempre en virtud de los costes de prestación del servicio y no (como pretende con frecuencia el sector y, en parte, consigue del Gobierno de turno) en virtud de sus costes glóbales (lo que equivaldría, por ejemplo, a que si alguien amplía su negocio sin necesitarlo habría que garantizarle la cobertura de los costes que supondría su capacidad ociosa), no me cabe la menor duda de que las eléctricas no pretenderían seguir ampliando su potencia instalada por encima de las necesidades de la demanda. Por consiguiente, ¿por qué paralizar lo que se paralizaría por sí mismo si hubiera una política tarifaria adecuada?
O es que en realidad, como denunció en su día EL PAÍS en un editorial, hubo un pacto del capó tras la decisión de nacionalizar la red de alta, acogida con tanta deportividad por los mismos que en 1978 provocaron la primera crisis ministerial del Gobierno de Suárez, ante la eventualidad de una decisión semejante?
¿Es acaso la paralización oficial la cobertura de esa compensación pactada? Cobertura, como el PEN, de un doble baremo de economía libre de mercado para asegurar beneficios y garantizar pérdidas.
Lo de menos, al final, es cómo se paga esa compensación. Quienes la pagan son siempre los mismos. Sea con impuestos, mayor déficit del sector público o... directamente, vía tarifas. Somos paganos todos y cada uno de los ciudadanos-consumidores. ¡Y no es justo!
es presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
